Colombia busca diálogo con Nicaragua en medio de nueva tensión por la soberanía de San Andrés
El Gobierno plantea discutir las implicaciones de la sentencia de la CIJ, sin renunciar a su posición sobre la soberanía del archipiélago ni modificar unilateralmente la frontera marítima.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció un acercamiento diplomático con Nicaragua para abordar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012. La iniciativa coincide con el decreto que el Ejecutivo prepara para establecer las líneas de base marítimas del archipiélago, una decisión que reabre el debate sobre los límites y los derechos de ambos países en el Caribe.
Colombia abrió un nuevo capítulo de tensión diplomática con Nicaragua tras el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de expedir un decreto para establecer las líneas de base marítimas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al mismo tiempo, el Gobierno confirmó que buscará un diálogo de buena fe con Managua para abordar las diferencias relacionadas con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2012.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el propósito del acercamiento será discutir las implicaciones de la decisión judicial que redefinió la delimitación marítima entre los dos países. Sin embargo, dejó claro que el Gobierno colombiano mantendrá su posición sobre la soberanía nacional y considera que el fallo no debe aplicarse de manera literal.
El anuncio se produjo después de que De La Espriella informara, durante una alocución desde el Caribe, que su administración expedirá un decreto para incorporar coordenadas oficiales del archipiélago en las cartas náuticas colombianas. La medida, prevista para el 30 de noviembre, busca formalizar las referencias geográficas de los espacios marítimos vinculados con las islas.
La iniciativa tiene implicaciones jurídicas y diplomáticas, pues se relaciona con una controversia que durante décadas ha enfrentado a Colombia y Nicaragua por sus derechos territoriales y marítimos en el Caribe occidental.
Gobierno propone diálogo de buena fe
El ministro Rodrigo Lara anunció que Colombia buscará establecer un canal diplomático con Nicaragua para examinar el alcance del fallo de La Haya. Según el funcionario, el diálogo se desarrollará sin que el país renuncie a sus argumentos jurídicos ni a su posición frente a la soberanía del archipiélago.
Lara también cuestionó la estrategia jurídica que Colombia empleó durante el litigio internacional y sostuvo que la defensa del país no logró demostrar adecuadamente la unidad territorial del archipiélago.
El funcionario afirmó que el fallo de 2012 no debe aplicarse de manera literal y defendió la necesidad de reforzar la posición colombiana mediante herramientas jurídicas, técnicas y diplomáticas.
La propuesta de diálogo abre la posibilidad de que ambos países discutan sus diferencias por vías diplomáticas. No obstante, cualquier modificación de los límites marítimos establecidos internacionalmente requeriría los procedimientos jurídicos correspondientes y no podría producirse únicamente mediante un decreto nacional.
Hasta ahora, el Gobierno colombiano ha anunciado su intención de buscar el acercamiento, pero el alcance de las conversaciones dependerá de la respuesta de Nicaragua y de las condiciones que ambas partes estén dispuestas a aceptar.
¿Qué decidió la Corte Internacional de Justicia en 2012?
La controversia entre Colombia y Nicaragua tiene antecedentes que se remontan al tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, ratificado en 1930, mediante el cual ambos países reconocieron determinados derechos territoriales en el Caribe.
Décadas después, Nicaragua acudió a la Corte Internacional de Justicia para cuestionar aspectos de la delimitación marítima y reclamar derechos sobre espacios que Colombia consideraba propios.
El 19 de noviembre de 2012, la CIJ confirmó la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otras formaciones insulares reconocidas en el litigio. Sin embargo, también estableció una nueva delimitación marítima que otorgó a Nicaragua derechos sobre una extensa zona del Caribe occidental.
La decisión generó inconformidad en Colombia porque modificó la distribución de los espacios marítimos que el país consideraba vinculados con el archipiélago. Desde entonces, la delimitación ha sido un asunto central de la política exterior colombiana.
En 2023, la Corte rechazó una nueva pretensión nicaragüense relacionada con una extensión de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Ese fallo constituyó otro episodio importante dentro de la disputa jurídica entre las dos naciones.
El Gobierno actual considera que todavía existen argumentos para defender una interpretación distinta de los derechos marítimos colombianos. Sin embargo, las decisiones de la Corte tienen consecuencias jurídicas internacionales que deben ser consideradas en cualquier estrategia diplomática posterior.
El decreto sobre las líneas de base marítimas
El anuncio presidencial contempla establecer mediante decreto las coordenadas de las líneas de base del archipiélago y publicarlas en las cartas náuticas oficiales de Colombia.
Las líneas de base son referencias geográficas que sirven para medir determinados espacios marítimos, incluido el mar territorial. Su trazado tiene importancia jurídica porque permite establecer desde qué puntos se calculan las zonas marítimas de un Estado.
De La Espriella sostiene que la medida permitirá dar mayor precisión cartográfica a los derechos de Colombia sobre San Andrés y sus formaciones insulares. El Gobierno también considera que el decreto responde a la necesidad de desarrollar disposiciones legales que, según su interpretación, no se habían aplicado plenamente al archipiélago.
La iniciativa se relaciona con la Ley 10 de 1978, que estableció el marco colombiano para determinar las líneas de base. La administración sostiene que el nuevo instrumento permitirá formalizar coordenadas y fortalecer la defensa jurídica del territorio marítimo.
No obstante, es importante distinguir entre el trazado de líneas de base dentro del ordenamiento colombiano y la delimitación de fronteras marítimas con otros Estados. La expedición de un decreto nacional no modifica automáticamente los límites establecidos por una sentencia internacional ni obliga por sí sola a Nicaragua a aceptar una nueva delimitación.
Una decisión con consecuencias diplomáticas
El decreto anunciado podría generar nuevas diferencias entre Bogotá y Managua, especialmente si Nicaragua considera que las coordenadas establecidas por Colombia afectan los espacios marítimos reconocidos en el fallo de 2012.
Por esa razón, el Gobierno ha planteado que la medida debe acompañarse de un proceso diplomático. La intención de dialogar busca abrir un canal para abordar las diferencias sin abandonar la posición colombiana.
El resultado dependerá de varios factores: la fundamentación jurídica del decreto, la compatibilidad de las coordenadas con el derecho internacional, la respuesta de Nicaragua y la posibilidad de construir acuerdos que respeten los procedimientos aplicables.
La controversia también tiene consecuencias para las comunidades del archipiélago, en particular para los pescadores artesanales cuya actividad depende del acceso a los recursos marinos. Los cambios en las relaciones entre ambos países pueden incidir en las condiciones de pesca, la seguridad marítima y la cooperación regional.
Por ello, además de las consideraciones de soberanía, el diálogo podría abordar asuntos prácticos relacionados con la convivencia en las zonas marítimas, la protección ambiental y las actividades económicas de las comunidades costeras.
San Andrés, en el centro de la estrategia marítima del Gobierno
El presidente De La Espriella afirmó que San Andrés tendrá un papel prioritario en la política marítima nacional. Su administración ha planteado fortalecer la presencia institucional, ampliar la actividad naviera y convertir al archipiélago en un centro logístico para el Caribe insular.
El Gobierno sostiene que ejercer soberanía implica no solo defender derechos jurídicos, sino también mantener instituciones presentes, desarrollar actividades económicas y garantizar la seguridad de las aguas nacionales.
En esa línea, el Ejecutivo ha anunciado iniciativas para impulsar el registro de embarcaciones, mejorar las conexiones regionales y promover inversiones que generen empleo en el archipiélago.
La estrategia, sin embargo, tendrá que desarrollarse en coordinación con las normas nacionales e internacionales que regulan la navegación, la delimitación marítima y las relaciones entre Estados.
¿Qué sigue en la controversia con Nicaragua?
Los próximos pasos estarán marcados por dos procesos paralelos: la preparación del decreto colombiano y la iniciativa de abrir un diálogo diplomático con Nicaragua.
La publicación del decreto permitirá conocer las coordenadas adoptadas y los fundamentos jurídicos específicos que utilizará el Gobierno. A partir de ese contenido será posible evaluar con mayor precisión su alcance y las implicaciones que podría tener para la relación bilateral.
En el frente diplomático, Colombia deberá determinar los canales y las condiciones de las conversaciones, mientras se espera conocer la respuesta del Gobierno nicaragüense.
La controversia por San Andrés vuelve así al centro de la agenda nacional. El Gobierno busca reforzar su posición sobre los espacios marítimos del archipiélago, pero el desafío será hacerlo dentro de un marco jurídico que tenga en cuenta las decisiones internacionales vigentes y evite que las diferencias deriven en una mayor confrontación.
El diálogo anunciado constituye una vía para abordar el desacuerdo, aunque sus resultados dependerán de la disposición de ambos países y de los argumentos que presenten durante las conversaciones.