Contraloría cuestiona las cuentas de 35 entidades públicas

La Contraloría General de la República identificó deficiencias materiales en los estados financieros de 35 entidades públicas y una empresa estatal correspondientes a la vigencia 2025. Entre los organismos señalados se encuentran la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los resultados forman parte de la auditoría al Balance General de la Nación, cuyo informe fue firmado el 26 de junio de 2026 y cuyos detalles volvieron a ser divulgados por medios económicos el 15 y 16 de octubre. El organismo de control encontró incorrecciones materiales y generalizadas que, en su evaluación, impiden considerar razonables y confiables los estados financieros individuales de las entidades calificadas negativamente.

La revisión abarcó la información consolidada de 356 entidades públicas nacionales. De ese universo, la Contraloría examinó individualmente 147, que representaban el 93,36 % de los activos auditados. El resultado pone el foco en la calidad de los registros contables de instituciones que administran recursos, activos y obligaciones de importancia para el funcionamiento del Estado.

Qué significa una opinión contable negativa

Una opinión negativa de auditoría no equivale automáticamente a declarar que una entidad perdió dinero, tiene patrimonio negativo o está al borde de la insolvencia. Se refiere a que las incorrecciones identificadas son suficientemente importantes y generalizadas como para que los estados financieros no representen de manera razonable su situación económica.

La diferencia es fundamental. Una entidad puede administrar activos de gran valor y, al mismo tiempo, presentar dificultades para registrar correctamente sus obligaciones, clasificar sus cuentas o conciliar la información de sus sistemas contables.

Estas deficiencias afectan la capacidad de los organismos de control, los responsables de la gestión pública y la ciudadanía para conocer con precisión qué recursos existen, qué obligaciones están pendientes y cuál es la situación financiera de cada institución.

La Contraloría también emitió una opinión con salvedades sobre el balance consolidado de la Nación, una calificación distinta de las opiniones negativas individuales. Esto significa que las incorrecciones detectadas en determinadas entidades no se consideraron generalizadas en el conjunto de las cuentas consolidadas nacionales.

La DIAN, bajo observación por sus registros contables

Uno de los casos más relevantes es el de la DIAN, responsable de administrar los impuestos nacionales y las operaciones aduaneras. Según los resultados divulgados sobre la auditoría, la entidad reportó activos por aproximadamente $49,1 billones y presentó incorrecciones contables por cerca de $5,94 billones.

El principal problema identificado estuvo relacionado con cuentas por cobrar y por pagar. La auditoría señaló 280.734 registros con saldos contrarios a su naturaleza contable, asociados a inconsistencias en el aplicativo MUISCA y a la falta de depuración administrativa de posibles errores en la información de los contribuyentes.

La magnitud de las diferencias no significa que esa suma corresponda necesariamente a dinero perdido o a recursos que el Estado no pueda recuperar. Se trata de incorrecciones contables cuyo alcance debe interpretarse según la naturaleza de los registros, las conciliaciones pendientes y las medidas correctivas que adopte la entidad.

No obstante, el caso tiene importancia para la gestión fiscal. Una información contable poco confiable dificulta el seguimiento de las cuentas por cobrar y por pagar y puede afectar la toma de decisiones administrativas y la rendición de cuentas.

La ANI y los desafíos de la contabilidad de infraestructura

La ANI, encargada de estructurar y gestionar proyectos de infraestructura de transporte bajo su competencia, también recibió una opinión negativa. La auditoría identificó problemas relacionados con el reconocimiento de obligaciones por aportes pendientes al Fondo de Contingencias Contractuales.

La información divulgada sobre el informe señala una incorrección de aproximadamente $6,36 billones en cuentas por pagar asociadas a esos aportes. Este tipo de registro resulta relevante porque las obligaciones vinculadas con contratos de infraestructura y concesiones pueden extenderse durante varios años y requieren un seguimiento financiero riguroso.

En una entidad que participa en proyectos de largo plazo, la correcta identificación de compromisos y pasivos es importante para estimar las necesidades futuras de financiación y evaluar los riesgos fiscales asociados a los contratos.

El resultado de la auditoría no permite concluir, por sí solo, que los proyectos de infraestructura estén paralizados o que exista una pérdida equivalente al valor de las incorrecciones. Sí evidencia la necesidad de revisar los registros señalados y determinar cómo se corregirán.

SENA, FOMAG y UNGRD: otras entidades señaladas

El informe también identificó deficiencias contables en otras instituciones con responsabilidades de alto impacto social y administrativo.

En el SENA, la auditoría señaló problemas en la depuración de cuentas por cobrar, así como observaciones sobre activos y provisiones relacionadas con litigios y demandas. La antigüedad de algunos saldos pendientes de depuración llamó la atención sobre la necesidad de actualizar los registros y mejorar el seguimiento de las obligaciones.

En el FOMAG, el fondo relacionado con las prestaciones sociales del magisterio, se identificaron problemas en la clasificación de provisiones asociadas a sanciones por mora, conciliaciones y fallos. Según los hallazgos divulgados, determinadas obligaciones se clasificaron de forma que no reflejaba adecuadamente su naturaleza contable.

En la UNGRD, la Contraloría encontró deficiencias en la presentación, revelación, trazabilidad y depuración de diferentes cuentas, entre ellas las relacionadas con activos, inventarios, pasivos e ingresos.

Estos hallazgos corresponden a situaciones distintas y no deben tratarse como si fueran un único problema. Cada entidad requiere medidas correctivas ajustadas a la naturaleza de sus registros, a sus sistemas de información y a sus obligaciones legales.

El desafío de corregir las cuentas públicas

La publicación de una opinión negativa es un elemento de control, pero su utilidad depende de las acciones posteriores. Las entidades deben revisar las observaciones, corregir los registros cuando corresponda, fortalecer sus controles internos y documentar las medidas adoptadas para evitar que los problemas se repitan.

También es necesario distinguir entre errores de clasificación, diferencias por conciliaciones pendientes, omisiones de obligaciones y situaciones que puedan tener otras implicaciones administrativas o fiscales. No todas las incorrecciones tienen el mismo origen ni producen las mismas consecuencias.

Para la ciudadanía, la calidad de los estados financieros es una condición básica de la transparencia. Las cuentas públicas permiten hacer seguimiento al patrimonio estatal, las obligaciones, los recursos administrados y los compromisos de cada organismo. Cuando esa información presenta deficiencias materiales, la rendición de cuentas se vuelve más difícil y las decisiones públicas pueden apoyarse en cifras incompletas o poco confiables.

El resultado de la auditoría plantea, por tanto, un reto que va más allá de una calificación negativa: lograr que las entidades dispongan de información financiera verificable, actualizada y coherente con su realidad económica.

La atención estará puesta en las respuestas de los organismos señalados, las correcciones que implementen y los resultados de futuras auditorías. Solo ese seguimiento permitirá determinar si las observaciones se subsanan y si mejoran los sistemas de control y registro contable del Estado.