Colombia registra 97 masacres en 2026, la cifra más alta de la década
El balance, divulgado por EL PAÍS, refleja el impacto de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales y los desafíos de seguridad en varias regiones.
Colombia alcanzó 97 masacres y 376 víctimas en lo corrido de 2026 hasta comienzos de octubre, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) divulgadas por EL PAÍS este domingo 11 de octubre. El balance sitúa al año en el nivel más alto de la última década para este tipo de violencia y vuelve a poner en primer plano los desafíos de seguridad que enfrentan distintas regiones del país.
El registro comprende hechos en los que tres o más personas fueron asesinadas en un mismo episodio y se encontraban en estado de indefensión, según la definición utilizada para contabilizar estos casos. Las cifras reflejan la gravedad de los ataques colectivos y sus consecuencias sobre las comunidades, especialmente en zonas donde persisten disputas por el control territorial y las economías ilegales.
El dato no significa que todos los departamentos enfrenten la misma situación ni que exista una única causa detrás de los ataques. La distribución territorial de los casos, los responsables identificados y las circunstancias de cada hecho requieren análisis específicos para comprender cómo se está transformando la violencia.
Las disputas territoriales siguen marcando el panorama
Entre los factores asociados a la violencia en distintas regiones figuran los enfrentamientos y las disputas entre organizaciones armadas ilegales, incluidas estructuras vinculadas al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo. Estas organizaciones buscan mantener o ampliar su influencia sobre corredores estratégicos, actividades ilegales y comunidades.
En algunos territorios, el control criminal se relaciona con economías como el narcotráfico, la extorsión y otras fuentes de financiación ilegal. Las disputas pueden desencadenar ataques contra personas consideradas adversarias, integrantes de comunidades o víctimas de amenazas y retaliaciones.
Sin embargo, atribuir una masacre específica a un grupo armado requiere evidencia de cada caso y pronunciamientos de las autoridades competentes. La presencia de una organización en una región no basta, por sí sola, para responsabilizarla por todos los hechos violentos registrados allí.
Segovia, una nueva señal de alarma
Uno de los episodios recientes citados en la cobertura ocurrió en Segovia, Antioquia, donde tres personas fueron asesinadas en circunstancias que incluyeron señales de tortura, según la información publicada por EL PAÍS. El caso ilustra la brutalidad de algunos ataques y la preocupación por la seguridad de las comunidades en zonas donde confluyen distintas dinámicas criminales.
Los hechos violentos tienen consecuencias que van más allá del número de víctimas mortales. Los habitantes pueden experimentar miedo, restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado y desconfianza frente a las instituciones. Cuando los ataques se producen en comunidades pequeñas, el impacto también puede afectar las actividades económicas, educativas y sociales.
Para establecer las circunstancias de cada episodio, las investigaciones judiciales deben esclarecer los motivos, identificar a los responsables y determinar si existieron amenazas previas o patrones de violencia relacionados con disputas territoriales.
El reto de la respuesta estatal
El aumento de las masacres plantea preguntas sobre la capacidad de las autoridades para anticipar riesgos, proteger a la población y garantizar que las investigaciones conduzcan a resultados judiciales. La respuesta no depende únicamente de operaciones militares o policiales: también requiere alertas tempranas, protección de líderes sociales, presencia institucional y acceso a servicios públicos en las zonas más vulnerables.
Los organismos de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre los efectos de la fragmentación de los grupos armados y las disputas por el control de territorios. Cuando las organizaciones se dividen, cambian de alianzas o compiten por rentas ilegales, las comunidades pueden quedar expuestas a nuevas formas de intimidación.
La efectividad de las políticas de seguridad debe evaluarse con indicadores verificables: reducción de ataques, protección de la población, esclarecimiento judicial y recuperación de condiciones para la vida cotidiana. El número de operaciones realizadas, por sí solo, no permite establecer si los riesgos para las comunidades han disminuido.
Un balance que exige seguimiento
Las 97 masacres registradas hasta comienzos de octubre constituyen una señal grave sobre la persistencia de la violencia colectiva en Colombia. No obstante, para comprender la evolución del fenómeno será necesario seguir la actualización de las cifras, la distribución de los casos por departamento y los avances de las investigaciones.
También será importante examinar si las autoridades adoptan medidas específicas en las zonas con mayores riesgos y si esas acciones producen mejoras sostenidas en la protección de la población.
El balance divulgado este 11 de octubre devuelve la seguridad territorial al centro de la discusión nacional. Más allá de la cifra acumulada, el desafío consiste en impedir nuevos ataques, esclarecer los hechos y garantizar que las comunidades puedan desarrollar su vida sin quedar atrapadas en las disputas de las organizaciones armadas.