Estados Unidos cancela visas a 21 colombianos y sacude el escenario político
La medida, atribuida por el Departamento de Estado a su política contra la corrupción y el narcotráfico, también alcanza a políticos de distintos sectores y a familiares de los afectados.
Estados Unidos retiró las visas de 21 ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La decisión, anunciada el jueves 22 de octubre, fue presentada por el Departamento de Estado como parte de su política contra la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental. La medida vuelve a poner en el centro de la agenda bilateral la relación entre las investigaciones por presuntas irregularidades, la cooperación judicial y las consecuencias diplomáticas para figuras vinculadas con la política colombiana.
Una decisión que alcanza a figuras políticas de distintos sectores
De acuerdo con la información publicada por el diario El País, la lista conocida incluye a Ricardo Roa; al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador Wadith Manzur; a la representante a la Cámara Karen Manrique; a los excongresistas Julio Elías Chagüi y Liliana Bittar, y al exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa.
Hasta la publicación de la información, no se habían divulgado públicamente los nombres de las 21 personas afectadas.
El Departamento de Estado explicó que las restricciones forman parte de una estrategia dirigida contra ciudadanos extranjeros que, según la evaluación de las autoridades estadounidenses, socavan las instituciones democráticas mediante prácticas corruptas o actividades relacionadas con el narcotráfico.
La medida también contempla restricciones para familiares de los afectados, según el reporte periodístico.
Washington sostiene que su política busca combatir la influencia de redes criminales en las instituciones públicas, incluidas las estructuras judiciales, policiales y legislativas. Sin embargo, la cancelación de visas es una decisión administrativa migratoria y no equivale, por sí misma, a una sentencia judicial.
Ricardo Roa, en el centro de la controversia
La inclusión de Ricardo Roa destaca por su trayectoria al frente de Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, y por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Roa ha estado vinculado a investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades. En marzo de 2026, la Fiscalía General de la Nación lo imputó por el delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y posibles conexiones con contratos adjudicados por Ecopetrol.
Estos hechos deben entenderse dentro del ámbito de las actuaciones judiciales correspondientes. La imputación de cargos no constituye una condena ni elimina el derecho del investigado a defenderse.
Su inclusión en la medida estadounidense añade una dimensión internacional a las controversias que rodean su trayectoria pública. No obstante, para determinar las razones específicas que llevaron a Washington a cancelar su visa sería necesario contar con información oficial individualizada sobre la decisión.
El antecedente de otras restricciones
La decisión del 22 de octubre no constituye el primer episodio de este tipo. Según El País, Estados Unidos había cancelado durante el mes anterior las visas del empresario Euclides Torres y de la senadora Martha Peralta.
El medio también recordó la revocación de la visa del entonces presidente Gustavo Petro en 2025, después de su participación en una manifestación en Nueva York en apoyo a Palestina y de sus declaraciones relacionadas con las órdenes militares estadounidenses.
Estos antecedentes muestran que las decisiones migratorias de Washington pueden responder a circunstancias diferentes. Por ello, no es correcto asumir que todos los afectados por la medida actual enfrentan las mismas acusaciones o que sus situaciones jurídicas son equivalentes.
La Administración estadounidense ha vinculado estas actuaciones con su política regional contra la corrupción y el narcotráfico. Para Colombia, el desafío consiste en mantener los canales de cooperación con Estados Unidos y garantizar que las investigaciones internas se desarrollen con independencia y respeto por el debido proceso.
Las repercusiones para la relación bilateral
La decisión se produce en un momento en el que ambos gobiernos mantienen una agenda de cooperación en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se ha incorporado a la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por el Gobierno de Donald Trump. De acuerdo con la información publicada, Washington relaciona las restricciones migratorias con sus esfuerzos por reducir la influencia de redes delictivas en las instituciones del continente.
Sin embargo, las consecuencias de estas medidas van más allá de la movilidad internacional de las personas afectadas. También pueden generar tensiones entre los sectores políticos colombianos, alimentar controversias sobre el uso de instrumentos diplomáticos y aumentar el escrutinio sobre los mecanismos nacionales de prevención y sanción de la corrupción.
Para evaluar su alcance será necesario conocer si el Gobierno colombiano emite una respuesta oficial, si las autoridades estadounidenses ofrecen información adicional y si se producen nuevas decisiones relacionadas con los ciudadanos incluidos en la lista.
Una medida migratoria no sustituye a la justicia
La cancelación de visas constituye una decisión soberana de Estados Unidos sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros en su territorio. No reemplaza las competencias de la Fiscalía, los jueces ni los organismos de control colombianos.
En consecuencia, las investigaciones por presuntas conductas delictivas deben avanzar mediante pruebas, procedimientos judiciales y decisiones adoptadas por las autoridades competentes. Del mismo modo, las decisiones administrativas estadounidenses deben analizarse a partir de sus fundamentos oficiales y no únicamente de las interpretaciones políticas que puedan surgir alrededor de ellas.
El episodio plantea una pregunta de fondo para Colombia: cómo fortalecer la lucha contra la corrupción sin convertir las medidas diplomáticas en sustitutos de la justicia ni debilitar las garantías del debido proceso.
Mientras se conocen más detalles sobre los motivos individuales de las cancelaciones, el caso de los 21 ciudadanos colombianos seguirá siendo relevante para entender la relación entre la política exterior estadounidense, la institucionalidad colombiana y las investigaciones sobre posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública.