Alcalde de Villa de Leyva enfrenta audiencia preparatoria por presunta corrupción
La Fiscalía presentó más de 100 elementos probatorios en el proceso por concusión y prevaricato por acción relacionado con un proyecto inmobiliario.
El proceso penal contra Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde suspendido de Villa de Leyva, Boyacá, avanzó este viernes 13 de noviembre de 2026 con la audiencia preparatoria de juicio por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción. La investigación está relacionada con una supuesta exigencia de dinero para favorecer la ampliación de una licencia de construcción de un proyecto inmobiliario en el municipio.
Según la hipótesis de la Fiscalía General de la Nación, Gamboa habría solicitado $112 millones, equivalentes al 20 % del valor de la ampliación de una licencia requerida por la empresa Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., representada por la empresaria María Victoria Solarte Daza. El proyecto se encuentra en el predio San Cayetano, ubicado en la vereda Sabana.
La investigación señala que la presunta exigencia habría sido realizada mediante mensajes de voz y conversaciones telefónicas en marzo de 2026. De acuerdo con el ente acusador, el dinero habría sido solicitado a cambio de omitir o archivar actuaciones administrativas relacionadas con posibles irregularidades ambientales y patrimoniales detectadas en la construcción.
Las actuaciones administrativas bajo investigación
Uno de los elementos centrales del expediente es la relación entre la supuesta exigencia económica y las decisiones administrativas adoptadas posteriormente frente al proyecto inmobiliario.
La Fiscalía sostiene que, después de que la empresaria se negara a acceder a las presuntas solicitudes de dinero, se expidieron actuaciones que afectaron el desarrollo de la construcción. Entre ellas figura la Resolución 025 del 11 de abril de 2026, mediante la cual la Inspección de Policía de Villa de Leyva ordenó una multa cercana a los $232 millones, la demolición de aproximadamente 5.200 metros cuadrados de obra y medidas para restablecer la afectación ambiental señalada por las autoridades municipales.
Para la Fiscalía, estos hechos deben analizarse dentro de la posible utilización irregular de funciones públicas. Por esa razón, el proceso no se limita a la presunta exigencia económica, sino que también examina si determinadas decisiones administrativas fueron adoptadas mediante una actuación contraria a la ley.
Más de 100 elementos probatorios
El escrito de acusación presentado por la Fiscalía contiene más de 100 elementos probatorios que incluyen conversaciones de WhatsApp, registros bancarios, testimonios, grabaciones e informes periciales.
Dentro de la investigación también aparece Juan Camilo Sánchez Torres, publicista que fue imputado por el delito de concusión. Según la hipótesis del ente acusador, habría existido una intermediación para que la empresa contratara sus servicios profesionales, en circunstancias que también son objeto de investigación. Los pagos relacionados con ese contrato habrían superado los $48 millones.
La defensa de Gamboa ha cuestionado los elementos presentados por la Fiscalía, particularmente la autenticidad y la cadena de custodia de las grabaciones. También ha sostenido que las actuaciones administrativas frente al proyecto respondían a presuntas irregularidades urbanísticas y no a represalias por una negativa a entregar dinero.
El alcalde no aceptó los cargos imputados y mantiene su presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
¿Qué se define en la audiencia preparatoria?
La diligencia programada para el 13 de noviembre corresponde a una etapa anterior al juicio oral. En ella, el juez debe resolver cuáles de los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa podrán ser utilizados durante el juicio, además de atender las solicitudes y objeciones de las partes.
La audiencia había sido aplazada en agosto a solicitud de la defensa, que pidió tres meses adicionales para revisar el material probatorio. Por esta razón, la reanudación de la actuación judicial constituye un paso importante para determinar cómo se desarrollará la etapa siguiente del proceso.
Hasta el momento de las publicaciones consultadas no se había divulgado una decisión definitiva sobre la admisión de las pruebas ni una fecha confirmada para el inicio del juicio oral.
El caso mantiene la atención sobre la administración pública de Villa de Leyva y los controles sobre los trámites urbanísticos en municipios con protección patrimonial y ambiental. La investigación deberá establecer si existió una utilización indebida del poder público para obtener beneficios económicos o si, como sostiene la defensa, las decisiones cuestionadas respondieron a actuaciones administrativas legítimas.
La resolución del proceso dependerá de la valoración judicial de las pruebas y de la capacidad de las partes para demostrar sus respectivas posiciones. Mientras tanto, las acusaciones deberán mantenerse en el terreno de las hipótesis investigativas y no presentarse como responsabilidades penales demostradas.