Nueve años después, el Estado colombiano aún no sabe cuántos niños wayuu debe proteger en La Guajira
El alto tribunal ordenó medidas cautelares urgentes y convocó a 25 entidades a una sesión técnica para revisar los avances y el Plan Estructural de Acción.
Nueve años después de que la Corte Constitucional declarara el estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez wayuu en La Guajira, la situación que dio origen a esa decisión aún no está completamente superada.
El origen: altas cifras de muertes por desnutrición en 2017
En 2017, ante las altas cifras de muertes de niños y niñas wayuu en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia por desnutrición y causas asociadas, el alto tribunal dictó la Sentencia T-302 de 2017, en la que declaró el estado de cosas inconstitucional frente al goce efectivo de los derechos a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación de los menores de esas comunidades.
La inspección judicial de agosto
En Waimpiralein, una comunidad del corregimiento de Jojoncito, en Uribia, las noticias que una comisión de la Corte Constitucional recogió entre el 26 y el 28 de agosto hablaban de una espera de años: tener agua potable, comida y atención médica para sus niños. El alto tribunal fue hasta las comunidades para comprobar si las soluciones que aparecen en los informes oficiales realmente funcionan, y encontró niños sin seguimiento médico, fuentes de agua insalubres, y una pregunta que el Estado todavía no puede responder: a cuántos menores wayuu debe proteger exactamente.
Medidas cautelares urgentes, sin reemplazar la solución estructural
Como respuesta inmediata a estos hallazgos, la Corte Constitucional adoptó, el 23 de septiembre, medidas cautelares urgentes para proteger la salud y la vida digna de las niñas, niños y adolescentes wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Salud, a través del Comité Técnico de Salud del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Política Pública (MESEPP), realizar en un plazo de tres meses una caracterización intercultural de la situación de salud mental de la niñez wayuu en esos cuatro municipios, con la concurrencia de la Secretaría de Salud departamental, el ICBF y la Alcaldía de Maicao. La Corte aclaró que estas medidas buscan atender de manera inmediata los riesgos encontrados en terreno, sin reemplazar las soluciones estructurales que todavía deben implementarse para superar el estado de cosas inconstitucional.
Fallas persistentes en la selección de beneficiarios y contratistas
La Corte verificó que, nueve años después del fallo original, persisten fallas en los criterios de transparencia e imparcialidad para seleccionar tanto a los beneficiarios de los programas sociales como a los contratistas estatales encargados de ejecutarlos, un problema estructural que, según el propio tribunal, ha dificultado que las soluciones diseñadas lleguen efectivamente a las comunidades.
Un Plan Estructural de Acción que sigue sin materializarse
Desde 2023, la Corte Constitucional también había ordenado la creación de un Plan Estructural de Acción (PEA), un instrumento escrito y público, con enfoque diferencial, pensado para unificar todos los compromisos institucionales con la niñez wayuu. Pese a esa orden, el alto tribunal reconoció que, hasta el momento, ese plan "no se ha materializado de forma definitiva".
Una sesión técnica con 25 entidades, el 13 de octubre en Riohacha
Ante este panorama, la Corte Constitucional convocó a 25 entidades estatales a una sesión técnica presencial que se realizará el próximo martes 13 de octubre en Riohacha. Durante ese encuentro, los magistrados exigirán explicaciones sobre los criterios de selección de contratistas y beneficiarios, y evaluarán el estado del Plan Estructural de Acción. La Consejería Presidencial para las Regiones, la Veeduría Ciudadana y la Procuraduría deberán presentar las propuestas existentes, mientras el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y representantes del propio pueblo wayuu intervendrán sobre la legitimidad y el diálogo que debe sostenerse con las comunidades afectadas.
Una barrera que persiste: el diálogo intercultural
Entre los factores que han dificultado una solución definitiva, distintos análisis han señalado la barrera cultural y de comunicación que persiste entre las instituciones del Estado y las comunidades wayuu, una dificultad que la propia Corte ha buscado atender mediante la participación directa de líderes comunitarios dentro de este proceso de seguimiento judicial.
Con esta nueva sesión ya programada para el 13 de octubre, la Corte Constitucional buscará establecer, con mayor precisión que en ocasiones anteriores, qué avances concretos ha logrado el Estado colombiano en materia de agua potable, salud y alimentación para la niñez wayuu, en un caso que, nueve años después de la sentencia original, continúa evidenciando la distancia entre lo ordenado judicialmente y lo efectivamente implementado en el territorio.