Glufosinato: la alternativa al glifosato que genera preocupación en Colombia
La eventual aspersión aérea enfrenta cuestionamientos técnicos, ambientales y judiciales antes de cualquier autorización definitiva.
Una nueva sustancia en el debate antidrogas
Colombia vuelve a debatir el uso de herbicidas para combatir los cultivos ilícitos. Esta vez, el centro de la discusión es el glufosinato de amonio, una sustancia que el Gobierno de Abelardo de la Espriella pretende evaluar como alternativa al glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos de coca.
En un artículo publicado el 12 de octubre de 2026, EL PAÍS recogió las advertencias de especialistas sobre los posibles riesgos de esta sustancia y las dudas acerca de su eficacia en las condiciones particulares de las plantaciones de coca en Colombia.
La iniciativa gubernamental busca explorar herramientas para enfrentar la producción de coca, pero su eventual aplicación plantea preguntas sobre la seguridad de las comunidades rurales, la protección de las fuentes de agua y los efectos sobre la vegetación que no es objeto de erradicación.
El punto central no es únicamente si el producto puede eliminar las plantas. También es necesario determinar cómo actúa, cuánto tiempo permanece en el ambiente, qué ocurre cuando alcanza cultivos vecinos y qué nivel de exposición podrían experimentar las personas y los animales.
¿En qué se diferencia del glifosato?
Aunque ambos son herbicidas no selectivos —es decir, pueden afectar diferentes tipos de plantas—, el glufosinato de amonio y el glifosato actúan de manera distinta.
El glifosato es un herbicida sistémico: la planta lo absorbe y lo transporta hacia otros tejidos, incluidas las raíces. El glufosinato, por su parte, actúa principalmente sobre los tejidos vegetales verdes con los que entra en contacto y puede producir daños visibles en las hojas en menos tiempo.
Esta diferencia es importante para la erradicación de la coca. Los arbustos pueden volver a desarrollar follaje después de perder sus hojas, por lo que el efecto inicial de un herbicida no necesariamente equivale a la eliminación duradera de la planta.
En un análisis publicado por Mongabay Latam el 6 de octubre, especialistas señalaron que el glufosinato podría tener una eficacia limitada frente a arbustos de coca si no afecta suficientemente sus estructuras de crecimiento. El artículo también advierte que la necesidad de repetir aplicaciones podría incrementar los costos y la exposición ambiental.
No obstante, la eficacia real no puede determinarse únicamente a partir del mecanismo químico. Se necesitan ensayos específicos que permitan evaluar las dosis, las condiciones del terreno, el comportamiento de las plantas y los resultados a mediano plazo.
Las preguntas sobre la salud humana
La toxicidad es uno de los aspectos más sensibles del debate. El glufosinato puede producir efectos adversos cuando existe exposición suficiente, y la gravedad depende de factores como la dosis, la formulación, la vía de contacto y las condiciones de uso.
La ingestión accidental, por ejemplo, plantea riesgos diferentes a los que supone una exposición ambiental de menor intensidad. Por eso, los resultados de estudios toxicológicos no deben extrapolarse automáticamente a todos los escenarios de aspersión.
En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) señaló en una información publicada por Noticias RCN el 3 de octubre que todavía no había emitido el concepto favorable requerido para el plan piloto. La entidad explicó que debía evaluar los posibles riesgos para la población a partir de información técnica sobre la sustancia, su formulación y las condiciones previstas de aplicación.
Esta valoración resulta esencial porque las comunidades rurales pueden estar expuestas no solo durante una aspersión, sino también por el contacto con superficies tratadas, el agua o la vegetación afectada. Determinar la magnitud de esos riesgos requiere información específica sobre la exposición y las condiciones locales.
Por ahora, las advertencias de los especialistas justifican una evaluación rigurosa, pero no deben confundirse con una medición definitiva del riesgo que produciría cualquier aplicación posible. La concentración utilizada, las condiciones meteorológicas y los controles operativos pueden modificar los resultados.
El ambiente también está en el centro de la discusión
La preocupación ambiental se relaciona con el carácter no selectivo del herbicida. Si el producto alcanza plantas que no forman parte de los cultivos que se pretende eliminar, puede afectar vegetación utilizada para la alimentación, la protección del suelo o el sostenimiento de los ecosistemas.
El comportamiento del glufosinato en el suelo y el agua también depende de las características del terreno y de las condiciones ambientales. Su solubilidad y movilidad hacen necesario estudiar la posibilidad de desplazamiento hacia cuerpos de agua, especialmente cuando se considera una aplicación aérea sobre superficies extensas.
En territorios como Putumayo, donde conviven áreas agrícolas, bosques, fuentes hídricas y comunidades rurales, la evaluación debe considerar las características concretas del lugar en el que se pretende realizar una prueba.
La deriva es otro factor relevante: el viento puede desplazar las gotas de una aspersión fuera del área prevista. La magnitud de ese fenómeno depende del equipo utilizado, el tamaño de las gotas, la altura de aplicación y las condiciones meteorológicas.
Por eso, un plan de manejo ambiental debe establecer medidas verificables para proteger a las personas, los cultivos vecinos, los ecosistemas y las fuentes de agua. También debe contemplar mecanismos de seguimiento y respuesta ante posibles afectaciones.
Un plan piloto con obstáculos judiciales
El Gobierno había planteado un programa piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en un máximo de 1.000 hectáreas durante siete días, con el propósito de reunir evidencia técnica sobre su uso contra los cultivos ilícitos.
Sin embargo, la iniciativa encontró obstáculos judiciales. En septiembre, un juez de Puerto Asís, Putumayo, ordenó suspender la ejecución del piloto mientras se recopilaba información relacionada con los posibles efectos sobre derechos fundamentales, entre ellos la salud, el acceso al agua y el ambiente sano.
Posteriormente, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió los recursos de impugnación presentados contra esa decisión, según informó El País el 1 de octubre. La concesión de una impugnación no significa, por sí sola, que la suspensión haya quedado levantada ni que el programa esté autorizado para comenzar.
Además de la situación judicial, el proceso depende de las evaluaciones técnicas y sanitarias exigidas por las autoridades competentes. En consecuencia, la aprobación política de un programa no equivale a una autorización definitiva para ejecutar las aspersiones.
El antecedente del glifosato
La discusión actual también está marcada por la experiencia colombiana con el glifosato. El país utilizó durante décadas la aspersión aérea como instrumento de erradicación de cultivos ilícitos, pero la medida fue objeto de controversias sanitarias, ambientales y jurídicas.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, vinculada a la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para los seres humanos. Esta clasificación identifica un peligro potencial y no significa que toda exposición produzca cáncer: el riesgo concreto depende de la intensidad, la duración y las condiciones de exposición.
La reanudación de las aspersiones aéreas ha enfrentado requisitos legales y ambientales. Por ello, la propuesta de utilizar glufosinato no elimina automáticamente las obligaciones de evaluación, control y protección de las comunidades.
El antecedente también demuestra la importancia de contar con información independiente y mecanismos transparentes para evaluar los resultados de cualquier política de erradicación.
¿Qué debe ocurrir antes de una eventual aplicación?
La discusión exige respuestas concretas de las autoridades. Entre los elementos que deben examinarse están la eficacia del producto sobre las plantas de coca, los riesgos para la salud humana, el posible impacto sobre ecosistemas y fuentes de agua, y la capacidad de prevenir la deriva durante las aspersiones.
También es necesario conocer qué medidas de monitoreo se aplicarían, cómo se informarían los resultados y qué mecanismos tendrían las comunidades para reportar posibles afectaciones.
La evaluación debe permitir comparar la efectividad y los costos de distintas estrategias, incluida la erradicación manual y otras alternativas que no dependan de la dispersión de herbicidas sobre grandes extensiones.
El objetivo de combatir los cultivos ilícitos no elimina la obligación de demostrar que las herramientas empleadas cumplen los requisitos legales y cuentan con controles adecuados. La eficacia de una política antidrogas debe medirse tanto por sus resultados como por sus consecuencias para la población y el territorio.
Una decisión que requiere evidencia
El glufosinato de amonio se ha convertido en una nueva pieza de la discusión colombiana sobre la erradicación de cultivos de coca. La propuesta busca evaluar una alternativa al glifosato, pero los especialistas consultados por distintos medios han señalado interrogantes sobre su efectividad, su toxicidad y su comportamiento ambiental.
La respuesta no puede depender exclusivamente de las expectativas del Gobierno ni de las advertencias aisladas de sus críticos. Requiere estudios técnicamente sólidos, evaluación sanitaria independiente, controles ambientales y claridad sobre el estado de los procedimientos judiciales.
Hasta que esos elementos estén establecidos, la sustancia debe analizarse como una alternativa en evaluación y no como una solución demostrada para la erradicación de cultivos ilícitos.