Carlos Ríos denunciará presunta instrumentalización de 48 mujeres durante el gobierno Petro
Carlos Andrés Ríos hizo el anuncio ante el Senado y afirmó que los casos estarían relacionados con contratos de prestación de servicios, aunque aún no se conocen las identidades ni los detalles completos.
El director del Dapre anunció que acudirá a la Fiscalía para poner en conocimiento hechos relacionados con contratos de prestación de servicios en la Presidencia. Las afirmaciones fueron presentadas ante el Senado y, hasta el momento del anuncio, no se habían divulgado los nombres de las mujeres ni los detalles completos de las denuncias.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, anunció que presentará acciones judiciales para que se investigue la presunta instrumentalización de 48 mujeres que estuvieron vinculadas a esa entidad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
La declaración se produjo el miércoles 21 de octubre de 2026, durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado, en la que el funcionario cuestionó el funcionamiento de la Casa de Nariño durante la administración anterior y aseguró que varias mujeres estarían dispuestas a aportar información sobre lo ocurrido.
Según Ríos, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con contratos de prestación de servicios, conocidos como órdenes de prestación de servicios (OPS), mediante los cuales las mujeres habrían estado vinculadas a la entidad. El funcionario sostuvo que acudirá personalmente ante las autoridades para poner los hechos en conocimiento de la justicia.
Una denuncia que apunta a contratos de prestación de servicios
Durante su intervención, Ríos afirmó que las 48 mujeres habrían sido utilizadas mediante contratos estatales para propósitos distintos de las funciones institucionales. También cuestionó la manera en que, según su versión, se habría organizado parte de la actividad dentro de la Presidencia.
El director del Dapre señaló que algunas de las mujeres estarían conversando con el actual Gobierno para entregar sus testimonios. Sin embargo, no presentó públicamente sus identidades ni expuso de manera detallada los hechos particulares que atribuye a cada caso.
Por esa razón, las afirmaciones deben entenderse como denuncias anunciadas por el funcionario y no como hechos judicialmente establecidos. La presentación de una denuncia ante la Fiscalía permitiría que las autoridades examinen los testimonios, revisen los documentos contractuales y determinen si existen elementos que ameriten una investigación formal.
La información conocida hasta ahora tampoco permite establecer si las 48 situaciones corresponden a hechos similares o si cada una involucra circunstancias diferentes.
El anuncio se produjo durante un debate en el Senado
La intervención de Ríos tuvo lugar en la Comisión Segunda del Senado, donde respondió a cuestionamientos de congresistas sobre distintos asuntos relacionados con la gestión gubernamental y los compromisos del Estado.
Durante el intercambio, el funcionario dirigió sus críticas a integrantes del Pacto Histórico y sostuvo que el Gobierno anterior habría dejado dificultades administrativas que, según afirmó, afectan la gestión de la actual administración.
El director también manifestó que su deber como servidor público es informar a la ciudadanía sobre las situaciones que, a juicio del Ejecutivo, deben ser revisadas. En ese contexto, anunció que presentaría las denuncias en los próximos días.
La contratación del Dapre, bajo revisión
El anuncio se suma a los cuestionamientos que Ríos había formulado previamente sobre la contratación del Dapre durante el gobierno Petro.
En septiembre de 2026, el funcionario aseguró que los contratos de prestación de servicios de la entidad habían aumentado un 595 % durante los cuatro años de la administración anterior. También indicó que el Gobierno adelantaría una revisión individual de los contratos y que había ordenado reducir las nuevas vinculaciones. Estas cifras corresponden a declaraciones del director y deben contrastarse con los registros oficiales de contratación para establecer su alcance.
La revisión contractual y las nuevas denuncias son asuntos relacionados, pero no equivalentes: un aumento en el número o valor de los contratos no demuestra, por sí solo, que hayan existido conductas ilegales. Para determinar posibles responsabilidades se requiere examinar las condiciones de cada vinculación, las funciones pactadas, los servicios efectivamente prestados y las pruebas que puedan aportar las partes.
¿Qué sigue en el proceso?
El paso anunciado por Ríos será llevar los hechos ante las autoridades judiciales. Una vez presentada la denuncia, corresponderá a la Fiscalía evaluar la información recibida y determinar si procede adelantar actuaciones investigativas.
Entre los elementos que podrían resultar relevantes están los contratos de prestación de servicios, los informes de actividades, las comunicaciones relacionadas con las vinculaciones y los testimonios de las personas involucradas. La revisión de ese material permitiría establecer si existieron irregularidades contractuales o posibles conductas de otra naturaleza.
Por ahora, no se conocen públicamente los nombres de las 48 mujeres ni un expediente completo que permita verificar de manera independiente las afirmaciones del funcionario. Tampoco se ha establecido judicialmente la responsabilidad del expresidente Gustavo Petro en los hechos señalados por Ríos.
El caso abre un nuevo frente de controversia sobre la gestión de la Presidencia durante el gobierno anterior. Su desarrollo dependerá de la documentación que se presente, de los testimonios que se reciban y de las conclusiones a las que lleguen las autoridades competentes.