Reforma antimermelada busca transparentar la gestión de recursos entre el Gobierno y el Congreso
El proyecto crea un registro público de solicitudes de inversión regional y propone nuevas reglas sobre conflictos de interés, impedimentos y contratación.
El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República, el 15 de octubre, un proyecto de acto legislativo que busca hacer públicas las gestiones de los congresistas para impulsar proyectos de inversión en sus regiones y establecer nuevas reglas sobre conflictos de interés. La iniciativa, presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, fue denominada informalmente como reforma "antimermelada", en referencia a las prácticas políticas en las que la asignación de recursos públicos puede estar vinculada a acuerdos o favores políticos.
La propuesta plantea modificar los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución Política. Entre sus principales medidas se encuentra la creación de un registro público para consultar las solicitudes de inversión promovidas por los legisladores, así como ajustes a las reglas sobre declaraciones de intereses y participación parlamentaria en asuntos relacionados con esas iniciativas.
El proyecto todavía debe surtir su trámite legislativo. Por tanto, sus disposiciones son propuestas y no normas vigentes.
Un registro público para las inversiones regionales
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es permitir que la ciudadanía conozca qué proyectos de inversión gestionan los congresistas para sus departamentos, municipios y demás entidades territoriales. La intención es dejar constancia de las solicitudes que actualmente pueden tramitarse mediante conversaciones o gestiones cuya trazabilidad pública resulta limitada.
De acuerdo con la información divulgada sobre el articulado, los congresistas podrían postular proyectos para sus regiones y el Gobierno tendría la posibilidad de considerarlos en el proyecto de Presupuesto General de la Nación o financiarlos durante la respectiva vigencia fiscal, conforme a los procedimientos y recursos disponibles.
La propuesta no implica que cada proyecto solicitado deba recibir financiación. La inclusión presupuestal seguiría dependiendo de las decisiones correspondientes, la disponibilidad de recursos y las reglas que se establezcan para evaluar y priorizar las inversiones.
El registro buscaría, además, identificar a los responsables de promover cada iniciativa y facilitar el control ciudadano sobre la relación entre los representantes políticos y la asignación del gasto público.
¿Qué cambiaría en los conflictos de interés?
Otro eje de la reforma se refiere a las situaciones en las que un congresista debe declararse impedido para participar en una discusión o votación. El texto propone delimitar el conflicto de interés alrededor de la existencia de un beneficio particular y determinado para el legislador, su pareja, familiares dentro de los grados previstos o socios.
La iniciativa también plantea que la financiación legal y debidamente registrada de una campaña, por sí sola, no constituya automáticamente un conflicto de interés. Según el proyecto, el interés común de un sector económico, social o regional tampoco generaría necesariamente ese impedimento.
El planteamiento es relevante porque busca diferenciar entre la representación de intereses colectivos y las decisiones que podrían favorecer de manera particular a un congresista o a personas vinculadas con él. Sin embargo, el alcance definitivo dependerá del texto que apruebe el Congreso y de cómo se armonice con las demás normas sobre transparencia, ética pública y responsabilidad de los legisladores.
La propuesta contempla, además, consecuencias para quienes oculten información en sus declaraciones públicas de intereses, incluida la posible pérdida de investidura, de acuerdo con las condiciones previstas en el articulado.
El límite a la intervención en los contratos
La reforma también establece una separación entre la posibilidad de proponer proyectos y la intervención en los contratos que se deriven de ellos. Los congresistas podrían gestionar iniciativas para sus territorios, pero deberían abstenerse de intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos correspondientes.
Esta distinción es fundamental para evaluar la iniciativa. Gestionar una inversión regional no equivale necesariamente a cometer una irregularidad; el riesgo de corrupción aparece cuando la asignación de recursos se utiliza para obtener beneficios particulares, influir indebidamente en decisiones públicas o condicionar apoyos políticos.
El registro público podría facilitar el seguimiento de las solicitudes, pero su eficacia dependerá de que la información sea completa, accesible y verificable, y de que existan mecanismos efectivos para investigar incumplimientos.
La transparencia dependerá de la reglamentación
Según la información publicada por Blu Radio sobre el articulado, el proyecto prevé que el Congreso expida, dentro de los 12 meses siguientes a la eventual entrada en vigor de la reforma, una ley orgánica para reglamentar aspectos como el registro público, la información sobre financiadores de campañas, las postulaciones de inversión y los procedimientos de impedimentos y recusaciones.
Ese paso sería determinante para convertir los principios generales en reglas aplicables. Una reforma constitucional puede definir el marco, pero la implementación requiere precisar quién administrará el registro, qué información deberá publicarse, cómo se actualizará y qué mecanismos permitirán comprobar que los congresistas respetan los límites establecidos.
También será necesario determinar cómo se relacionará el registro con los procedimientos presupuestales existentes y con los controles de las entidades encargadas de la contratación pública.
Una promesa que deberá medirse por sus resultados
El proyecto abre una discusión sobre la manera en que se relacionan el Ejecutivo y el Legislativo para promover inversiones regionales. Sus defensores lo presentan como una herramienta para reducir la opacidad; sus resultados, sin embargo, no pueden darse por garantizados antes de que se conozca su versión definitiva, se tramite en el Congreso y se establezcan mecanismos de control.
La discusión de fondo no consiste únicamente en permitir o prohibir que los congresistas promuevan obras para sus territorios. También exige establecer cómo se seleccionan los proyectos, quién toma las decisiones presupuestales, qué información debe hacerse pública y cómo se impide que los recursos se conviertan en instrumentos de intercambio político.
La reforma "antimermelada" deberá demostrar que puede aumentar la transparencia sin debilitar los controles sobre el gasto público. Su evaluación dependerá menos del nombre con el que fue presentada y más de la solidez de las reglas, la vigilancia ciudadana y la capacidad de las instituciones para investigar y sancionar posibles abusos.