Fiscalía revela alcance de las suspensiones de captura de la Paz Total
La medida fue temporal y no está vigente para ninguna persona, según la respuesta de la entidad a un derecho de petición del representante Simón Molina.
Una respuesta oficial de la Fiscalía General de la Nación volvió a poner bajo la lupa uno de los aspectos más controvertidos de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la información entregada por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía en respuesta a un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara Simón Molina, un total de 205 personas tuvieron suspendidas temporalmente sus órdenes de captura durante el desarrollo de procesos de diálogo, negociación o acercamiento con diferentes organizaciones armadas.
La cifra corresponde al periodo comprendido entre agosto de 2022 y febrero de 2026 y reúne personas designadas como representantes o voceros de organizaciones que participaban en los diferentes procesos impulsados por el Gobierno anterior.
¿Quiénes estuvieron cobijados por la medida?
Según la información conocida a partir de la respuesta de la Fiscalía, entre las personas beneficiadas estuvieron integrantes de diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales.
El grupo incluía miembros de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia, Comuneros del Sur, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo y otras estructuras de crimen organizado con presencia principalmente en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó.
La suspensión de las órdenes de captura tenía como propósito permitir que los representantes designados pudieran participar en los espacios de diálogo y desarrollar las actividades relacionadas con los procesos de negociación.
No se trataba, por tanto, de una eliminación definitiva de las órdenes judiciales. La medida era temporal y estaba vinculada a las condiciones de los procesos de paz o acercamiento.
Actualmente no hay suspensiones vigentes
Uno de los datos más relevantes de la respuesta de la Fiscalía es que actualmente no existe ninguna persona con una suspensión temporal de orden de captura vigente derivada de esas designaciones.
La Fiscalía explicó que los beneficios fueron terminados después de que el Gobierno de Abelardo De la Espriella pusiera fin a diferentes espacios de diálogo y revocara las designaciones de personas que habían sido reconocidas como miembros representantes dentro de esos procesos.
La entidad también señaló que, en determinados casos, las suspensiones fueron revocadas cuando se estableció que ya no se cumplían los requisitos legales que permitían mantenerlas.
Esto significa que la cifra de 205 corresponde al total de personas que tuvieron este beneficio durante el periodo analizado, y no a 205 órdenes que permanezcan actualmente suspendidas.
La medida fue uno de los puntos más cuestionados de la Paz Total
La suspensión temporal de órdenes de captura fue uno de los mecanismos utilizados por el Gobierno Petro para facilitar la participación de representantes de organizaciones armadas en las conversaciones.
La figura está contemplada dentro del marco jurídico de la política de paz y permite que, bajo determinadas condiciones, el Ejecutivo solicite la suspensión de medidas judiciales para facilitar procesos de negociación.
Sin embargo, la medida generó fuertes cuestionamientos de sectores de oposición, autoridades locales y organizaciones de víctimas.
Los críticos argumentaron que permitir que personas requeridas por la justicia participaran en negociaciones podía generar riesgos para la seguridad y producir incentivos para que estructuras criminales utilizaran los procesos de paz para obtener beneficios judiciales.
El Gobierno Petro defendió la figura como una herramienta necesaria para permitir la negociación con organizaciones armadas.
‼️#ATENCIÓN | GRAVÍSIMO: @petrogustavo le SUSPENDIÓ la orden de captura a 205 personas de grupos armados y de estructuras de CRIMEN DE ALTO IMPACTO.
— Simón Molina ♻️ (@simonmolinag) October 6, 2026
Me lo confirmó la FISCALÍA, por escrito, en respuesta a un derecho de petición que yo mismo radiqué.
205 “Gestores de paz”… pic.twitter.com/HDUeKwzN4q
La oposición vuelve a cuestionar la política de Petro
La revelación de la Fiscalía fue divulgada públicamente por el representante Simón Molina, quien utilizó la cifra para cuestionar nuevamente la política de Paz Total.
Molina sostuvo que el dato demuestra el alcance de los beneficios concedidos durante el Gobierno anterior y afirmó que la administración de De la Espriella está desmontando esa política.
Sus declaraciones hacen parte de una discusión política más amplia sobre el balance de los procesos de paz y negociación impulsados durante el mandato de Petro.
Es importante diferenciar, sin embargo, entre el dato confirmado por la Fiscalía y la interpretación política que hacen sus críticos: la Fiscalía confirma las suspensiones; calificarlas como beneficios indebidos o como un fracaso de la Paz Total corresponde a una valoración política.
El nuevo Gobierno cambió la estrategia
Desde su llegada al poder, el Gobierno de De la Espriella ha adoptado una posición más restrictiva frente a las negociaciones con organizaciones armadas.
Varias mesas fueron terminadas o modificadas y se revocaron designaciones de representantes que habían permitido mantener suspendidas determinadas órdenes de captura.
La Fiscalía ha ido reactivando las órdenes asociadas a personas que dejaron de cumplir las condiciones bajo las cuales habían obtenido la suspensión.
En septiembre, por ejemplo, fueron reactivadas órdenes de captura contra integrantes de diferentes estructuras cuyos procesos de diálogo habían terminado.
El debate ahora es qué ocurrió con los beneficiarios
La cifra de 205 abre además una pregunta diferente: qué ocurrió con cada una de las personas que tuvieron suspendidas sus órdenes de captura.
La situación jurídica no es idéntica para todos los casos. Algunas órdenes fueron reactivadas después de terminar los procesos de diálogo, mientras otras personas enfrentan investigaciones o decisiones judiciales diferentes.
Por eso, la cifra no significa que las 205 personas hayan quedado automáticamente libres de responsabilidad penal ni que todas hayan cometido nuevos delitos durante el periodo de suspensión.
El dato permite establecer el alcance que tuvo el mecanismo dentro de la política de Paz Total, pero la situación individual de cada persona debe analizarse por separado.
El fin de las suspensiones marca otro capítulo de la Paz Total
La confirmación de la Fiscalía muestra un cambio significativo entre las dos administraciones.
Mientras el Gobierno de Petro utilizó la suspensión temporal de órdenes de captura como una herramienta para facilitar conversaciones con diferentes organizaciones, el Gobierno de De la Espriella ha optado por terminar varios de esos procesos y reactivar las actuaciones judiciales correspondientes.
La discusión sobre la Paz Total, sin embargo, está lejos de terminar.
El Gobierno actual deberá demostrar si su estrategia de mayor presión militar y judicial logra reducir la capacidad de las organizaciones armadas, mientras sectores que defendieron las negociaciones continúan cuestionando los resultados de la nueva política de seguridad.
La cifra de 205 personas que tuvieron suspendidas sus órdenes de captura se convierte así en uno de los nuevos elementos del debate sobre el legado de la Paz Total y sobre el rumbo que tomará la política de seguridad del país.