Plenaria de la Cámara subsanó los vicios de trámite en la Reforma Pensional
La iniciativa plantea elegir entre Colpensiones y fondos privados, crear alternativas para quienes no logren pensionarse y ajustar las reglas del ahorro individual.
El Centro Democrático radicó el 28 de octubre un proyecto de ley para modificar varios componentes de la reforma pensional aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, impulsada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, propone ampliar la libertad de elección de los trabajadores sobre dónde cotizar, introducir alternativas para quienes no logren pensionarse y establecer nuevas reglas para la administración del ahorro individual. El proyecto deberá surtir su trámite en el Congreso antes de que cualquiera de sus disposiciones pueda convertirse en ley.
La propuesta se presentó el mismo día en que la Cámara de Representantes concluyó la revisión de las proposiciones relacionadas con la reforma pensional que la Corte Constitucional había devuelto para corregir problemas de procedimiento. Mientras la Cámara mantuvo sin modificaciones el texto previamente aprobado, el Centro Democrático llevó al Legislativo una iniciativa para cambiar algunas de sus reglas de funcionamiento.
Uno de los principales cambios planteados consiste en permitir que los trabajadores que cotizan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes puedan elegir entre Colpensiones y una administradora privada. La propuesta busca modificar la obligatoriedad de cotizar en el régimen público hasta ese umbral y recuperar la posibilidad de escoger quién administra los aportes.
El proyecto también contempla cambios en las condiciones para trasladarse entre administradoras. Según lo presentado por la colectividad, los afiliados podrían cambiar de entidad bajo determinados plazos y condiciones de asesoría. Para quienes perciben ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, la iniciativa establece reglas para elegir la administradora encargada del ahorro correspondiente al excedente.
Otro de los puntos centrales se refiere a las personas que llegan a la edad de jubilación sin cumplir los requisitos necesarios para obtener una pensión. La propuesta plantea ofrecer alternativas que incluyen la devolución de los ahorros acumulados, con sus rendimientos; la indemnización sustitutiva, cuando corresponda, o una mensualidad vitalicia bajo las condiciones establecidas en el proyecto.
Antes de acceder a esas opciones, se tendrían en cuenta mecanismos como la pensión familiar, el reconocimiento de semanas por hijos cuando se cumplan los requisitos legales, la garantía de pensión mínima y un sistema actuarial de equivalencias que permitiría utilizar recursos disponibles para completar las semanas de cotización faltantes.
En materia de edad de jubilación, la iniciativa mantiene los 57 años para las mujeres y los 62 para los hombres. Para estos últimos, conserva el requisito de 1.300 semanas cotizadas. Para las mujeres, propone una reducción progresiva de las semanas exigidas, desde 1.135 en 2026 hasta llegar a 1.000 en 2035.
El proyecto también busca establecer reglas específicas para la protección de los recursos individuales. Plantea que el ahorro de los afiliados permanezca separado del patrimonio de las administradoras y que las inversiones tengan en cuenta el horizonte de jubilación de cada persona, con una estrategia que reduzca el riesgo a medida que se acerca la edad de retiro.
La iniciativa conserva una tasa de cotización equivalente al 16 % del ingreso base, distribuida entre empleadores y trabajadores, y propone límites para determinadas comisiones y costos asociados a la administración de los recursos y al seguro previsional. También incorpora plazos para responder solicitudes de pensión y medidas de digitalización de trámites ante las administradoras.
El Centro Democrático sostiene que estos cambios buscan fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, proteger los ahorros y ampliar las opciones disponibles para los cotizantes. Sin embargo, las proyecciones fiscales y los beneficios que sus promotores atribuyen a la propuesta deberán analizarse a partir de sus fundamentos técnicos y durante el debate legislativo.
La radicación del proyecto no modifica por sí sola las reglas vigentes. La iniciativa deberá ser discutida y aprobada por el Congreso, mientras que la reforma pensional de 2024 continúa su propio proceso jurídico ante la Corte Constitucional. Por tanto, cualquier cambio efectivo dependerá de las decisiones legislativas y judiciales correspondientes.
La discusión abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo financiar las pensiones, distribuir los riesgos entre el Estado y los administradores privados y garantizar ingresos durante la vejez. El reto para el Congreso será evaluar si las alternativas propuestas amplían la protección de los trabajadores y resultan sostenibles a largo plazo.