Deudas de las EPS ponen bajo presión a los hospitales públicos de Bogotá
La presión financiera y la sobreocupación en urgencias impulsan medidas como la hospitalización domiciliaria, la reorganización de consultas y el fortalecimiento de la prevención.
Los hospitales públicos de Bogotá buscan mantener la atención a los pacientes mientras enfrentan una cartera pendiente de pago por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que supera los 880.000 millones de pesos. La situación limita la disponibilidad de recursos para el funcionamiento de los centros médicos y obliga a las instituciones a revisar sus procesos para sostener la prestación de los servicios.
La cifra fue reportada por EL PAÍS el 12 de octubre de 2026, en un análisis sobre las estrategias que está utilizando la red pública distrital para afrontar la crisis financiera del sistema sanitario.
El problema no se reduce a las cuentas pendientes. Cuando los pagos por los servicios prestados se retrasan, los hospitales pueden tener dificultades para cubrir gastos de operación, contratar personal, adquirir insumos y mantener la capacidad necesaria para atender a los pacientes. La gravedad de cada situación depende de la liquidez de la institución, el volumen de su cartera y los recursos con los que cuenta para continuar funcionando.
La acumulación de obligaciones también plantea interrogantes sobre la relación entre aseguradoras y prestadores: los hospitales deben garantizar la atención, pero necesitan recibir oportunamente el dinero correspondiente a los servicios que ya han prestado.
Urgencias bajo presión en el sur de Bogotá
Uno de los ejemplos citados en el reporte es el Hospital de Bosa, donde la ocupación de urgencias llegó al 180 %, según la información publicada por EL PAÍS. Este indicador refleja una presión considerable sobre la capacidad instalada del servicio.
Una ocupación superior al 100 % significa que la demanda supera la capacidad de referencia disponible. Sin embargo, la cifra no equivale por sí sola a un número específico de pacientes sin atención: para conocer el impacto concreto es necesario revisar cómo se calcula el indicador, el periodo evaluado y las condiciones de cada servicio.
La sobreocupación puede traducirse en mayores tiempos de espera, dificultades para ubicar pacientes y una carga adicional para los equipos asistenciales. También complica la gestión de camas cuando las personas que necesitan hospitalización permanecen en urgencias mientras se libera espacio en otras áreas.
La situación exige coordinación entre los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa, además de medidas que permitan atender a los pacientes según su gravedad clínica.
Hospitalización domiciliaria y reorganización de consultas
Ante las limitaciones financieras y operativas, los hospitales están recurriendo a alternativas para aprovechar mejor sus recursos. Entre ellas figuran las hospitalizaciones domiciliarias para pacientes que cumplen las condiciones médicas necesarias, así como ajustes en la organización y duración de las consultas.
La atención en casa puede permitir que determinadas personas continúen su tratamiento sin ocupar una cama hospitalaria, siempre que exista una valoración médica que determine que esa modalidad es segura y que se cuente con seguimiento, medicamentos y apoyo asistencial adecuados.
No todos los pacientes pueden beneficiarse de esta alternativa. Quienes necesitan vigilancia continua, procedimientos complejos o atención inmediata deben recibir los servicios correspondientes a su condición clínica.
Por otra parte, reorganizar las consultas puede ayudar a ampliar la capacidad de atención, pero también requiere preservar el tiempo necesario para evaluar cada caso, explicar tratamientos y detectar señales de alarma. La eficiencia no debe medirse únicamente por la cantidad de pacientes atendidos, sino también por la calidad y continuidad de la atención.
El reto consiste en reducir presiones operativas sin trasladar los costos de la crisis a los pacientes ni comprometer la seguridad clínica.
La prevención como herramienta para reducir la presión asistencial
Otra de las estrategias descritas en el reporte es el fortalecimiento de los programas preventivos. La atención oportuna en consulta externa y el seguimiento de personas con enfermedades crónicas pueden ayudar a detectar complicaciones antes de que requieran servicios de urgencias u hospitalizaciones prolongadas.
La prevención no sustituye la atención hospitalaria cuando esta es necesaria, pero puede contribuir a utilizar los recursos de forma más adecuada. Para que funcione, los pacientes deben tener acceso real a citas, exámenes, medicamentos y controles periódicos.
En las zonas con mayores barreras de acceso, la continuidad de los tratamientos resulta especialmente importante. Si una persona no consigue una consulta o no recibe sus medicamentos a tiempo, una condición controlable puede agravarse y terminar requiriendo una atención más compleja.
Por ello, las medidas de prevención deben ir acompañadas de mecanismos que permitan garantizar el acceso a los servicios y no limitarse a campañas informativas.
Una crisis que involucra a aseguradores y prestadores
Las EPS cumplen la función de asegurar y organizar el acceso de sus afiliados a los servicios de salud, mientras que los hospitales y demás prestadores realizan la atención médica. El funcionamiento del sistema depende de que ambas partes cumplan sus obligaciones y de que los recursos fluyan de manera oportuna.
Cuando se acumulan deudas, los prestadores deben sostener la operación con los recursos disponibles mientras esperan el pago de las facturas. Esto puede afectar su capacidad para planificar inversiones, contratar servicios y responder a incrementos inesperados en la demanda.
No obstante, para determinar las causas específicas de la cartera reportada en Bogotá es necesario conocer su composición: qué EPS concentran las obligaciones, cuánto corresponde a facturas radicadas y aceptadas, qué montos están en auditoría y qué pagos se encuentran en discusión.
También es importante diferenciar entre el valor total de las cuentas pendientes y los recursos que ya han sido reconocidos como obligaciones exigibles. Esa distinción ayuda a entender la situación financiera y a identificar qué medidas podrían acelerar los pagos.
El desafío de sostener la atención sin recursos suficientes
La red pública de Bogotá enfrenta una doble exigencia: responder a las necesidades médicas de la población y mantener la estabilidad financiera de sus instituciones. Las alternativas de atención domiciliaria, reorganización de consultas y prevención pueden aliviar parte de la presión, pero no reemplazan la necesidad de resolver las obligaciones económicas pendientes.
El seguimiento de esta situación debe considerar tanto la evolución de la cartera como los indicadores de atención. La reducción de los tiempos de espera, la disponibilidad de camas, la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos son elementos fundamentales para evaluar si las medidas están dando resultados.
También será necesario conocer qué acciones adoptarán las EPS deudoras y las autoridades sanitarias para normalizar los pagos y evitar que las dificultades financieras se traduzcan en restricciones de acceso.
La crisis de los hospitales públicos de Bogotá muestra que la sostenibilidad del sistema no depende únicamente de reorganizar los servicios. Requiere también una financiación suficiente, cuentas transparentes y pagos oportunos que permitan a las instituciones cumplir su función esencial: atender a los pacientes con calidad y seguridad.