Fiscalía captura a cuatro policías investigados por la muerte de Donovan Balanta en Bogotá
La Fiscalía investiga a siete uniformados por presunto uso desproporcionado de la fuerza, abuso de autoridad y omisión de socorro.
La Fiscalía General de la Nación capturó a cuatro de los siete policías investigados por la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrocolombiano de 34 años que falleció el 20 de septiembre de 2026 después de un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá. El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, la actuación de los uniformados y las garantías de protección de los derechos humanos durante los operativos de seguridad.
La captura, reportada por medios nacionales el lunes 19 de octubre, representa un nuevo avance en la investigación penal. Según la información publicada por EL PAÍS, los agentes son investigados por presuntos delitos relacionados con el uso desproporcionado de la fuerza, el abuso de autoridad y la omisión de socorro.
Las actuaciones judiciales buscan establecer las responsabilidades individuales de los uniformados. La captura y la investigación no equivalen a una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso correspondiente, con respeto por la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Los hechos bajo investigación
Balanta murió después de ser detenido durante un procedimiento policial en Caracolí. Videos grabados por residentes y difundidos posteriormente muestran a varios uniformados rodeándolo, golpeándolo y utilizando dispositivos eléctricos durante la intervención.
De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el hombre fue trasladado inconsciente a una estación policial y posteriormente a un centro hospitalario, donde ingresó sin signos vitales. Medicina Legal determinó que las descargas eléctricas provocaron una arritmia cardíaca fatal, según el reporte periodístico.
La investigación debe establecer las circunstancias exactas de la intervención, las actuaciones de cada uniformado y si se cumplieron los protocolos aplicables al uso de la fuerza y a la atención de una persona bajo custodia.
La familia de Balanta y organizaciones que acompañan el caso han cuestionado la actuación policial y han pedido que se esclarezcan los hechos. Sus denuncias también han puesto sobre la mesa la posible existencia de un componente de discriminación racial, una cuestión que requiere investigación y evidencia específica para establecer responsabilidades.
El debate sobre el uso de la fuerza
El caso vuelve a situar en el centro de la discusión pública los límites de la actuación policial durante procedimientos de seguridad. Los agentes pueden emplear la fuerza en determinadas circunstancias previstas por la ley, pero su utilización debe responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Cuando una persona queda reducida o bajo control de las autoridades, la obligación de proteger su integridad física adquiere especial importancia. La investigación deberá determinar si la actuación de los uniformados se ajustó a esas obligaciones y si se prestó asistencia oportuna cuando Balanta necesitó atención médica.
El esclarecimiento de estos hechos no depende únicamente de las imágenes que circulan públicamente. También requiere examinar los informes policiales, los registros médicos, las pruebas forenses, los testimonios y las demás evidencias incorporadas al proceso.
Las denuncias de discriminación racial
La familia y personas cercanas a Balanta han denunciado que su muerte debe examinarse también desde la perspectiva de la posible violencia racial. El debate se relaciona con las experiencias de comunidades afrocolombianas que han denunciado tratos discriminatorios durante procedimientos policiales.
Estas acusaciones deben investigarse con rigor, sin anticipar conclusiones que correspondan a las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, su existencia hace relevante examinar si hubo patrones de trato diferenciado y qué mecanismos de supervisión pueden prevenir abusos.
La Defensoría del Pueblo ha manifestado su disposición a acompañar el caso, según el reporte de EL PAÍS. La intervención de organismos de protección de derechos humanos puede contribuir al seguimiento institucional y a la atención de las preocupaciones de la familia.
Lo que sigue en el proceso judicial
La investigación tendrá que establecer las responsabilidades de los agentes implicados y determinar si existen elementos suficientes para avanzar en las distintas etapas del proceso penal. También será importante conocer la situación procesal de los otros tres policías investigados y las decisiones que adopte la Fiscalía frente a cada uno.
Para la familia de Balanta, el objetivo es que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que las posibles responsabilidades no queden sin respuesta. Para las instituciones, el caso plantea la necesidad de demostrar que los procedimientos policiales están sujetos a controles efectivos y que las denuncias de abuso se investigan de manera independiente y transparente.
El avance de las capturas constituye un nuevo capítulo en el caso, pero no cierra la investigación. La determinación judicial de los hechos y de las responsabilidades individuales será decisiva para establecer qué ocurrió durante el operativo y qué medidas deben adoptarse para evitar que hechos similares se repitan.