Gobierno limita contratación pública y cargos de libre nombramiento
Una circular del DAPRE fija un tope del 60 % para ciertos cargos y limita al 25 % el crecimiento de los contratos de prestación de servicios desde 2027.
El Gobierno nacional anunció nuevas restricciones para la contratación de personal en las entidades del Ejecutivo, como parte de su estrategia para racionalizar el gasto público. Las medidas, divulgadas el 16 de octubre mediante una circular del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), establecen límites para la ocupación de cargos de libre nombramiento y remoción y para el crecimiento de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
De acuerdo con los lineamientos publicados, la ocupación de los empleos de libre nombramiento y remoción tendrá un límite máximo del 60 %. Para calcular ese porcentaje se excluyen determinados cargos directivos, entre ellos los de ministro, director de departamento administrativo, viceministro y subdirector de departamento administrativo.
La directriz también elimina la idea de que estos puestos deban ocuparse de manera automática. Cada entidad tendrá que acreditar la necesidad funcional del cargo, demostrar que no existen funciones duplicadas, evaluar el impacto presupuestal y justificar su correspondencia con las prioridades del Gobierno.
Un límite al crecimiento de los contratos por prestación de servicios
Uno de los componentes centrales de la circular es el control sobre los contratos de prestación de servicios, una modalidad utilizada por las entidades públicas para vincular personas naturales con el fin de desarrollar actividades profesionales o prestar apoyo a la gestión institucional.
El documento establece que el aumento máximo de esta contratación será del 25 %, tomando como referencia el universo y el valor de los contratos celebrados durante las vigencias 2025 y 2026. Este porcentaje corresponde a un límite para el crecimiento de la contratación bajo esa modalidad; no significa, por sí solo, que todos los contratos deban reducirse en un 25 %.
Antes de autorizar nuevas vinculaciones, las entidades deberán evaluar si pueden redistribuir las cargas de trabajo, aprovechar las capacidades de sus equipos actuales, simplificar procedimientos, mejorar la coordinación interna o recurrir a herramientas de automatización.
La circular contempla excepciones justificadas cuando existan necesidades relacionadas con obligaciones legales o judiciales, servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias, proyectos con financiación específica, compromisos internacionales u otras situaciones indispensables que puedan sustentarse objetivamente.
Seguimiento y rendición de cuentas
Los lineamientos también establecen obligaciones de seguimiento periódico. Las entidades deberán consolidar información sobre los cargos autorizados y ocupados, los porcentajes de provisión, el número y valor de los contratos de prestación de servicios, las excepciones aprobadas y los ahorros estimados.
Este seguimiento busca que la política de austeridad no se limite a una declaración general, sino que pueda evaluarse mediante información sobre la contratación y los resultados de las medidas correctivas.
La circular entrará en vigor el 1 de enero de 2027, por lo que sus efectos se proyectan sobre la planeación presupuestal y administrativa del próximo año.
El reto: ahorrar sin afectar los servicios públicos
La implementación de estas restricciones plantea un desafío para las entidades estatales: reducir gastos y evitar contrataciones innecesarias sin debilitar la capacidad institucional para atender a la ciudadanía.
Los contratos de prestación de servicios cumplen funciones diversas dentro del Estado. En algunos casos, responden a necesidades especializadas o temporales; en otros, su utilización ha sido objeto de cuestionamientos por la falta de justificación, la continuidad de funciones permanentes bajo vínculos contractuales o la posible duplicación de tareas.
Por eso, el impacto de la nueva política dependerá no solo de los límites establecidos, sino también de cómo cada entidad identifique sus necesidades, reorganice sus equipos y aplique las excepciones contempladas en la circular.
Un recorte indiscriminado podría generar dificultades operativas si afecta funciones esenciales o actividades que requieren conocimientos especializados. En cambio, una revisión sustentada en criterios técnicos podría contribuir a mejorar la asignación de recursos, fortalecer la planeación y reducir gastos que no respondan a necesidades verificables.
La medida se conoce en medio de las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 y de las iniciativas del Gobierno orientadas a contener el gasto estatal. En ese contexto, el desafío será demostrar que la austeridad produce ahorros efectivos y una administración más eficiente, sin trasladar sus costos a la calidad y continuidad de los servicios públicos.