Colombia pide a la ONU retirar la reforma rural del seguimiento al Acuerdo de Paz
La solicitud mantendría la verificación internacional de la reincorporación de excombatientes y sus garantías de seguridad, pero debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad.
El Gobierno colombiano solicitó este lunes 12 de octubre de 2026 al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas modificar el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. La propuesta consiste en retirar de sus funciones el seguimiento a la Reforma Rural Integral, uno de los componentes centrales del acuerdo, y mantener la verificación internacional de la reincorporación de los antiguos combatientes y sus garantías de seguridad.
La petición fue presentada por el canciller Omar Bula durante la sesión del Consejo de Seguridad dedicada al informe trimestral sobre la implementación del acuerdo. Según los reportes publicados por EL PAÍS, Caracol Radio y El Espectador, el Gobierno sostiene que la reforma rural constituye una política pública estructural, de largo plazo y que involucra a múltiples entidades estatales, por lo que su ejecución debe estar bajo la responsabilidad directa de la institucionalidad colombiana.
La propuesta no supone la salida inmediata de Naciones Unidas del proceso de paz ni la eliminación de la política de reforma rural. Se trata de un intento de modificar las funciones específicas de la misión internacional. El alcance definitivo dependerá de la resolución que adopte el Consejo de Seguridad.
¿Qué hace actualmente la Misión de Verificación?
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia fue establecida en 2017 para acompañar y verificar aspectos fundamentales de la implementación del Acuerdo de Paz. Su trabajo incluye el seguimiento a la reincorporación política, económica y social de los antiguos integrantes de las FARC, así como a las garantías de seguridad relacionadas con ese proceso.
En 2023, el Consejo de Seguridad amplió su mandato para incluir el seguimiento a la implementación de la Reforma Rural Integral y a otros componentes del acuerdo. Desde entonces, la misión ha acompañado procesos territoriales, recopilado información y elaborado informes sobre los avances y dificultades de la implementación.
La presencia internacional permite contrastar la información oficial con lo que ocurre en los territorios. También ofrece un canal para identificar dificultades, documentar incumplimientos y mantener informados a los países que integran el Consejo de Seguridad.
Si se aprueba la propuesta colombiana, la misión dejaría de supervisar directamente la reforma rural en los términos actuales. No obstante, eso no eliminaría las obligaciones del Estado derivadas del Acuerdo de Paz ni impediría que otras instituciones nacionales o internacionales continúen examinando su implementación dentro de sus competencias.
El argumento del Gobierno: una política que debe asumir el Estado
Durante su intervención, Bula defendió la continuidad del acompañamiento internacional a la reincorporación de los excombatientes, pero sostuvo que la reforma rural tiene una naturaleza distinta.
El canciller argumentó que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad agrícola, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos requieren una acción institucional permanente. Desde esa perspectiva, el Gobierno considera que el seguimiento a estas políticas debe integrarse en el funcionamiento ordinario del Estado, en lugar de depender de una misión internacional cuyo mandato y duración están sujetos a decisiones periódicas del Consejo de Seguridad.
El Ejecutivo también ha insistido en que la construcción de paz debe estar vinculada con las condiciones de seguridad de las regiones. Durante la sesión, el canciller presentó preocupaciones sobre la expansión de los grupos armados ilegales, el control territorial y las economías ilícitas.
Sin embargo, retirar un asunto del mandato de verificación internacional no equivale a resolver los problemas de su implementación. La propuesta abre una discusión sobre cómo se medirá el avance de la reforma rural y qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se mantendrán si la misión deja de supervisarla.
La reforma rural, uno de los compromisos centrales del acuerdo
La Reforma Rural Integral busca abordar problemas históricos del campo colombiano, entre ellos la concentración de la propiedad de la tierra, la informalidad en la tenencia, las desigualdades territoriales y la falta de infraestructura y servicios en comunidades rurales.
El acuerdo contempló medidas relacionadas con el acceso y la formalización de tierras, el desarrollo productivo, las vías rurales, la asistencia técnica y el mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
La discusión sobre la supervisión internacional tiene implicaciones porque el componente rural no se limita a la entrega de predios. Su implementación requiere coordinar políticas de agricultura, transporte, educación, salud, servicios públicos y desarrollo económico, además de garantizar condiciones de seguridad para las comunidades.
En su análisis publicado el 9 de octubre, EL PAÍS señaló que el Estado había entregado cerca de 75.000 hectáreas de una meta de tres millones contemplada en el acuerdo, mientras que la formalización de tierras registraba avances frente a una meta de siete millones de hectáreas. Estas cifras corresponden al balance citado por ese medio y deben leerse dentro del periodo y de la metodología utilizados para medir cada indicador.
La diferencia entre las metas y los resultados acumulados ilustra la dimensión del desafío. También explica por qué la forma de verificar los avances constituye un asunto relevante para las comunidades rurales, las organizaciones campesinas y los organismos que acompañan la implementación.
¿Qué podría cambiar si se aprueba la solicitud?
Uno de los efectos potenciales sería una reducción del seguimiento internacional específico a los compromisos de reforma rural. La misión podría concentrar sus recursos y presencia territorial en la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad, de acuerdo con el alcance que finalmente establezca el Consejo de Seguridad.
El cambio también podría modificar la manera en que se recopila y presenta información sobre la implementación rural. La verificación internacional no sustituye las funciones del Gobierno colombiano, pero aporta una mirada externa que puede facilitar la comparación de resultados y la identificación de obstáculos.
En el caso de las comunidades campesinas, el efecto dependería de cómo se organice el seguimiento posterior. Si otras entidades no asumen las tareas de documentación y acompañamiento, podría reducirse la disponibilidad de información independiente sobre los compromisos rurales. Este es un riesgo que deberá evaluarse, no una consecuencia que pueda darse por confirmada antes de conocer la decisión definitiva.
El Gobierno, por su parte, tendría que demostrar que las instituciones nacionales cuentan con capacidad suficiente para realizar el seguimiento, coordinar las entidades involucradas y publicar resultados verificables sobre el acceso a tierras y el desarrollo rural.
La decisión está en manos del Consejo de Seguridad
La solicitud de Colombia no modifica por sí sola el mandato vigente. La decisión corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 países, que debe definir la renovación de la misión y las funciones que tendrá en el siguiente periodo.
La negociación ocurre en un contexto de posiciones diplomáticas diversas sobre la continuidad y el alcance del acompañamiento internacional. En su información del 9 de octubre, EL PAÍS describió diferencias entre los países que participan en las conversaciones y señaló que el resultado dependería de las negociaciones previas a la votación.
La renovación del mandato está prevista para finales de octubre. Hasta que el Consejo adopte una resolución, la propuesta colombiana debe entenderse como una solicitud en discusión, no como una modificación ya aprobada.
El proceso también permitirá conocer si se mantiene el seguimiento a toda la reforma rural, si se limita a determinados programas territoriales o si se adopta una fórmula intermedia. Cualquiera de esas opciones tendría consecuencias distintas para el alcance de la misión y para la información disponible sobre la implementación del acuerdo.
El reto de mantener la transparencia en la implementación
La discusión plantea una pregunta de fondo: cómo garantizar que la reforma rural avance con resultados verificables, independientemente de quién supervise su cumplimiento.
El Gobierno tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas y rendir cuentas sobre sus resultados. Al mismo tiempo, la existencia de mecanismos independientes de seguimiento puede contribuir a fortalecer la confianza de las comunidades y a identificar obstáculos que no siempre aparecen en los balances administrativos.
La reforma rural es uno de los compromisos que vinculan la construcción de paz con la transformación de los territorios. Su avance requiere recursos, coordinación institucional, seguridad y continuidad más allá de los cambios de Gobierno.
Por eso, el debate no se limita al papel de una misión internacional. También se refiere a los mecanismos que permitirán conocer si los compromisos de acceso a tierras, formalización y desarrollo rural se cumplen en la práctica.