¿Quién se equivocó? El Presupuesto 2027 naufraga y estalla el cruce de acusaciones
El Senado asegura que no votó una proposición incorporada al texto final, mientras el Gobierno y el Congreso enfrentan cuestionamientos sobre los controles del trámite legislativo.
Una inconsistencia en el trámite del proyecto presupuestal abrió una crisis política para el Gobierno de Abelardo De La Espriella. Las críticas apuntan al equipo jurídico del Ministerio de Hacienda y a los responsables de verificar las votaciones en el Congreso, mientras persisten dudas sobre el alcance legal de la irregularidad.
La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 terminó envuelta en una controversia jurídica y política después de que se identificara una posible irregularidad en el procedimiento legislativo. Aunque el proyecto había sido votado en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado, una diferencia entre los textos aprobados puso en entredicho la validez del trámite.
El episodio desató cuestionamientos contra el Ministerio de Hacienda, los equipos jurídicos y los ponentes encargados de hacer seguimiento a la iniciativa. La discusión ya no se limita al contenido del presupuesto, sino que se centra en quién debía verificar que las dos cámaras aprobaran exactamente el mismo texto y por qué la inconsistencia no fue corregida dentro del plazo legal.
El problema estaría relacionado con una proposición que contaba con el aval del Gobierno, pero que habría sido incorporada al texto como si hubiera sido aprobada por el Senado, pese a que esa corporación no la sometió a votación. La Cámara, por su parte, habría aprobado una versión que sí incluía esa modificación.
El artículo 65, en el centro de la controversia
La inconsistencia se presentó en el artículo 65 del proyecto presupuestal, relacionado con operaciones de cobertura para mitigar riesgos fiscales asociados a las fluctuaciones de los precios del petróleo, los combustibles líquidos y la tasa de cambio del peso frente al dólar.
La disposición contemplaba la posibilidad de estructurar y ejecutar conjuntamente operaciones vinculadas al Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal y al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. También establecía que, cuando los recursos disponibles en esos fondos fueran insuficientes, los costos de las operaciones podrían cubrirse con cargo al servicio de la deuda pública.
La proposición que modificaba este artículo habría quedado incorporada en el texto atribuido a la aprobación del Senado, aunque no figuraba entre las propuestas efectivamente votadas por esa corporación. La Cámara de Representantes, en cambio, habría aprobado el artículo con la modificación.
La diferencia significaba que las dos cámaras no habían aprobado exactamente el mismo contenido. En esas circunstancias, correspondía adelantar el procedimiento de conciliación para unificar los textos, pero este paso no se habría realizado antes de que venciera el plazo para aprobar el presupuesto.
Las críticas apuntan al Ministerio de Hacienda
Una de las reacciones más contundentes provino del representante liberal Octavio Cardona, quien cuestionó la actuación de los abogados del Ministerio de Hacienda y señaló que el trabajo de ambas cámaras podría perderse por falta de cuidado y rigor de los funcionarios encargados del proceso.
El senador Carlos Fernando Motoa también criticó el trámite. Según afirmó, la responsabilidad de seguir y verificar el procedimiento de los proyectos recae en los ponentes tanto de la Cámara como del Senado. Además, cuestionó otros aspectos del contenido de la iniciativa, entre ellos la inclusión de disposiciones relacionadas con las competencias del Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, el senador Antonio Correa sostuvo que el afán por sacar adelante el proyecto habría perjudicado la discusión y la concertación. Sus declaraciones se sumaron a los cuestionamientos sobre la forma en que se adelantó la aprobación de una ley fundamental para las finanzas públicas.
Estas reacciones reflejan que la controversia no se limita a un error técnico: también abrió un debate sobre los controles internos, la coordinación entre las cámaras y la responsabilidad política de quienes participaron en el trámite. Sin embargo, las críticas de los congresistas no constituyen por sí mismas una determinación definitiva sobre las responsabilidades jurídicas individuales.
¿Qué confirmó el Senado sobre la votación?
La Secretaría General del Senado confirmó que el artículo 65 fue aprobado en esa corporación sin proposiciones adicionales. De acuerdo con el secretario general, Diego González, en el registro oficial de las propuestas aprobadas en la plenaria no aparece ninguna modificación votada para ese artículo.
Esta aclaración resulta relevante porque respalda la existencia de una diferencia entre el texto aprobado por el Senado y el que posteriormente habría adoptado la Cámara de Representantes.
El punto central es determinar cómo terminó incorporada la proposición en la documentación del proyecto y por qué la divergencia no fue advertida antes de concluir el procedimiento. La revisión de las actas, los registros de votación y los textos oficiales será fundamental para esclarecer cómo ocurrió la inconsistencia.
Un presupuesto de casi $635 billones queda en entredicho
El proyecto presupuestal para 2027 contemplaba recursos cercanos a los $634,9 billones. La iniciativa había avanzado en las votaciones parlamentarias y constituía una pieza central de la planificación financiera del Gobierno para el próximo año.
La irregularidad identificada, sin embargo, comprometió el trámite legislativo y abrió interrogantes sobre el procedimiento que debe seguir el Ejecutivo para expedir el presupuesto. El Gobierno tendría que acudir a un decreto con base en el monto aprobado en las comisiones económicas conjuntas.
La situación también deja abierta una discusión jurídica sobre si el vicio afecta la totalidad del proyecto o si sus consecuencias podrían limitarse al artículo 65. Ese alcance deberá determinarse a partir de la interpretación de las normas aplicables y de las actuaciones oficiales correspondientes.
¿Quién debe responder por lo ocurrido?
Por ahora, la controversia pone bajo escrutinio a varios actores: los equipos jurídicos del Ministerio de Hacienda, los ponentes del proyecto, las secretarías de las cámaras y quienes debían comprobar que el texto final coincidiera con las decisiones adoptadas durante las sesiones.
Determinar responsabilidades requiere establecer quién elaboró, revisó, incorporó y certificó los documentos, además de verificar qué controles estaban previstos y si se cumplieron. La existencia de una irregularidad en el procedimiento no basta, por sí sola, para atribuir responsabilidad individual a un funcionario determinado.
El episodio también plantea una pregunta sobre la calidad de los mecanismos de control legislativo. En un proyecto de la magnitud del presupuesto nacional, la verificación de cada artículo, proposición y votación resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica de la ley.
Una crisis política con consecuencias fiscales
La caída del proyecto presupuestal representa un desafío para el Gobierno de Abelardo De La Espriella, que debe definir cómo proceder para garantizar la disponibilidad de recursos durante 2027. También aumenta la presión sobre el Ministerio de Hacienda y sobre el Congreso, cuyas actuaciones quedaron bajo cuestionamiento.
Más allá de las diferencias políticas, el caso pone de relieve la importancia de cumplir rigurosamente los procedimientos legislativos. El presupuesto define las prioridades de gasto del Estado, por lo que su aprobación exige tanto acuerdos políticos como el respeto estricto de las reglas que rigen el trámite.
La pregunta sobre quién cometió el error seguirá en el centro del debate mientras se revisan los documentos y se aclara el alcance jurídico de la irregularidad. Lo que está en juego no es únicamente la responsabilidad de los participantes, sino también la forma en que el Gobierno podrá formalizar el presupuesto y garantizar la continuidad de la planificación fiscal para el próximo año.