Gobierno busca retirar el seguimiento de la ONU a la reforma rural del Acuerdo de Paz
El Consejo de Seguridad votará el 31 de octubre la continuidad de la Misión de Verificación y el alcance de sus funciones.
El Gobierno colombiano busca modificar el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para que deje de hacer seguimiento a la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las antiguas FARC-EP. La iniciativa abre un nuevo capítulo en la relación entre la administración del presidente Abelardo de la Espriella y los mecanismos internacionales encargados de acompañar la implementación del acuerdo.
La discusión llegará al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 31 de octubre, cuando sus 15 integrantes deberán decidir si renuevan por un año el mandato de la misión y cuáles serán sus funciones. Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre la propuesta del Gobierno colombiano.
Una negociación que trasciende el ámbito nacional
La Misión de Verificación fue establecida en 2017 para acompañar aspectos específicos de la implementación del Acuerdo de Paz. Su trabajo ha permitido mantener un seguimiento internacional sobre los compromisos asumidos por el Estado colombiano, en un proceso que continúa enfrentando dificultades políticas, sociales y de seguridad.
De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el Ejecutivo busca que la misión abandone la supervisión de la reforma rural integral, uno de los componentes centrales del acuerdo. Este punto contempla, entre otros compromisos, la distribución de tierras a campesinos, la formalización de la propiedad rural y la transformación de las condiciones socioeconómicas de los territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
La discusión no se limita a una decisión administrativa. Modificar las funciones de la misión podría cambiar la forma en que la comunidad internacional observa y evalúa el cumplimiento de esos compromisos, especialmente en un contexto en el que persisten desafíos relacionados con el acceso a la tierra y la presencia institucional en las zonas rurales.
El antecedente que pesa sobre la decisión
Las negociaciones actuales tienen como antecedente la revisión del mandato realizada el año pasado, cuando el Consejo de Seguridad mantuvo la misión, pero redujo algunas de sus responsabilidades. Según las fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS, algunos países estarían dispuestos a aceptar nuevos ajustes para evitar que Estados Unidos bloquee la continuidad de la misión.
Sin embargo, las conversaciones siguen abiertas y no todos los escenarios están definidos. La posibilidad de mantener el seguimiento a la reforma rural continúa sobre la mesa, aunque su permanencia dependerá de las negociaciones entre los integrantes del Consejo de Seguridad.
Las cifras citadas en el debate muestran la magnitud de los compromisos pendientes: de los tres millones de hectáreas cuya adjudicación a campesinos se plantea en el marco de la reforma rural, el Estado habría entregado cerca de 75.000. En cuanto a la formalización de otros siete millones de hectáreas, los avances reportados alcanzarían aproximadamente 3,1 millones.
Estas cifras reflejan la distancia entre los objetivos pactados y su ejecución. También explican por qué la supervisión de la reforma rural constituye un asunto relevante dentro de la discusión sobre el futuro de la misión.
Lo que está en juego para la implementación del acuerdo
El resultado de la negociación será relevante para determinar qué aspectos del Acuerdo de Paz continuarán bajo seguimiento internacional. La reforma rural no representa únicamente un compromiso sobre la propiedad de la tierra: también está vinculada con las oportunidades económicas de las comunidades campesinas, el desarrollo territorial y las condiciones que pueden contribuir a reducir las causas históricas del conflicto.
Una eventual modificación del mandato no significaría, por sí sola, que los compromisos del acuerdo desaparezcan. No obstante, sí podría cambiar uno de los mecanismos internacionales de seguimiento de su implementación. Por ello, será importante distinguir entre la decisión sobre las funciones de la misión y las obligaciones que el Estado colombiano mantiene en virtud del acuerdo.
La decisión del 31 de octubre permitirá conocer hasta dónde llega el respaldo internacional a la continuidad de esas tareas. Mientras tanto, el debate plantea una pregunta central para Colombia: cómo avanzar en la implementación de los compromisos de paz y, al mismo tiempo, definir el alcance del acompañamiento internacional.