Buenaventura frena cobro a la carga y prioriza obras viales
La decisión fue anunciada tras una reunión entre la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para impulsar soluciones de infraestructura y movilidad.
Buenaventura no aplicará el cobro por circulación de carga establecido en el Decreto Distrital 0338 de 2026, una medida que había generado preocupación entre empresarios, transportadores y actores del comercio exterior. La decisión fue anunciada el 14 de octubre por la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, después de una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en la que las autoridades acordaron concentrar esfuerzos en mejorar la infraestructura vial y la operación logística del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.
El decreto establecía un precio público de $4.235 por tonelada de mercancía transportada desde o hacia las terminales portuarias de Buenaventura. Aunque la administración distrital había defendido que los recursos se destinarían a proyectos de movilidad e infraestructura, la iniciativa despertó cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los costos de la cadena logística y la competitividad del puerto.
La suspensión de la aplicación del cobro modifica el escenario para las empresas que movilizan mercancías por esta zona estratégica del país. Sin embargo, no resuelve por sí sola los problemas de congestión, los tiempos de espera de los camiones ni las necesidades de inversión en las vías de acceso.
Una medida que generó preocupación en el sector logístico
La discusión sobre el cobro comenzó con la expedición del Decreto 0338, el 26 de agosto de 2026. La Alcaldía planteó el mecanismo como una alternativa para obtener recursos destinados a mejorar la infraestructura vial afectada por el tránsito de vehículos pesados.
La administración distrital sostuvo que el cobro recaería sobre los propietarios de la carga y no directamente sobre los conductores o las empresas transportadoras. No obstante, los gremios advirtieron que un nuevo costo asociado al movimiento de mercancías podía trasladarse a distintos participantes de la cadena comercial y afectar la competitividad de las operaciones portuarias.
La preocupación tiene una dimensión nacional. Buenaventura es un punto fundamental para el comercio exterior colombiano, pues conecta al país con los mercados de la cuenca del Pacífico y sirve como puerta de entrada y salida de mercancías. Por ello, cualquier modificación de los costos o de los tiempos de operación puede tener repercusiones para importadores, exportadores, transportadores y consumidores.
La decisión de no aplicar el decreto se produjo después de las conversaciones entre las autoridades locales, el Gobierno nacional y representantes de los sectores económicos. Con el anuncio, la prioridad pasa a ser la búsqueda de soluciones de infraestructura y movilidad.
Obras para mejorar la conexión con el puerto
Durante la reunión del 14 de octubre, el Ministerio de Transporte informó que se destrabaron nueve de las 21 unidades funcionales del corredor Buga-Buenaventura, incluida la vía alterna interna. El Gobierno señaló que el corredor se encuentra en obra y que el objetivo es avanzar en los componentes pendientes para mejorar la conexión entre el puerto y el interior del país.
Las unidades funcionales son segmentos o componentes en los que se organiza el desarrollo de un proyecto de infraestructura. Que nueve hayan sido destrabadas significa que se reportaron avances para permitir su desarrollo; no equivale a que esas obras estén terminadas o en funcionamiento.
La agenda acordada también contempla priorizar las intervenciones en los accesos portuarios y avanzar en la reconstrucción de carreteras afectadas por el terremoto. Estas acciones buscan facilitar la entrada y salida de mercancías, disminuir las demoras y mejorar la movilidad de los habitantes del distrito.
La ministra de Transporte destacó que la articulación entre el Gobierno nacional y la administración local es necesaria para atender los obstáculos que afectan tanto a la operación portuaria como a la vida cotidiana de la población.
El reto de reducir los costos logísticos
Las demoras en los corredores de acceso pueden aumentar los costos de transporte por el tiempo que los vehículos permanecen detenidos, el consumo de combustible, la utilización de equipos y la programación de las operaciones. Estos factores afectan la eficiencia de la cadena logística incluso cuando no existe un cobro adicional por tonelada de carga.
Por esa razón, la suspensión del decreto elimina el costo previsto en la medida, pero el impacto definitivo dependerá de que las obras y los compromisos anunciados se traduzcan en mejoras concretas. Para los actores del comercio exterior, el resultado más importante será contar con tiempos de desplazamiento más previsibles, vías en mejores condiciones y procesos de acceso al puerto que reduzcan los retrasos.
También será necesario establecer mecanismos de seguimiento que permitan conocer los avances de las obras, los recursos comprometidos, los cronogramas y los resultados sobre la movilidad. Sin información verificable sobre estos indicadores, será difícil determinar si las medidas acordadas están produciendo mejoras sostenibles.
Una decisión que abre una nueva etapa de negociación
El anuncio representa un cambio en la discusión sobre cómo financiar las soluciones de movilidad de Buenaventura. La Alcaldía había defendido el cobro como una fuente de recursos para atender los efectos del tráfico pesado, mientras que distintos sectores expresaron inquietudes sobre sus posibles consecuencias económicas.
Con la decisión de no aplicarlo, las autoridades deberán avanzar en alternativas que permitan atender las necesidades de infraestructura sin añadir el costo previsto a la circulación de carga. La coordinación entre el Distrito, el Ministerio de Transporte, los gremios y las empresas portuarias será determinante para convertir los anuncios en obras y resultados medibles.
Buenaventura enfrenta un desafío que va más allá de un decreto: mejorar la conectividad de uno de los principales nodos del comercio exterior colombiano y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de movilidad de sus habitantes. La suspensión del cobro es un primer cambio en la medida discutida; el resultado de fondo dependerá de la ejecución de los proyectos pendientes y de la capacidad institucional para mantenerlos en marcha.