De la Espriella ordena investigar denuncias contra Verónica Alcocer
La investigación revisará vuelos del CATAM y la posible responsabilidad de personal militar, mientras las autoridades deben verificar los señalamientos de una exasesora.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó investigar las denuncias que involucran a la ex primera dama Verónica Alcocer en presuntas actividades de narcotráfico y transporte de dinero mediante aeronaves oficiales. La decisión se conoció el 10 de octubre, después de que la revista Semana publicara una entrevista con Eva Ferrer, antigua asesora de Alcocer y exconsejera del Gobierno de Gustavo Petro.
Según informó la agencia EFE el 11 de octubre, el mandatario solicitó al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos denunciados y determinar si hubo responsabilidades dentro de la institución.
La orden incluye la participación de la Inspección General y de los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aeroespacial, con el propósito de examinar la actuación del personal actual y anterior relacionado con los vuelos del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en Bogotá.
De la Espriella también pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades estadounidenses tengan en cuenta la información divulgada y actúen dentro de sus competencias. La solicitud presidencial no equivale a una conclusión judicial sobre la veracidad de las acusaciones.
¿Qué afirmó la antigua asesora?
En la entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por Semana el 10 de octubre, Ferrer aseguró que Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 en una aeronave oficial y regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares.
La exasesora sostuvo que el empresario catalán Manel Grau le habría hablado de la presencia de drogas en esos desplazamientos. También formuló señalamientos sobre presuntos vínculos de personas del entorno de Alcocer con el tráfico de armas.
Es importante distinguir los elementos del relato: parte de las afirmaciones atribuidas a Ferrer se basa, según ella misma explicó, en información que habría recibido de terceros. Por tanto, no todo lo relatado corresponde a hechos que la entrevistada afirma haber presenciado directamente.
Hasta la publicación de esta noticia, las declaraciones citadas por los medios no permiten concluir que Alcocer haya transportado drogas o cometido un delito. La determinación de los hechos exige pruebas verificables, contrastación de testimonios y actuaciones de las autoridades competentes.
Los registros de vuelos, otra línea de verificación
En una publicación complementaria, Semana informó que tuvo acceso a bitácoras correspondientes a 149 vuelos atribuidos a Alcocer durante el Gobierno de Petro. Según el medio, la mayoría se habría realizado en aeronaves estatales y en los registros aparecen diferentes pasajeros, entre ellos Manel Grau.
La existencia de registros de vuelos puede ayudar a reconstruir itinerarios, identificar pasajeros y establecer fechas, pero no demuestra por sí misma que se hayan transportado sustancias ilícitas o dinero de origen ilegal. Para establecerlo sería necesario contrastar las bitácoras con los planes de vuelo, los manifiestos de pasajeros, los registros de seguridad y cualquier otra evidencia pertinente.
La revisión también plantea preguntas sobre los criterios utilizados para autorizar vuelos oficiales, la finalidad de los desplazamientos, la identificación de los pasajeros y los mecanismos de control de las aeronaves estatales. Estas cuestiones administrativas pueden examinarse independientemente de que las acusaciones penales lleguen o no a comprobarse.
El alcance de la investigación institucional
La investigación ordenada por el presidente busca establecer si algún integrante de la Fuerza Aeroespacial tuvo conocimiento de irregularidades o participó en hechos ilícitos. De la Espriella advirtió que, si se comprueba la implicación de personal militar, deberán aplicarse las medidas correspondientes y ponerse los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
Sin embargo, la investigación anunciada tiene un alcance que debe precisarse. La revisión interna de los procedimientos y la conducta del personal militar no sustituye las competencias de la Fiscalía para investigar posibles delitos ni las de los jueces para determinar responsabilidades penales.
La participación de la Procuraduría, la Corte Suprema o autoridades extranjeras dependerá de la naturaleza de los hechos, de las personas involucradas y de las competencias legales aplicables. La petición del presidente no significa que todas esas entidades hayan abierto formalmente procesos.
Repercusiones políticas y necesidad de pruebas
Las acusaciones han generado reacciones en el escenario político. Semana informó que congresistas y otras figuras públicas solicitaron investigaciones tras la entrevista de Ferrer. El caso también ha reactivado el debate sobre el uso de recursos públicos durante la administración anterior y los mecanismos de supervisión de los viajes oficiales.
Por su notoriedad pública, Alcocer ocupa un lugar relevante en la discusión, pero ese hecho no reduce su derecho al debido proceso ni permite tratar las acusaciones como conclusiones probadas. La cobertura periodística debe mantener clara la diferencia entre una denuncia, una investigación en curso y una decisión judicial.
También es necesario ofrecer espacio para la respuesta de las personas señaladas y actualizar la información si aparecen documentos, pronunciamientos oficiales o decisiones judiciales que modifiquen el estado del caso.
Lo que falta por esclarecer
La información divulgada abre varias preguntas: si los vuelos señalados se realizaron en las fechas indicadas; quiénes viajaron en ellos; qué controles se aplicaron al equipaje y a la carga; si existen registros que respalden el supuesto traslado de dinero; y si alguna autoridad encontró evidencia de actividades ilícitas.
Por ahora, el hecho confirmado por los reportes consultados es la orden presidencial de investigar y la existencia de acusaciones públicas formuladas por Ferrer. La veracidad de los señalamientos y la eventual responsabilidad de las personas mencionadas deberán establecerse mediante procedimientos legales.
El desarrollo del caso dependerá de los resultados de las verificaciones institucionales y de las pruebas que puedan ser incorporadas a eventuales actuaciones judiciales. Hasta entonces, los señalamientos deben presentarse como acusaciones pendientes de comprobación.