Fiscalía retiró el delito de terrorismo a procesados de la Primera Línea en Bogotá: crece la polémica
El pacto contempla penas de cinco a siete años y cambios en los cargos, mientras TransMilenio y la Universidad Nacional cuestionan el trámite de las negociaciones.
Un acuerdo con 11 investigados por ataques contra TransMilenio y buses del SITP abrió un nuevo debate sobre la actuación del ente acusador. En los documentos se describen hechos violentos, pero se concluye que las pruebas no serían suficientes para configurar el delito de terrorismo.
Una nueva controversia rodea a la Fiscalía General de la Nación luego de que se conocieran los detalles de un acuerdo suscrito con 11 integrantes de la denominada Primera Línea, investigados por hechos violentos registrados en Bogotá durante las jornadas de protesta. La negociación contempla modificaciones en los cargos y ha generado cuestionamientos por la manera en que se evaluaron las conductas atribuidas a los procesados.
La polémica se concentra en una aparente contradicción dentro de los documentos del proceso: mientras se describen ataques contra estaciones de TransMilenio, daños a buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), amenazas a ciudadanos y el uso de artefactos explosivos, el acuerdo sostiene que los elementos probatorios recopilados no alcanzarían el estándar necesario para configurar el delito de terrorismo.
Uno de los episodios consignados en el documento relata que un hombre habría intimidado al conductor de un bus con una papa bomba y le habría exigido entregar rápidamente el vehículo. Posteriormente, habría lanzado artefactos explosivos contra el suelo para atemorizar a los pasajeros y al conductor, antes de romper los vidrios con un machete.
Pese a la descripción de estos hechos, el acuerdo señala que las pruebas disponibles no serían suficientes para sostener la acusación por terrorismo. Esta conclusión se convirtió en uno de los principales puntos de discusión, debido a la gravedad de las conductas descritas en el expediente.
La controversia por el cambio de los delitos
De acuerdo con testimonios recogidos por el medio, durante el encuentro se habría transmitido una instrucción atribuida a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para modificar la calificación jurídica de los hechos y reemplazar el delito de terrorismo por el de asonada.
Uno de los asistentes habría manifestado que el mensaje recibido era que la fiscal general no estaba conforme con la acusación. También se habría planteado la posibilidad de acudir a un principio de oportunidad, mecanismo que permite suspender o renunciar a la persecución penal bajo determinadas condiciones legales.
Sin embargo, las fiscales encargadas del expediente se habrían negado a modificar los cargos. Posteriormente, el 16 de junio de 2026, Camargo firmó la Resolución 0171, mediante la cual se creó un grupo de tareas especiales en la Unidad de Justicia Restaurativa y se trasladó el proceso a otro despacho.
La decisión administrativa justificó el cambio en la necesidad de armonizar la obligación de investigar los delitos con la protección del derecho constitucional a la protesta pacífica. No obstante, el traslado del expediente y los acuerdos posteriores alimentaron los cuestionamientos sobre la autonomía de los funcionarios que adelantaban la investigación.
Es importante precisar que las presuntas instrucciones atribuidas a la fiscal general hacen parte de los señalamientos publicados por SEMANA y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.
Acuerdos contemplan penas de entre cinco y siete años
Tras el cambio de despacho, la Fiscalía avanzó en negociaciones con los 11 procesados. Según la información conocida, los acuerdos contemplan penas de entre cinco y siete años de prisión.
En algunos casos se habría retirado el cargo de terrorismo, mientras que en otros se modificó el grado de participación de los investigados, pasando de autores a cómplices.
La Fiscalía presentó los acuerdos ante una jueza durante la última semana de octubre. De acuerdo con los reportes publicados, siete de los 11 procesados aceptaron los cargos negociados. La audiencia se desarrolló de manera reservada a solicitud de la defensa.
La investigación se habría extendido durante más de dos años y contó con elementos como videos, interceptaciones y material recopilado por la Policía Judicial. Estos elementos fueron parte del expediente que inicialmente sustentó las actuaciones contra los señalados.
TransMilenio y la Universidad Nacional cuestionaron el procedimiento
La controversia también involucra a las víctimas reconocidas dentro del proceso: TransMilenio y la Universidad Nacional de Colombia.
Ambas instituciones manifestaron reparos frente a la forma en que se adelantaron las negociaciones. Uno de los cuestionamientos tiene que ver con el tiempo de notificación, pues, según la información divulgada, habrían recibido aviso de la presentación de los acuerdos con apenas 12 horas de anticipación.
Ante esta situación, las entidades acudieron a una acción de tutela para solicitar que se conozcan los términos de las negociaciones y las razones jurídicas que sustentaron los cambios en los cargos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites entre la protesta social y las conductas violentas, así como la obligación de la Fiscalía de investigar los delitos sin criminalizar las manifestaciones pacíficas.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, las decisiones adoptadas en este expediente mantienen bajo escrutinio público el manejo de las investigaciones contra integrantes de la Primera Línea en Bogotá.