Contraloría vigilará cerca de $30 billones destinados a la reconstrucción
El plan de control fiscal cubrirá recursos nacionales, territoriales, donaciones y créditos en 16 departamentos durante el periodo 2026-2030.
La Contraloría General de la República puso en marcha un plan especial de vigilancia sobre los recursos destinados a atender y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 0075 de 2026, expedida por el organismo de control, y busca hacer seguimiento a los recursos que sean utilizados durante las diferentes etapas de respuesta y recuperación de la emergencia.
El plan contempla la vigilancia de los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, los presupuestos de las entidades territoriales, aportes y donaciones nacionales e internacionales, así como recursos provenientes de operaciones de crédito público.
Cerca de $30 billones estarán en juego
La dimensión de la operación explica la decisión de la Contraloría.
De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional citadas por el organismo de control, la atención humanitaria, la rehabilitación y la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto representan recursos cercanos a $30 billones.
Estos recursos no corresponden necesariamente a un único fondo ni significan que todo el dinero haya sido desembolsado. Se trata de una estimación del conjunto de recursos que podrían movilizarse para atender la emergencia, recuperar la infraestructura y reconstruir los territorios afectados.
Precisamente por el volumen de recursos involucrados, la Contraloría pretende establecer mecanismos de seguimiento desde las primeras etapas de ejecución.
La trazabilidad de cada peso
Uno de los principales objetivos del nuevo esquema será garantizar la trazabilidad integral de los recursos.
Esto significa que la Contraloría buscará identificar de dónde proviene cada recurso, cuál es su destinación, qué entidad está encargada de ejecutarlo, qué contratos se suscriben y quiénes son los beneficiarios.
El seguimiento también incluirá la supervisión de los contratos, la entrega de ayudas y el avance físico y financiero de los proyectos.
La intención es detectar posibles riesgos antes de que se produzcan pérdidas de recursos públicos.
Un nuevo modelo de control fiscal
El contralor general, Jorge Laverde Vargas, señaló que la estrategia representa lo que denominó una "Cuarta Generación del Control Fiscal".
La idea consiste en utilizar herramientas de análisis de datos, observatorios sectoriales y sistemas de alertas tempranas para identificar patrones que puedan indicar riesgos en la ejecución de los recursos.
La Contraloría también aseguró que combinará estas herramientas tecnológicas con revisión humana.
El propósito es que el control fiscal no se limite a investigar irregularidades una vez que los recursos hayan sido utilizados, sino que pueda advertir oportunamente sobre posibles problemas durante la ejecución.
16 departamentos estarán bajo vigilancia
El plan comprende 16 departamentos incluidos dentro de la declaratoria de emergencia relacionada con el terremoto.
Entre ellos están Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander.
En estos territorios se concentrarán diferentes proyectos de atención humanitaria, rehabilitación, reconstrucción de infraestructura y recuperación de actividades económicas y sociales.
La vigilancia deberá abarcar tanto los recursos administrados directamente por entidades nacionales como aquellos ejecutados por gobernaciones y alcaldías.
La ciudadanía también podrá denunciar
La Contraloría señaló que las alertas y denuncias provenientes de la ciudadanía y del Congreso relacionadas con la utilización de los recursos de la emergencia recibirán atención prioritaria.
Esto abre un canal adicional de control sobre los proyectos de reconstrucción, especialmente en los territorios donde las comunidades podrán identificar directamente retrasos, obras inconclusas o posibles irregularidades.
El organismo fiscal también anunció que mantendrá presencia en los territorios para realizar seguimiento a la ejecución de los recursos.
La reconstrucción todavía está en una etapa inicial
La decisión de la Contraloría ocurre mientras el Gobierno avanza en la estructuración del plan general de recuperación de las zonas afectadas.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó este miércoles que ya terminó la versión preliminar del Plan de Acción Específico para la Recuperación, después de analizar cerca de 950.000 datos, 94 informes situacionales y realizar más de 100 reuniones técnicas.
El documento será presentado el próximo 14 de octubre ante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para su revisión y eventual aprobación.
Una vez aprobado, deberá convertirse en la hoja de ruta para las acciones de recuperación y reconstrucción que serán ejecutadas por diferentes entidades del Estado.
El reto será evitar que la reconstrucción pierda recursos
La experiencia colombiana con grandes proyectos de reconstrucción ha mostrado que la ejecución de recursos públicos después de una emergencia puede enfrentar dificultades relacionadas con contratación, retrasos, sobrecostos y falta de coordinación institucional.
Por eso, el seguimiento desde las primeras etapas puede convertirse en una herramienta importante para reducir riesgos.
La Contraloría sostiene que el objetivo no es sustituir a las entidades responsables de ejecutar los proyectos, sino supervisar el manejo de los recursos y advertir sobre posibles riesgos fiscales.
Un control que se extenderá durante el cuatrienio
El plan de vigilancia tendrá alcance durante el periodo 2026-2030, lo que permitirá acompañar las diferentes etapas del proceso de recuperación.
Esto significa que el control fiscal no se limitará a la fase inicial de atención de la emergencia, sino que podrá extenderse a los proyectos de reconstrucción que se desarrollen durante los próximos años.
La dimensión del terremoto y los recursos involucrados hacen que el seguimiento sea una de las principales tareas institucionales durante el proceso de recuperación.
Para las comunidades afectadas, el desafío será que los recursos lleguen efectivamente a las necesidades identificadas y que la reconstrucción se traduzca en viviendas, infraestructura, servicios y oportunidades de recuperación económica.
Para el Estado, el reto será demostrar que los cerca de $30 billones estimados pueden ejecutarse con transparencia, eficiencia y resultados verificables.