Diez años después del plebiscito, el rechazo al Acuerdo de Paz gana terreno en la opinión pública
El triunfo del No en 2016 dio paso a la renegociación del acuerdo, mientras persisten los debates sobre su implementación, la justicia transicional y la seguridad regional.
Una votación estrecha que marcó el rumbo del acuerdo
El 2 de octubre de 2016, los colombianos acudieron a las urnas para decidir si respaldaban el Acuerdo Final de Paz negociado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC. El resultado favoreció al No por un margen inferior a un punto porcentual, en una jornada con una participación electoral reducida.
La derrota del Sí abrió una etapa de renegociación. Después de incorporar modificaciones al texto, el acuerdo fue refrendado por el Congreso en noviembre de ese año, en lugar de someter la nueva versión a otra votación popular. La decisión permitió avanzar hacia la implementación, pero dejó abierto el debate sobre la legitimidad política del pacto y sobre las condiciones exigidas para terminar el conflicto.
La estrechez del resultado y la abstención fueron dos elementos centrales de aquella jornada. Por eso, el triunfo del No no puede interpretarse como una expresión unánime de rechazo al acuerdo por parte de la sociedad colombiana.
Diez años después, el apoyo ciudadano ha disminuido
En un artículo publicado este 2 de octubre, El País retoma resultados del Observatorio de la Democracia para examinar cómo ha cambiado la percepción ciudadana. Según el estudio citado, el respaldo al Acuerdo de Paz descendió 9,2 puntos porcentuales entre 2021 y 2025, hasta situarse en el 36,5 %, el nivel más bajo de la serie analizada.
La percepción sobre los avances en materia de acceso a la tierra también refleja dificultades. De acuerdo con los datos presentados por el medio, en 2018 el 61,3 % de los encuestados consideraba que el acceso de los campesinos a la tierra había mejorado; en la medición más reciente citada, la proporción fue del 34 %.
Estas cifras describen una evolución de la opinión pública, pero no constituyen por sí solas una evaluación completa del cumplimiento del acuerdo. Para establecer el avance de sus compromisos es necesario revisar, además, indicadores de implementación, resultados territoriales y condiciones de seguridad.
La justicia transicional sigue en el centro del debate
Uno de los puntos más discutidos del acuerdo es el modelo de justicia transicional, que incluye a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta institución investiga y juzga conductas relacionadas con el conflicto armado dentro de las competencias definidas por el acuerdo y el marco jurídico correspondiente.
Las críticas a su funcionamiento se han concentrado, entre otros asuntos, en los tiempos de los procesos, el alcance de las sanciones y las expectativas de las víctimas sobre verdad, justicia y reparación. Al mismo tiempo, sus defensores destacan la posibilidad de esclarecer hechos del conflicto y establecer responsabilidades que durante años permanecieron sin una respuesta judicial integral.
La discusión no se limita a respaldar o rechazar una institución. También plantea preguntas sobre cómo equilibrar la rendición de cuentas, los derechos de las víctimas, la reincorporación de antiguos combatientes y las garantías para evitar la repetición de la violencia.
El desgaste de la política de paz también influye
El balance de la década está atravesado por el desarrollo desigual de los compromisos del acuerdo y por la situación de seguridad en distintas regiones. En su análisis, El País recoge la interpretación de expertos que relacionan el descenso del apoyo ciudadano con la frustración frente a la implementación y con el desgaste de la política de "Paz Total" impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La estrategia buscó desarrollar negociaciones y acercamientos con distintos grupos armados. Sin embargo, sus resultados y sus efectos sobre la seguridad han sido objeto de controversia. El desencanto con esas iniciativas puede influir en la percepción general de los procesos de paz, aunque el acuerdo firmado con las FARC en 2016 y las negociaciones posteriores corresponden a procesos distintos.
Esa distinción es importante: las dificultades de una política posterior no demuestran, por sí solas, que todos los compromisos del acuerdo de 2016 hayan fracasado.
Una década de avances, incumplimientos y desacuerdos
El balance del acuerdo combina compromisos que continúan vigentes con otros cuya implementación ha enfrentado retrasos o dificultades. Entre sus componentes se encuentran la reforma rural, la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad, la participación política y las medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Las curules de paz, creadas para dar representación política a víctimas de zonas especialmente afectadas por el conflicto, son uno de los mecanismos que permanecen en funcionamiento. En contraste, los problemas de seguridad, las amenazas contra líderes sociales y firmantes de paz, y las demoras en compromisos territoriales continúan formando parte de los desafíos señalados alrededor de la implementación.
La persistencia de estos problemas ayuda a explicar por qué la discusión sobre el acuerdo sigue abierta diez años después de la votación.
El aniversario reabre una pregunta de fondo
Una década después, el plebiscito sigue siendo una referencia para entender la polarización política colombiana. El descenso del respaldo al acuerdo, documentado en las encuestas citadas, muestra que su aceptación social no se consolidó de manera uniforme durante estos años.
Sin embargo, la opinión pública, el cumplimiento de los compromisos y los resultados en materia de violencia son dimensiones distintas y deben examinarse por separado. El aniversario ofrece una oportunidad para contrastar las expectativas de 2016 con los resultados alcanzados, identificar los compromisos pendientes y evaluar qué medidas son necesarias para proteger a las víctimas y reducir el riesgo de nuevas violencias.
La pregunta que permanece no es únicamente quién ganó el plebiscito, sino qué resultados ha producido el acuerdo y qué falta para cumplir sus objetivos.