Cerro Matoso opera a media capacidad y reporta un impacto de $90.000 millones
La minera atribuye la reducción a menores entregas frente al volumen contratado con Canacol Energy y reporta impactos en la producción, el empleo y los ingresos públicos.
Cerro Matoso, una de las principales operaciones de producción de ferroníquel de Colombia, completó dos meses trabajando al 50 % de su capacidad debido a las restricciones en el suministro de gas natural que atribuye a Canacol Energy. La compañía, ubicada en Montelíbano, Córdoba, informó el martes 13 de octubre de 2026 que la situación ha reducido su producción y afectado a trabajadores, contratistas y proveedores vinculados con su actividad.
De acuerdo con las cifras divulgadas por la minera, desde comienzos de agosto opera con una sola de sus dos líneas de producción. La segunda permanece en un régimen de preservación, que mantiene el horno eléctrico con la energía mínima necesaria para proteger su integridad y permitir una eventual reactivación.
La empresa calcula que ha dejado de producir aproximadamente 2.400 toneladas de níquel durante estos dos meses, equivalentes a cerca de 40 toneladas diarias. La reducción representa menores ingresos superiores a US$33 millones para la compañía.
El impacto no se limita a la producción industrial. La disminución de la actividad también afecta las compras de bienes y servicios, la contratación de proveedores y los recursos que recibe el Estado por concepto de impuestos y regalías.
El suministro de gas, en el centro de la controversia
Cerro Matoso atribuye la reducción de su operación a las restricciones en las entregas de gas natural frente a los volúmenes que afirma tener contratados con Canacol Energy.
Según la compañía minera, el contrato contempla un suministro de 16.000 MBTUD diarios y permanece vigente hasta 2029. Sin embargo, asegura que las entregas se han reducido significativamente y que ha llegado a recibir menos de una quinta parte del volumen contratado.
El gas constituye un insumo relevante para mantener los procesos industriales de la operación. La limitación del suministro obligó a la empresa a reducir la actividad de sus instalaciones y mantener una de sus líneas de producción en condiciones de preservación.
La situación se desarrolla en medio de dificultades financieras y contractuales relacionadas con Canacol Energy, empresa del sector de exploración y producción de gas natural. No obstante, para establecer con precisión las responsabilidades contractuales y jurídicas de cada parte es necesario consultar los documentos correspondientes y las respuestas oficiales de las compañías involucradas.
Por ahora, las cifras sobre el suministro y sus consecuencias operativas corresponden a la información divulgada por Cerro Matoso. La verificación independiente de las condiciones contractuales resulta fundamental para comprender el alcance de la controversia.
Un impacto económico que alcanza a Córdoba
La compañía estima que la reducción de su operación representa un impacto económico de aproximadamente $1.500 millones diarios para Colombia. En dos meses, esa cifra se acerca a los $90.000 millones.
El cálculo presentado por la empresa está relacionado principalmente con menores impuestos y regalías, así como con las compras de bienes y servicios que han dejado de realizarse durante el periodo de actividad reducida.
En el ámbito laboral, Cerro Matoso informó que cerca de 600 trabajadores y contratistas se han visto afectados por la situación. La disminución de la actividad también repercute en proveedores y negocios que participan en la cadena de abastecimiento de la operación minera.
El efecto adquiere especial importancia en el sur de Córdoba, donde la empresa lleva más de cuatro décadas desarrollando actividades industriales y programas sociales con comunidades vecinas. Según sus propias estimaciones, alrededor de 50.000 personas dependen directa o indirectamente de su operación.
Esta última cifra incluye dependencias económicas indirectas y no debe interpretarse como el número de empleos directos de la compañía. Sin embargo, permite dimensionar la relevancia regional de la actividad minera y la preocupación por una posible prolongación de las restricciones.
La operación busca evitar un deterioro mayor
Cerro Matoso solicitó la intervención de diferentes entidades nacionales, entre ellas los ministerios de Minas y Energía y del Trabajo, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las superintendencias de Sociedades y de Servicios Públicos Domiciliarios.
La compañía pidió que las autoridades evalúen conjuntamente la situación y busquen medidas que permitan normalizar el suministro y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La preocupación se relaciona tanto con las pérdidas económicas acumuladas como con las condiciones necesarias para preservar los equipos industriales. La segunda línea permanece bajo un régimen de conservación para evitar daños y mantener abierta la posibilidad de reanudar su funcionamiento.
La evolución del suministro de gas será determinante para establecer si la empresa puede recuperar su capacidad productiva o si deberá prolongar las restricciones. También será necesario observar cómo evoluciona la relación contractual entre las compañías y qué medidas adoptan las autoridades competentes.
Una situación que pone a prueba la seguridad energética industrial
El caso de Cerro Matoso muestra cómo las limitaciones en el suministro de un insumo energético pueden afectar la continuidad de una actividad industrial, sus ingresos y la economía de la región donde opera.
La situación también plantea preguntas sobre la confiabilidad de los contratos de suministro, la gestión de riesgos en las cadenas industriales y la capacidad de las empresas para responder a restricciones prolongadas de energía.
No obstante, el episodio no permite concluir por sí solo que exista una crisis generalizada en toda la industria minera colombiana. Su alcance inmediato corresponde a una operación específica y a las condiciones contractuales y operativas que han llevado a reducir su producción.
El siguiente paso será conocer si se alcanza un acuerdo que permita normalizar las entregas de gas, si las autoridades intervienen y si la empresa logra reactivar su segunda línea de producción. Esos acontecimientos permitirán evaluar la evolución de una situación que ya tiene consecuencias reportadas sobre la producción de níquel, los ingresos empresariales y la actividad económica del sur de Córdoba.