JEP señala a 18 exmilitares y expolicías por crímenes de guerra y violencia sexual
La investigación documenta 565 casos de violencia basada en género y analiza responsabilidades directas, alianzas con paramilitares y omisiones de mando en varias regiones del país.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 18 antiguos integrantes de la Fuerza Pública, entre ellos 16 miembros retirados del Ejército Nacional y dos de la Policía, por su presunta responsabilidad en violencias basadas en género contra la población civil durante el conflicto armado colombiano. La decisión, anunciada el 17 de noviembre de 2026, identifica hechos cometidos directamente por agentes estatales y otros en coordinación, colaboración o tolerancia con estructuras paramilitares.
La determinación fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco de una investigación conjunta del Subcaso 2 del Macrocaso 11, relacionado con violencias basadas en género, sexuales y reproductivas, y el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
La investigación comprende hechos ocurridos entre 1978 y 2016 en diferentes regiones del país. Según la JEP, el universo provisional documentado reúne 565 casos de violencias basadas en género contra civiles. La entidad informó que 738 víctimas están acreditadas en el Subcaso 2 del Macrocaso 11 y advirtió que persiste un importante subregistro, por lo que los hechos identificados no representan necesariamente la totalidad de las agresiones cometidas durante el conflicto.
Dos patrones de violencia identificados por la JEP
Uno de los principales hallazgos de la investigación es la identificación de dos patrones de macrocriminalidad que permiten comprender cómo estas violencias fueron utilizadas en distintos escenarios del conflicto.
El primero corresponde a ataques contra comunidades señaladas de tener vínculos con organizaciones insurgentes. La Sala encontró que integrantes de la Fuerza Pública participaron directamente o establecieron alianzas con grupos paramilitares para realizar incursiones y operaciones contra población civil. En esos contextos se registraron asesinatos, torturas, violencia sexual y otras agresiones basadas en género.
La JEP identificó que algunas mujeres fueron atacadas por ser consideradas colaboradoras de la guerrilla, por sus relaciones familiares o afectivas con personas señaladas de pertenecer a grupos insurgentes o por ejercer liderazgo comunitario. Estas agresiones también fueron utilizadas como mecanismos de intimidación, castigo, humillación y desplazamiento de comunidades.
El segundo patrón corresponde al uso de la violencia basada en género como mecanismo de apropiación, castigo y disciplinamiento. Según la investigación, algunos integrantes de la Fuerza Pública aprovecharon su presencia, autoridad y capacidad de control territorial para cometer agresiones contra mujeres, niñas, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
La Sala también documentó agresiones contra personas que rechazaban pretensiones sexuales, incumplían órdenes impuestas por actores armados o desafiaban las normas de comportamiento establecidas en territorios bajo control militar o paramilitar.
Tibú, La Gabarra y otros episodios documentados
Entre los hechos examinados se encuentra la incursión paramilitar en Tibú y La Gabarra, en Norte de Santander, durante 1999. La JEP documentó que, entre mayo y diciembre de ese año, únicamente en Tibú fueron asesinadas al menos 208 personas, 158 fueron sometidas a desaparición forzada y 48 sufrieron torturas. Además, más de 50 personas fueron víctimas de violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual. La incursión también provocó el desplazamiento forzado de más de 2.000 habitantes.
La investigación señala que la alianza entre integrantes de la Fuerza Pública y las Autodefensas Unidas de Colombia no se limitó a las masacres, sino que facilitó diferentes formas de violencia contra la población civil.
Otro episodio corresponde a la incursión de Los Masetos en la provincia de Lengupá, Boyacá, entre 1991 y 1992. Allí se documentaron ataques contra campesinos, dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y personas vinculadas o simpatizantes de la Unión Patriótica. La investigación identificó torturas sexualizadas contra hombres y agresiones contra mujeres lideresas por su participación política.
En Arauca, la JEP examinó la masacre de La Cabuya, ocurrida en Tame en 1998, donde se identificaron asesinatos y hechos de violencia sexual y reproductiva. También analizó los crímenes cometidos en Tame en 2010 contra dos niños y una niña, quienes fueron víctimas de violencia sexual y asesinato por parte del entonces integrante del Ejército Raúl Muñoz Linares.
En este último caso, la justicia ordinaria ya había condenado al responsable directo. La nueva decisión de la JEP busca establecer también las responsabilidades de superiores que, según la investigación, habrían omitido sus deberes de prevención, control y supervisión, pese a contar con información sobre las conductas del uniformado.
La investigación también incluyó hechos en Puerto Gaitán, Meta; Chiscas, Boyacá; La Gallera, en Puerto Asís, Putumayo; y San Juan de Arama, Meta, además de agresiones contra integrantes de organizaciones sociales y personas pertenecientes a comunidades diversas.
Responsabilidades por acción y por omisión
La imputación no se limita a quienes habrían ejecutado directamente las agresiones. La JEP también llamó a reconocer responsabilidad a antiguos mandos por omisiones relacionadas con sus obligaciones de supervisión, prevención y control de las tropas.
De acuerdo con la decisión, cuatro comparecientes fueron llamados como autores por omisión, entre ellos un brigadier general, un coronel, un mayor del Ejército y un capitán de la Policía. Otros 13 fueron llamados como coautores por su contribución a alianzas con estructuras paramilitares o a operaciones militares en las que se produjeron violencias basadas en género. Un sargento segundo del Ejército fue señalado como coautor y autor de estas conductas.
Entre los antiguos mandos mencionados por la jurisdicción se encuentra el brigadier general retirado Alberto Bayardo Bravo Silva, relacionado con los hechos de Tibú y La Gabarra. También aparecen el coronel retirado Víctor Hugo Matamoros Rodríguez, vinculado a los episodios de Tibú y Lengupá, y otros antiguos oficiales relacionados con hechos ocurridos en Arauca, Boyacá, Putumayo y Meta.
La Sala identificó, además, fallas institucionales que habrían facilitado la ocurrencia y continuidad de estas violencias. Entre ellas señaló la ausencia o insuficiencia de protocolos para prevenirlas, la falta de controles efectivos sobre las tropas y las deficiencias en la respuesta institucional frente a las denuncias.
La investigación también examinó la reproducción de un modelo de masculinidad militar basado en la dominación, la discriminación de género y la normalización de prácticas de maltrato. Según la JEP, estos factores contribuyeron a generar entornos en los que las agresiones pudieron repetirse y permanecer sin una respuesta institucional adecuada.
¿Qué sigue en el proceso?
Con esta decisión, los 18 comparecientes deberán responder si reconocen total o parcialmente los crímenes imputados o si rechazan su responsabilidad. Una vez notificados, dispondrán de 15 días hábiles para presentar su posición por escrito. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para formular observaciones y aportar elementos de prueba.
A partir de estas respuestas, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará la continuidad del procedimiento. Si existe reconocimiento de responsabilidad, el proceso podrá avanzar por la ruta dialógica de la jurisdicción. Si los comparecientes no reconocen los hechos, la Sala podrá remitir el expediente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para que evalúe la continuación por la vía adversarial.
La decisión representa un nuevo avance en el esclarecimiento de las violencias sexuales y basadas en género cometidas durante el conflicto armado colombiano. También amplía el análisis sobre la responsabilidad de agentes estatales en hechos perpetrados directamente o mediante relaciones de colaboración y tolerancia con estructuras paramilitares.
Más allá de las imputaciones individuales, el proceso busca establecer cómo las prácticas de violencia se extendieron por diferentes territorios, qué condiciones institucionales permitieron su continuidad y cuáles fueron las responsabilidades de quienes tenían el deber de prevenirlas. Para las víctimas, el avance de estas investigaciones constituye un paso en la búsqueda de verdad, reconocimiento y justicia frente a crímenes que durante décadas permanecieron ocultos o insuficientemente investigados.

