ONU alerta sobre riesgos para la implementación de la paz en Colombia
El informe de António Guterres señala riesgos para los firmantes de paz y plantea dudas sobre la continuidad de los compromisos durante el nuevo Gobierno.
La implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP enfrenta nuevos desafíos en materia de seguridad, financiación y continuidad institucional. Así lo advirtió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, correspondiente al período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026.
El documento examina los primeros meses del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y plantea interrogantes sobre la forma en que la nueva administración dará continuidad a los compromisos establecidos hace casi una década. Aunque el Ejecutivo ha manifestado su intención de respetar la Constitución y las obligaciones jurídicas derivadas del acuerdo, Guterres señaló que todavía no ha definido plenamente su enfoque para implementarlo.
El secretario general insistió en que los próximos años serán decisivos para consolidar los avances alcanzados. También sostuvo que el acuerdo puede contribuir a objetivos que el propio Gobierno considera prioritarios, como reducir la violencia y ampliar la presencia del Estado en los territorios.
Cambios en la política de seguridad
Uno de los puntos centrales del informe es la transformación de la estrategia gubernamental frente a los grupos armados ilegales. Desde el inicio de la nueva administración, el Gobierno puso fin a los procesos de diálogo con esas organizaciones y reforzó las operaciones militares, con énfasis en el control territorial y la captura de sus principales dirigentes.
Según el informe reseñado por la agencia EFE, durante el período analizado se reportaron operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en agosto. En esos enfrentamientos se registraron 36 muertos, cinco de ellos adolescentes de entre 15 y 16 años, de acuerdo con la información recogida por la misión.
Estos hechos reflejan la complejidad del escenario de seguridad: mientras el Gobierno busca debilitar militarmente a las organizaciones armadas, persisten riesgos para la población civil y para los avances relacionados con la construcción de paz.
La advertencia de la ONU no equivale a afirmar que toda operación militar contradiga el Acuerdo de Paz. El punto de preocupación es cómo las decisiones de seguridad se articulan con los compromisos de implementación, la protección de las comunidades y la prevención de nuevas dinámicas de violencia.
La reincorporación sigue siendo un desafío
El informe también destaca la situación de más de 11.000 excombatientes que continúan en procesos de reincorporación a la vida civil. Para las Naciones Unidas, garantizar la financiación adecuada, la seguridad y la sostenibilidad de estos procesos es fundamental para evitar que antiguos integrantes de grupos armados queden expuestos a nuevas formas de violencia o al reclutamiento por otras organizaciones.
La misión verificó el asesinato de ocho antiguos combatientes de las FARC durante el trimestre estudiado, seis de ellos en agosto. Con estos casos, el número de exintegrantes de esa guerrilla asesinados en lo corrido de 2026 ascendió a 13, según el informe.
Estas cifras ponen de relieve que la reincorporación no depende únicamente de la firma de compromisos o de la existencia de programas institucionales. También requiere condiciones que permitan desarrollar proyectos productivos, acceder a oportunidades económicas y permanecer en los territorios sin amenazas contra la vida.
La falta de garantías puede debilitar la confianza en el proceso y dificultar que quienes dejaron las armas consoliden una vida fuera del conflicto. Por eso, la ONU considera que la financiación y la protección de los excombatientes deben mantenerse entre las prioridades de las autoridades.
El papel del acompañamiento internacional
El informe será presentado el 12 de octubre ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se examinará la situación de la implementación del acuerdo y el trabajo de la Misión de Verificación. La discusión tendrá lugar en un momento relevante para definir la continuidad del acompañamiento internacional y evaluar las condiciones en las que avanza el proceso.
Guterres destacó la resiliencia de las instituciones y de la sociedad colombiana, al tiempo que reiteró la importancia de mantener la cooperación entre el Gobierno y las Naciones Unidas. La organización sostiene que el acuerdo puede contribuir a la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial, siempre que sus compromisos se traduzcan en acciones concretas.
El debate no se limita a la relación entre el Gobierno y los organismos internacionales. También afecta a las comunidades rurales, las víctimas del conflicto, los firmantes de paz y las instituciones responsables de llevar los compromisos a la práctica.
El desafío para Colombia consiste en definir una estrategia de seguridad capaz de responder a las amenazas actuales sin abandonar las medidas que buscan impedir la reproducción de la violencia. La evolución de la política gubernamental, los recursos destinados a la reincorporación y las garantías para los antiguos combatientes serán factores determinantes para evaluar la continuidad de los avances logrados desde 2016.