Gobierno devuelve la producción de pasaportes a Thomas Greg & Sons y reabre la controversia
El contrato, por $240.352 millones y firmado bajo la figura de urgencia manifiesta, busca garantizar la continuidad del servicio mientras se define una licitación de largo plazo.
La Cancillería firmó un contrato por cerca de $240.000 millones para garantizar la expedición de los documentos hasta diciembre de 2027. La decisión se tomó tras la suspensión provisional del modelo que vinculaba a la Imprenta Nacional con socios internacionales.
La producción de pasaportes colombianos vuelve a estar en manos de Thomas Greg & Sons, empresa que durante casi dos décadas estuvo al frente de este servicio y cuya salida de la contratación pública se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la administración anterior. La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella reavivó el debate sobre la contratación estatal, la continuidad del servicio y el futuro del modelo diseñado para modernizar la expedición de estos documentos.
La Cancillería confirmó la firma de un contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. y Thales DIS Colombia S. A. El acuerdo tiene un valor aproximado de $240.352 millones y una vigencia que se extiende hasta diciembre de 2027. Su propósito es mantener la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas mientras se define un esquema de contratación de largo plazo.
La decisión se adoptó mediante la figura de urgencia manifiesta, un mecanismo previsto en la legislación colombiana que permite a las entidades públicas realizar contrataciones directas cuando existen circunstancias excepcionales que exigen actuar con rapidez. En este caso, el Gobierno argumentó que debía evitar una interrupción en la expedición de pasaportes después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente los convenios asociados al modelo impulsado por la administración de Gustavo Petro.
La suspensión judicial que cambió el rumbo del proceso
Durante el Gobierno anterior se promovió un nuevo esquema para la producción de pasaportes, con participación de la Imprenta Nacional de Colombia, la Casa de la Moneda de Portugal y la empresa francesa IN Groupe, entre otras entidades vinculadas al proceso. El objetivo era avanzar hacia una mayor participación estatal y desarrollar capacidades nacionales para la elaboración de los documentos.
Sin embargo, la ejecución de los convenios relacionados con ese modelo quedó suspendida provisionalmente por una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La medida obligó a la Cancillería a buscar una alternativa que permitiera mantener el servicio mientras la justicia estudia el asunto de fondo.
La suspensión no equivale a una decisión definitiva sobre la legalidad del modelo anterior. Su efecto inmediato, no obstante, fue modificar las condiciones bajo las cuales el Gobierno podía continuar con su implementación y obligó a las autoridades a adoptar medidas para evitar que se agotaran las libretas disponibles.
En ese contexto, la Cancillería acudió nuevamente a Thomas Greg & Sons, firma que había estado a cargo de la producción de pasaportes durante años y que dejó de operar bajo el esquema anterior en medio de una disputa contractual y política.
¿Por qué el Gobierno escogió nuevamente a Thomas Greg?
El canciller Omar Bula explicó que la decisión respondió principalmente a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio. Según los argumentos presentados por la Cancillería, las existencias de libretas disponibles alcanzarían hasta noviembre de 2026, por lo que la entidad debía actuar antes de que se presentara una eventual interrupción.
La vinculación de un operador distinto, según la explicación oficial, requeriría tiempo para acreditar instalaciones, verificar capacidades técnicas, organizar la cadena de suministros y cumplir los requisitos de seguridad necesarios para producir un documento de viaje internacional.
La Cancillería también señaló que actualmente circulan dos diseños válidos de pasaporte colombiano. Desde la perspectiva de la entidad, incorporar un tercer modelo de manera transitoria podría aumentar la complejidad de los controles documentales en los aeropuertos y fronteras internacionales.
El tercer argumento está relacionado con los costos. El Gobierno afirmó que la propuesta presentada por la unión temporal conserva los valores unitarios aplicados anteriormente, sin incrementos asociados a la inflación o a las variaciones de la tasa de cambio. De acuerdo con la Cancillería, la contratación no implicará un aumento en las tarifas que pagan los ciudadanos por sus pasaportes.
Estos argumentos corresponden a la justificación oficial de la contratación. La legalidad de las actuaciones relacionadas con el modelo anterior y los efectos de la nueva decisión deben distinguirse de las explicaciones entregadas por el Ejecutivo.
Un contrato de $240.352 millones
El nuevo acuerdo contempla recursos por aproximadamente $240.352 millones y se extenderá hasta el 17 de diciembre de 2027, de acuerdo con la información divulgada sobre el proceso. La unión temporal tendrá a su cargo actividades relacionadas con la fabricación, personalización, custodia, aislamiento y distribución de las libretas, además de los elementos documentales asociados.
La contratación se distribuye entre las vigencias presupuestales de 2026 y 2027. La ejecución está sujeta al cumplimiento de los requisitos contractuales y presupuestales correspondientes.
El Gobierno sostiene que esta fórmula permitirá mantener el servicio mientras se estructura un nuevo proceso de selección. La urgencia manifiesta, por tanto, fue presentada como una solución transitoria y no como la definición permanente del operador que deberá encargarse de los pasaportes en los próximos años.
La modalidad de contratación directa también concentra parte de la discusión. Aunque la urgencia manifiesta permite responder a situaciones excepcionales sin adelantar el procedimiento ordinario de licitación, su utilización está sujeta a los requisitos legales y a los controles correspondientes. Por ello, la justificación de la medida, sus soportes y la ejecución de los recursos públicos son elementos relevantes para evaluar el proceso.
El regreso de una empresa que estuvo en el centro de la disputa
Thomas Greg & Sons fue responsable de la producción de pasaportes colombianos durante cerca de dos décadas, desde 2007. Su relación con el Estado se convirtió en un tema de controversia durante la administración de Gustavo Petro, especialmente después de que el Gobierno buscara cambiar el esquema de contratación y avanzar hacia un modelo con mayor participación de entidades públicas.
La discusión tuvo implicaciones administrativas, jurídicas y políticas. El nuevo modelo pretendía transformar la forma en que se producían los documentos, mientras que las dificultades contractuales y las decisiones judiciales terminaron condicionando su implementación.
El retorno de Thomas Greg representa, por ahora, una nueva etapa dentro de ese proceso. No significa que el debate sobre la participación de la empresa haya concluido ni que exista una resolución definitiva de todas las controversias anteriores. La contratación temporal responde a la necesidad inmediata de mantener la expedición de pasaportes, mientras se resuelve la situación jurídica y se define el mecanismo que regirá a futuro.
La reacción política vuelve a encender el debate
La decisión provocó nuevas críticas del expresidente Gustavo Petro, quien cuestionó el regreso de la compañía y lo relacionó con sus denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema electoral. Esas afirmaciones deben entenderse como señalamientos políticos del exmandatario y no como hechos demostrados por la sola existencia del contrato de pasaportes.
El episodio vuelve a conectar dos asuntos que han sido objeto de controversia pública: la contratación de Thomas Greg & Sons para producir documentos oficiales y su participación en procesos de logística electoral. Sin embargo, cualquier acusación concreta sobre irregularidades debe evaluarse a partir de pruebas y actuaciones de las autoridades competentes, sin asumir que una relación contractual demuestra por sí misma una conducta ilegal.
Por su parte, la Cancillería ha defendido la contratación como una medida necesaria para proteger la continuidad de un servicio esencial para los ciudadanos que requieren viajar, adelantar trámites consulares o renovar sus documentos.
¿Qué pasará con el modelo de pasaportes?
Mientras se ejecuta el contrato temporal, el Gobierno anunció que avanzará en la estructuración de una nueva licitación pública. La intención es establecer un procedimiento ordinario para determinar quién asumirá la producción y la entrega de los pasaportes una vez termine la solución transitoria o cambie la situación jurídica que dio lugar a su adopción.
La Cancillería indicó que el proceso contará con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República. La participación de estos organismos se enmarca en el seguimiento y control que corresponde a la contratación pública.
Todavía quedan asuntos por resolver: el alcance definitivo de la suspensión judicial, el futuro de los convenios celebrados para implementar el modelo anterior, las condiciones de la nueva licitación y la manera en que se garantizará la continuidad del servicio después de diciembre de 2027.
Un servicio esencial en medio de una disputa institucional
La controversia demuestra la dificultad de modificar un sistema que requiere infraestructura especializada, protocolos de seguridad, proveedores habilitados y coordinación con autoridades migratorias internacionales. Cualquier transición debe asegurar que los documentos sigan cumpliendo los requisitos de autenticidad y seguridad, sin afectar a quienes necesitan obtenerlos.
Por ahora, la posición oficial es que la expedición de pasaportes continuará con normalidad y que las tarifas ciudadanas no cambiarán como consecuencia de este contrato. El desafío para el Gobierno será demostrar que la medida temporal cumple las condiciones legales, mantener la transparencia sobre el uso de los recursos públicos y definir un mecanismo de contratación estable.
El regreso de Thomas Greg & Sons no cierra la controversia: abre una nueva fase en la discusión sobre quién debe producir los pasaportes colombianos, bajo qué condiciones debe seleccionarse al operador y cómo garantizar que las decisiones contractuales respondan tanto a las necesidades del servicio como a los principios de legalidad y transparencia.