Carlos Ríos anuncia denuncia por presuntas irregularidades con 48 mujeres durante el gobierno Petro
Carlos Ríos hizo el señalamiento durante un debate en el Senado, sin divulgar la denuncia formal ni documentos que permitan verificar las acusaciones.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, anunció que acudirá a las autoridades judiciales para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con 48 mujeres que, según su versión, habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El señalamiento fue presentado el miércoles 21 de octubre durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado, aunque el funcionario no expuso públicamente pruebas suficientes para establecer la veracidad de sus afirmaciones.
Durante su intervención, Ríos sostuvo que algunas mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) para facilitar encuentros con el entonces mandatario. También cuestionó el uso que, según él, se habría dado a la Casa de Nariño durante la administración anterior, al afirmar que el recinto presidencial habría sido utilizado para actividades ajenas a sus funciones institucionales.
El funcionario aseguró que presentará personalmente las denuncias y afirmó que algunas de las mujeres estarían compartiendo información con integrantes de la actual administración. Sin embargo, no divulgó sus identidades ni detalló las circunstancias particulares de los 48 casos, las funciones contractuales que desempeñaban o las pruebas que respaldarían cada señalamiento.
Una denuncia anunciada, todavía pendiente de verificación
Las declaraciones de Ríos se produjeron durante una sesión legislativa cuyo tema central era el reclutamiento infantil y en la que también se abordaron asuntos relacionados con la implementación del acuerdo de paz. El director del Dapre aprovechó su intervención para cuestionar la gestión del gobierno anterior y pedir a congresistas de oposición que respaldaran la difusión de sus señalamientos.
Aunque el funcionario manifestó que llevaría el caso ante la justicia, las publicaciones consultadas el 21 de octubre describían principalmente el anuncio de futuras acciones judiciales. No aportaban una copia de la denuncia formal ni documentación que permitiera verificar de manera independiente las acusaciones contra el expresidente.
La distinción es importante: la existencia de contratos de prestación de servicios no demuestra, por sí sola, que estos se hayan utilizado para presionar a las contratistas o facilitar encuentros personales. Para determinar si hubo irregularidades será necesario examinar los contratos, las obligaciones pactadas, las circunstancias de las vinculaciones y los testimonios o documentos que puedan aportar las personas involucradas.
Las preguntas que deberá resolver la investigación
Si la denuncia se presenta formalmente, las autoridades tendrán que establecer qué hechos concretos se están denunciando, qué elementos probatorios los respaldan y si existen posibles responsabilidades individuales. También será necesario determinar si hubo utilización indebida de recursos públicos o vulneraciones de derechos, cuestiones que no pueden darse por demostradas únicamente a partir de declaraciones políticas.
La información publicada hasta ahora tampoco permite establecer que las 48 mujeres hayan presentado denuncias judiciales individuales. Ríos afirmó que algunas estaban compartiendo información con el Gobierno, pero esa declaración no equivale a confirmar la existencia de testimonios formalizados ante la Fiscalía.
Por tratarse de señalamientos que pueden afectar la reputación de personas concretas y comprometer la intimidad de las mujeres mencionadas, la verificación debe realizarse sin divulgar identidades que no sean necesarias para comprender el caso ni reproducir afirmaciones que no cuenten con respaldo suficiente.
Al cierre de las publicaciones consultadas, el anuncio de Carlos Ríos constituía el hecho noticioso confirmado. La veracidad de las acusaciones, las posibles responsabilidades y el alcance de las eventuales irregularidades seguían pendientes de esclarecimiento. El avance del caso dependerá de la documentación que se entregue a las autoridades y de las conclusiones a las que lleguen los organismos competentes.