MinCiencias reporta presuntas irregularidades por $9.800 millones en recursos para ciencia
La cartera remitió los expedientes a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, mientras revisa gastos de alimentación, logística, eventos y posibles contratos celebrados durante la Ley de Garantías.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó sobre hallazgos preliminares superiores a $9.800 millones relacionados con contratos y actividades financiadas con recursos públicos destinados a la investigación científica en Colombia. La revisión administrativa y financiera identificó inconsistencias en gastos de alimentación, servicios logísticos, certificaciones de ejecución y organización de eventos. La documentación fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para que determinen si existen responsabilidades.
La información fue presentada el 2 de noviembre de 2026 por la ministra de Ciencia, Claudia Benavides, quien explicó que las observaciones corresponden a operaciones ejecutadas entre noviembre de 2024 y julio de 2026, durante la administración anterior del Ministerio.
Uno de los datos que más llamó la atención fue el registro de 32.300 almuerzos cuyos soportes, según la cartera, no permiten identificar con claridad a las personas que habrían recibido los alimentos. El Ministerio señaló que encontró dificultades para verificar los beneficiarios de esos servicios y establecer su correspondencia con las actividades contratadas.
La revisión también identificó servicios certificados como recibidos antes de su realización, inconsistencias entre las fechas de ejecución y los documentos presentados, además de precios que, de acuerdo con la entidad, no tendrían una justificación suficiente.
Eventos masivos y gastos bajo revisión
Otro de los puntos señalados por la ministra está relacionado con la contratación de eventos para grupos numerosos. Según la información divulgada por el Ministerio, se encontraron actividades previstas para miles de asistentes que no contarían con documentación suficiente para demostrar la infraestructura y capacidad logística necesarias para su realización.
En algunos casos, las actividades habrían estado dirigidas a grupos de hasta 4.000 personas. La cartera cuestionó que los expedientes no permitieran acreditar adecuadamente las condiciones materiales para desarrollar esos encuentros.
La revisión también incluyó contratos relacionados con actividades de apropiación social del conocimiento, un componente de la política científica que busca acercar la investigación y sus resultados a las comunidades.
El debate se concentra en determinar si los recursos asignados a estas actividades se utilizaron para cumplir los objetivos científicos y educativos establecidos o si terminaron financiando servicios cuya relación con la investigación no estaba suficientemente justificada.
Es importante precisar que la organización de eventos, la alimentación y los servicios logísticos no son, por sí mismos, gastos irregulares en un proyecto científico. Su legalidad y pertinencia dependen del objeto contractual, las condiciones de ejecución, los soportes y la correspondencia con los fines autorizados.
La Ley de Garantías también aparece en la revisión
La ministra mencionó contratos relacionados con operaciones logísticas que habrían sido celebrados durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
Esta norma establece restricciones a determinadas modalidades de contratación estatal durante periodos electorales, especialmente a la contratación directa, con el propósito de prevenir el uso de recursos públicos para favorecer intereses políticos o electorales.
Sin embargo, la celebración de un contrato durante ese periodo no demuestra automáticamente que se haya infringido la ley. Para establecer una posible irregularidad es necesario examinar la fecha, la modalidad de contratación, la entidad involucrada, el objeto contractual y las excepciones legales aplicables.
Por esa razón, las autoridades deberán revisar cada expediente y determinar si los procesos se ajustaron a las disposiciones vigentes.
El Ministerio anuncia congelamiento de pagos
Como respuesta a los hallazgos, MinCiencias informó que suspendió los pagos relacionados con los procesos examinados y que no autorizará nuevas adiciones presupuestales a los contratos objeto de revisión mientras se aclaran las inconsistencias.
La decisión busca evitar que se comprometan nuevos recursos sobre operaciones cuya ejecución documental y financiera todavía está bajo evaluación.
Los expedientes fueron remitidos a tres organismos con competencias diferentes. La Contraloría deberá examinar si existió un eventual daño al patrimonio público; la Procuraduría podrá establecer posibles faltas disciplinarias de servidores públicos, y la Fiscalía evaluará si existen elementos que permitan investigar conductas penales.
Hasta el momento de la publicación de esta información, el Ministerio no había presentado un desglose público que permitiera asignar los más de $9.800 millones a cada una de las observaciones reportadas. Tampoco corresponde atribuir responsabilidad individual a funcionarios o contratistas sin que existan resultados oficiales de las investigaciones.
El impacto sobre la investigación científica en Colombia
Más allá de las posibles responsabilidades administrativas, fiscales o penales, el caso abre una discusión sobre la gestión de los recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación.
Colombia necesita financiar investigación, fortalecer universidades, apoyar a jóvenes investigadores y desarrollar capacidades científicas y tecnológicas. Por eso, la trazabilidad del gasto público resulta fundamental: cada contrato debe tener un propósito verificable, una ejecución documentada y resultados que puedan ser evaluados.
La controversia también pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión contractual, especialmente en proyectos que involucran servicios logísticos y actividades de apropiación social del conocimiento.
El siguiente paso dependerá de las investigaciones de los organismos de control. Sus resultados permitirán establecer si las inconsistencias corresponden a fallas administrativas y documentales, incumplimientos contractuales, afectaciones al patrimonio público o posibles conductas delictivas.
Por ahora, los $9.800 millones representan el valor de los hallazgos preliminares comunicados por el Ministerio, no una pérdida de recursos oficialmente declarada ni una condena contra los responsables de los contratos.