Jueces frenan acuerdos de tres procesados en el caso UNGRD
Las decisiones señalaron deficiencias en el reintegro de recursos, la utilidad de la información aportada y la ejecución de las medidas de reparación propuestas.
Dos decisiones judiciales dejaron sin aprobación las negociaciones que la Fiscalía General de la Nación había adelantado con tres procesados por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los pronunciamientos cuestionaron las garantías de reparación económica al Estado y la utilidad de los compromisos de colaboración ofrecidos a cambio de beneficios judiciales.
Una de las decisiones corresponde al preacuerdo celebrado con Édgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández, vinculados a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú. El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá improbó la negociación el 4 de noviembre de 2026, al considerar que no cumplía los requisitos legales relacionados con el reintegro del incremento patrimonial obtenido mediante las conductas investigadas.
El proceso está relacionado con la orden de proveeduría SMD-GS-CTQ-185-2023, destinada a la adquisición de 40 carrotanques para atender las necesidades de abastecimiento de agua en La Guajira. Según los elementos examinados por el juzgado, se elaboraron documentos y actas que reportaban la entrega de los vehículos a la UNGRD cuando estos todavía se encontraban en proceso de ensamblaje y no estaban disponibles en las condiciones informadas.
La documentación permitió tramitar dos desembolsos de la Fiduprevisora a favor de Yapurutú: uno por $14.500 millones y otro por $10.875 millones. En conjunto, los pagos ascendieron a $25.375 millones y quedaron bajo análisis dentro de la investigación judicial.
La jueza consideró que las conductas relacionadas con la presunta falsedad documental también habrían facilitado la obtención de un beneficio económico. Por esa razón, aplicó el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que establece condiciones de reintegro patrimonial para celebrar preacuerdos cuando el procesado ha obtenido un incremento económico derivado de la conducta delictiva.
La norma exige reintegrar al menos el 50 % del incremento patrimonial y garantizar el pago del monto restante. El despacho concluyó que las condiciones presentadas por la Fiscalía y las defensas no satisfacían ese requisito y, por tanto, decidió no aprobar el acuerdo.
En el preacuerdo, Echeverri Toro y Romero Hernández habían aceptado responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La negociación contemplaba una pena de siete años y cuatro meses de prisión, sujeta a la aprobación judicial.
La segunda decisión afecta a Édgar Riveros Rey, abogado investigado por un presunto intento de soborno a antiguos directivos de la UNGRD para modificar sus declaraciones dentro de las investigaciones por contratación irregular. La Fiscalía había propuesto un principio de oportunidad a cambio de su colaboración con la justicia, pero la negociación tampoco recibió aprobación judicial.
Según la investigación de la Fiscalía, Riveros Rey habría contactado el 26 de julio de 2025 a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, para ofrecerle $3.000 millones o el equivalente al 5 % de un contrato a cambio de que modificara sus declaraciones. También habría planteado entregar $10.000 millones al exdirector Olmedo López con el mismo propósito. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos de la investigación y no deben presentarse como hechos judicialmente probados.
Al examinar el principio de oportunidad, la jueza cuestionó la utilidad de parte de la información que Riveros ofrecía entregar, particularmente porque algunos de los señalados ya contaban con negociaciones judiciales dentro del mismo expediente. El despacho consideró que uno de los aportes más relevantes sería su eventual declaración contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
También se cuestionaron las medidas de reparación propuestas. Entre ellas figuraban el mantenimiento de jagüeyes para mejorar el acceso al agua en comunidades afectadas y la presentación de disculpas públicas. Sin embargo, la propuesta no habría explicado suficientemente cómo se ejecutarían esas actividades ni qué mecanismos garantizarían su cumplimiento.
Las dos decisiones representan un nuevo obstáculo para la estrategia de negociación judicial de la Fiscalía dentro del caso UNGRD. También refuerzan la importancia de que los acuerdos con personas investigadas incluyan compromisos verificables de colaboración, reparación y cumplimiento de las condiciones previstas en la legislación.
El escándalo de la UNGRD ha expuesto las consecuencias de las irregularidades investigadas en contratos destinados a atender necesidades humanitarias, especialmente en regiones con dificultades de acceso al agua potable. En el caso de La Guajira, la controversia adquiere una dimensión adicional porque los recursos cuestionados estaban asociados a la atención de comunidades vulnerables.
Con las negociaciones sin aprobación, los procesos contra los tres involucrados deberán continuar por las vías judiciales correspondientes, salvo que se presenten nuevas propuestas que cumplan las exigencias legales. El desarrollo de las actuaciones permitirá establecer las responsabilidades individuales y determinar qué mecanismos pueden garantizar la recuperación de los recursos públicos.