Gobierno pone fin a contrato de 36 años entre el FOMAG y Fiduprevisora
La decisión se tomó tras identificar 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos y más de 109.000 quejas por servicios de salud.
El Gobierno nacional decidió no prorrogar el contrato fiduciario entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Fiduprevisora S. A., una relación contractual que se mantuvo durante 36 años y que ha sido fundamental para la administración de los recursos destinados a la salud y las prestaciones sociales de los docentes oficiales del país.
La determinación fue anunciada por el Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de fideicomitente, después de una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG. El contrato, identificado como Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, vence este 31 de octubre y no será renovado. La nueva etapa comenzará el 1 de noviembre de 2026.
Según el Ministerio de Educación, la decisión se tomó después de una revisión jurídica, técnica, financiera y operativa realizada junto con los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Como resultado de este análisis, el Gobierno reportó 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos y más de 109.000 quejas registradas desde 2024, relacionadas principalmente con dificultades para acceder a citas médicas, medicamentos y tratamientos.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que el propósito es corregir las dificultades identificadas y fortalecer las condiciones institucionales, financieras y operativas del Fondo. La funcionaria sostuvo que los derechos de los maestros y sus familias deben mantenerse como prioridad durante el proceso.
Una transición de hasta dos años
La no renovación del contrato no significa que Fiduprevisora dejará de administrar inmediatamente los recursos del FOMAG. De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, la entidad continuará participando en la operación durante una etapa de transición de un año, prorrogable por otro periodo igual.
Durante este tiempo, los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda coordinarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y revisar las condiciones del modelo de administración. También se adelantarán los estudios previos para definir un nuevo esquema contractual, con la posibilidad de realizar una licitación pública.
Fiduprevisora manifestó que acatará la decisión del Consejo Directivo y que acompañará el proceso mediante un plan de acción orientado a mantener la continuidad administrativa, la trazabilidad financiera y la coordinación con los prestadores de servicios.
¿Qué pasará con la salud de los maestros?
Uno de los principales interrogantes que deja el anuncio es cómo se garantizará la atención de los más de 800.000 afiliados y beneficiarios del FOMAG. Frente a esta preocupación, el Ministerio de Educación aseguró que la transición no debe ocasionar interrupciones en los servicios médicos, los tratamientos en curso ni la entrega de medicamentos.
También deberán continuar los trámites relacionados con pensiones, cesantías y demás prestaciones económicas de los docentes. Para supervisar el proceso, el Ministerio solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud un seguimiento especial a las instituciones prestadoras de servicios de salud que atienden al magisterio.
La Procuraduría General de la Nación ya había advertido sobre los riesgos asociados al vencimiento del contrato y la necesidad de asegurar los recursos para financiar la atención médica. En una alerta preventiva del 22 de octubre, el organismo de control señaló que existía un faltante aproximado de 1,8 billones de pesos para financiar el componente de salud durante lo que restaba de la vigencia.
Un cambio que exige resultados
El fin de una relación contractual de más de tres décadas representa un cambio institucional importante, pero su impacto dependerá de la capacidad del Estado para organizar la transición y resolver los problemas que han afectado a los afiliados.
Por ahora, el Gobierno deberá demostrar que la modificación administrativa se traduce en mejores condiciones de atención, oportunidad en la entrega de medicamentos y cumplimiento de las obligaciones económicas con los docentes. Para el magisterio, el desafío no consiste únicamente en cambiar al administrador del Fondo, sino en lograr un sistema que responda de manera efectiva a sus necesidades y garantice sus derechos.