Gobierno anuncia auditoría al Hospital de San Andrés por presuntas irregularidades en contratos
Un equipo forense examinará la contratación, mientras otro grupo apoyará la recuperación operativa de la institución, que permanece bajo intervención administrativa de la Supersalud.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar la contratación del centro asistencial tras denunciar posibles anomalías en el manejo de recursos públicos, equipos médicos abandonados y un contrato de fotocopiadoras por $60 millones mensuales.
El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para investigar las presuntas irregularidades administrativas y contractuales en el Hospital Departamental de San Andrés, una situación que ha puesto bajo la lupa el manejo de los recursos públicos y la prestación de los servicios de salud en el archipiélago.
El presidente Abelardo De La Espriella calificó de "indignante" el panorama encontrado en la institución y anunció la conformación de un equipo forense encargado de examinar los contratos, así como de un equipo técnico que apoyará la recuperación del hospital. La instrucción, según el mandatario, es revisar de manera exhaustiva los procesos de contratación y establecer si hubo actuaciones contrarias a la ley.
"Cada contrato y cada peso serán examinados. Los responsables responderán ante la justicia", afirmó el jefe de Estado, quien insistió en que los recursos y las instalaciones hospitalarias deben estar al servicio de los ciudadanos y no de intereses particulares.
Equipos médicos deteriorados y contratos bajo revisión
Entre las situaciones denunciadas por el Gobierno se encuentra la presencia de equipos médicos de alta tecnología que, de acuerdo con el pronunciamiento presidencial, permanecían almacenados en guacales y se estaban deteriorando sin prestar servicio a los pacientes.
El señalamiento genera interrogantes sobre la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de estos equipos, así como sobre los controles administrativos que debían garantizar su aprovechamiento. La revisión técnica tendrá que establecer las condiciones de los dispositivos, las razones por las que no estarían operando y las posibles responsabilidades derivadas de su manejo.
Otro de los asuntos mencionados es la presunta existencia de nóminas paralelas. Este punto será relevante para determinar cómo se administraba el personal, qué obligaciones económicas asumía la institución y si los pagos realizados correspondían a servicios efectivamente prestados.
El mandatario también cuestionó contratos relacionados con los servicios de aseo y radiología, que, según su denuncia, estarían vinculados con personas cercanas a la Gobernación. Estas afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes mediante el análisis de los procesos contractuales, los vínculos de los involucrados y la documentación correspondiente.
Uno de los datos que más llamó la atención fue el valor de un contrato de fotocopiadoras que ascendería a $60 millones mensuales. La cifra fue señalada por el presidente como parte de las situaciones que deben examinarse para establecer si el gasto estaba debidamente justificado, si las condiciones económicas correspondían a las necesidades del hospital y si se cumplieron los procedimientos exigidos para contratar.
Gobierno anuncia intervención y revisión de responsabilidades
Las medidas anunciadas se producen en medio de la intervención forzosa administrativa del Hospital Departamental de San Andrés, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud después de identificar deficiencias en la prestación de los servicios y reiterados incumplimientos de los planes de mejoramiento establecidos desde 2022.
De acuerdo con los hallazgos divulgados por la entidad de vigilancia, entre las dificultades asistenciales se encuentran pacientes que llevaban más de un año esperando intervenciones quirúrgicas, 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura médica y 13 servicios que figuraban habilitados, pero que no se estaban prestando a la comunidad.
Las inspecciones también reportaron dificultades en el abastecimiento de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, deterioro de la infraestructura y problemas financieros que amenazaban la continuidad de la atención.
La intervención busca modificar la administración de la institución y recuperar su capacidad operativa. A este proceso se suma ahora el anuncio presidencial de una revisión forense de la contratación, cuyo propósito será determinar si las presuntas anomalías corresponden a fallas administrativas o si existen elementos que ameriten investigaciones disciplinarias, fiscales o penales.
La existencia de denuncias o hallazgos administrativos, sin embargo, no equivale por sí sola a una declaración de responsabilidad penal. Corresponderá a los organismos de control y a la Fiscalía establecer, con base en las pruebas, si hubo conductas ilegales y quiénes podrían estar involucrados.
Posible participación de un diputado será investigada
El presidente también señaló que la información preliminar apunta a la posible participación de un diputado local. Según el pronunciamiento oficial, esta línea será examinada sin privilegios ni excepciones.
Hasta que las autoridades competentes verifiquen los hechos, la eventual participación de personas mencionadas en las denuncias debe entenderse como una hipótesis de investigación y no como una responsabilidad demostrada.
La revisión de los contratos deberá permitir establecer quiénes intervinieron en su planeación y adjudicación, cuáles fueron las obligaciones pactadas, qué servicios se prestaron efectivamente y si los recursos públicos se utilizaron conforme a las normas. También será necesario determinar si existieron posibles conflictos de interés o favorecimientos indebidos.
El Gobierno anunció que el equipo forense examinará la contratación del hospital, mientras que el grupo técnico prestará apoyo a la institución. La intención es que ambos frentes contribuyan tanto al esclarecimiento de las denuncias como a la recuperación de los servicios de salud.
La prioridad: recuperar la atención a los pacientes
La controversia se presenta en un contexto de dificultades que afectan directamente a los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las demoras en procedimientos, la acumulación de estudios diagnósticos y las deficiencias operativas evidencian la necesidad de restablecer la capacidad de respuesta del principal centro hospitalario de alta complejidad del archipiélago.
En ese escenario, el reto no se limita a revisar documentos o establecer eventuales responsabilidades. También implica garantizar que los equipos médicos disponibles puedan utilizarse, que los servicios habilitados funcionen, que los medicamentos y materiales esenciales lleguen oportunamente y que los pacientes reciban atención segura.
La intervención administrativa y las auditorías deberán traducirse en resultados verificables para la población. Entre los aspectos que deberán evaluarse están la reducción de las listas de espera, la recuperación de los servicios que no se estaban prestando, el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y la transparencia en el uso de los recursos.
De La Espriella reiteró que no permitirá que el hospital sea utilizado para beneficiar intereses particulares y advirtió que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia.
Por ahora, las denuncias abren una nueva etapa de revisión sobre la administración de la institución. El resultado dependerá de las pruebas que recopilen los equipos de auditoría y de las decisiones que adopten los organismos de control y las autoridades judiciales. Mientras avanzan las investigaciones, la principal expectativa de los habitantes del archipiélago es que las medidas permitan recuperar el funcionamiento del hospital y mejorar la atención médica.