JEP sanciona a cinco exmilitares por 35 asesinatos en Antioquia
La Jurisdicción impuso penas de entre cinco años y seis meses y seis años y seis meses, junto con obligaciones de reparación para las víctimas y comunidades afectadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones restaurativas a cinco antiguos integrantes del Ejército Nacional por su responsabilidad en 35 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados falsamente como integrantes de grupos guerrilleros muertos en combate. Los hechos corresponden al caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia.
La decisión, divulgada el viernes 13 de noviembre de 2026, establece sanciones que oscilan entre cinco años, seis meses y diez días, y seis años y seis meses. Los comparecientes deberán cumplir restricciones efectivas de derechos y libertades, además de participar en actividades destinadas a reparar a las víctimas y contribuir a la transformación de los territorios afectados por la violencia.
Los cinco sancionados fueron identificados como los oficiales retirados Edie Pinzón Turcios, Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y Efraín Enrique Prada Correa, junto con los suboficiales Jaime Coral Trujillo y William Andrés Capera Vargas. La JEP determinó distintos grados de participación y responsabilidad de acuerdo con las actuaciones de cada uno dentro de las unidades militares involucradas.
La investigación se desarrolló en el marco del Caso Conjunto 03 y 04, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en el noroccidente antioqueño. Los crímenes incluyeron la muerte de campesinos señalados injustificadamente de colaborar con grupos insurgentes y de personas trasladadas bajo engaños para posteriormente ser asesinadas y presentadas como resultados operacionales.
Las sanciones y el componente restaurativo
A diferencia de las penas ordinarias de prisión, las sanciones propias de la JEP están dirigidas a quienes reconocen responsabilidad, aportan verdad plena y cumplen compromisos de reparación. Sin embargo, no representan ausencia de castigo: contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de mecanismos de seguimiento y supervisión judicial.
En este caso, las obligaciones restaurativas comprenden actividades de búsqueda de personas desaparecidas, construcción de memoria histórica, dignificación de las víctimas, desminado humanitario, mejoramiento de infraestructura rural y fortalecimiento de iniciativas productivas para las comunidades afectadas.
Los proyectos también incluyen trabajos anticipados realizados por los comparecientes antes de la sentencia, entre ellos actividades de educación sobre el riesgo de minas antipersonal, recuperación ambiental, mejoramiento de escuelas y vías, formación en género y construcción de espacios de memoria.
Uno de los resultados más significativos de los aportes de verdad fue la recuperación de 77 cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. De acuerdo con la información divulgada sobre el proceso, 18 de ellos han sido identificados y 17 entregados a sus familiares.
Un caso que evidencia la dimensión de los falsos positivos
Los hechos de Dabeiba forman parte de una de las investigaciones más relevantes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado colombiano. La práctica de presentar civiles asesinados como guerrilleros muertos en combate permitió encubrir homicidios y desapariciones mediante informes de operaciones militares que no correspondían a lo ocurrido.
La JEP ha investigado estos patrones dentro del Caso 03, que aborda asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. En el ámbito nacional, la Jurisdicción ha documentado miles de víctimas de esta práctica y ha llamado a rendir cuentas a integrantes de diferentes niveles de la estructura militar.
La sentencia del 13 de noviembre constituye un nuevo paso en el proceso de justicia transicional, cuyo desafío no termina con la imposición de las sanciones. Su cumplimiento requiere coordinación entre las autoridades, recursos suficientes y mecanismos que permitan verificar que las medidas de reparación lleguen efectivamente a las víctimas y comunidades.
Para las familias que durante años buscaron a sus seres queridos, el reconocimiento de los hechos representa un avance en el esclarecimiento de la verdad. No obstante, la reparación integral también dependerá de que las obligaciones judiciales se materialicen y de que se garanticen condiciones para evitar la repetición de estos crímenes.