“Pacto de Valledupar”: las denuncias que sacuden al Gobierno de Gustavo Petro

Angie Rodríguez y un testigo de las reuniones aseguran que durante encuentros con antiguos jefes paramilitares se habría planteado obtener declaraciones sobre Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Las versiones desataron una nueva controversia política, mientras Gustavo Petro rechaza haber ordenado presiones indebidas.

Las revelaciones sobre el denominado Pacto de Valledupar abrieron un nuevo frente de confrontación política en Colombia. Una serie de declaraciones conocidas el 19 de octubre de 2026 apunta a presuntas gestiones realizadas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro para que antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hablaran públicamente sobre tres figuras políticas: Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras.

La denuncia fue expuesta por Angie Rodríguez, quien ocupó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y recibió respaldo público de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, quien aseguró haber presenciado reuniones relacionadas con el caso. Según sus testimonios, el encuentro, presentado como parte de los esfuerzos para abordar la verdad del conflicto armado, habría incluido solicitudes para que los exjefes paramilitares entregaran información sobre esos dirigentes en un momento cercano a la campaña presidencial.

Las afirmaciones son graves por las posibles implicaciones políticas y judiciales que tendrían si fueran corroboradas. Sin embargo, deben entenderse como denuncias y testimonios que requieren verificación: por sí solos no establecen que haya existido una orden ilegal ni determinan responsabilidades individuales.

¿Qué habría ocurrido en Valledupar?

De acuerdo con la versión de Rodríguez, durante noviembre de 2025 se organizaron reuniones en Valledupar con antiguos comandantes de las AUC. La iniciativa fue presentada públicamente como parte de un proceso de diálogo orientado a abordar asuntos pendientes del conflicto armado y a avanzar en el esclarecimiento de la verdad.

Rodríguez sostuvo que recibió instrucciones para propiciar que los exjefes paramilitares se refirieran específicamente a De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras. Según su relato, el objetivo habría sido que esas declaraciones tuvieran repercusiones públicas y afectaran la imagen de los dirigentes, en particular la aspiración presidencial de De La Espriella.

La exfuncionaria aseguró que los antiguos comandantes se opusieron a participar en esa dinámica. Según su testimonio, varios manifestaron que no aceptarían ser utilizados para favorecer intereses políticos y que su disposición a hablar debía estar relacionada con el esclarecimiento de hechos del conflicto, la reparación a las víctimas y la búsqueda de verdad.

Rodríguez también afirmó que, al informar sobre lo ocurrido, encontró inconformidad por parte de sus superiores, pues el resultado de las reuniones no habría correspondido con lo que —según ella— se esperaba desde el Gobierno. Estas afirmaciones forman parte de su versión de los hechos y deben contrastarse con documentos, comunicaciones y otros elementos de prueba.

Un testigo dice que se pidió hablar de tres dirigentes

La controversia adquirió una nueva dimensión después de que Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, hablara con Caracol Radio sobre las reuniones. Villamizar afirmó que estuvo presente y que el tema de las declaraciones contra los tres dirigentes fue planteado durante los encuentros.

Según el abogado, Angie Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñó como asesor del Gobierno, habrían transmitido que existía una instrucción para que los excomandantes hicieran pública la información que tuvieran sobre De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras.

Villamizar sostuvo que los antiguos jefes paramilitares se negaron a aceptar esa solicitud. También hizo una precisión relevante: a su juicio, el encuentro sí ocurrió, pero no se habría concretado un pacto entre los participantes. Por ello, la expresión Pacto de Valledupar se utiliza para describir la presunta estrategia denunciada, no para afirmar que se haya demostrado la existencia de un acuerdo consumado.

La coincidencia entre los relatos de Rodríguez y Villamizar podría ser un elemento relevante para las investigaciones, pero no sustituye la necesidad de examinar pruebas independientes. Entre los aspectos por esclarecer están el contenido exacto de las instrucciones, quiénes participaron en las conversaciones, qué propósito formal tenían las reuniones y si existen actas, mensajes o grabaciones que permitan reconstruir lo ocurrido.

Gustavo Petro rechaza las acusaciones

El expresidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos y negó haber impartido una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra otro dirigente político. En su pronunciamiento, pidió que se conozcan las actas, comunicaciones, grabaciones y nombres de las personas que participaron en las reuniones.

Petro defendió que los encuentros con antiguos comandantes de las autodefensas se desarrollaron en el marco de iniciativas públicas y cuestionó que se le atribuyan hechos de esa gravedad sin pruebas que acrediten una instrucción indebida. También sostuvo que las responsabilidades deben establecerse a partir de evidencias y no únicamente de afirmaciones de terceros.

Su respuesta sitúa el debate en dos asuntos centrales: por un lado, la necesidad de establecer si durante las reuniones se intentó orientar testimonios contra adversarios políticos; por otro, la obligación de diferenciar una denuncia de los hechos que puedan llegar a probarse en una investigación formal.