Centro Democrático acusa al Gobierno Petro de instrumentalizar testigos contra Álvaro Uribe
La colectividad cuestiona una presunta solicitud a excomandantes de las AUC para señalar a dirigentes políticos y advierte sobre una posible instrumentalización de instituciones estatales.
Tras las declaraciones de Salvatore Mancuso sobre el denominado "Pacto de Valledupar", la colectividad pidió a la Fiscalía investigar una presunta búsqueda de testimonios contra Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. El partido advierte sobre el posible uso de mecanismos estatales para perseguir a contradictores políticos.
El Centro Democrático reaccionó a las recientes declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre una presunta solicitud que habrían recibido antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante una reunión en Valledupar, en octubre de 2025. Según el testimonio de Mancuso, delegados del entonces Gobierno de Gustavo Petro les habrían pedido realizar señalamientos públicos contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras.
La colectividad calificó las afirmaciones como graves y sostuvo que podrían evidenciar un intento de instrumentalizar a antiguos integrantes de grupos armados para afectar a dirigentes de oposición. En su pronunciamiento, el partido cuestionó la presunta búsqueda de testimonios que pudieran comprometer judicialmente a sus adversarios y pidió que se esclarezcan los hechos.
El pronunciamiento del partido
A través de sus canales oficiales, el Centro Democrático aseguró que las declaraciones de Mancuso refuerzan las denuncias sobre una posible estrategia para perjudicar políticamente a los tres dirigentes mencionados.
La colectividad afirmó que el expresidente Álvaro Uribe ha sido objeto de lo que considera montajes judiciales y falsas declaraciones. En ese contexto, cuestionó que antiguos jefes paramilitares pudieran haber sido convocados para realizar señalamientos contra figuras políticas y pidió que las autoridades determinen si existieron actuaciones irregulares.
El partido insistió en que el Estado debe garantizar la imparcialidad de sus instituciones y evitar que los mecanismos de justicia o los procesos de esclarecimiento de la verdad sean utilizados para perseguir a quienes ejercen oposición política.
Hernán Cadavid pide intervención de la Fiscalía
El senador Hernán Cadavid, integrante del Centro Democrático, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las declaraciones de Mancuso y establecer si funcionarios del Gobierno anterior participaron en las gestiones denunciadas.
Cadavid mencionó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y a Víctor de Currea-Lugo, quien se desempeñó como asesor del Gobierno, entre las personas señaladas en los testimonios conocidos públicamente.
El congresista sostuvo que las autoridades deben determinar si hubo intentos de promover declaraciones contra dirigentes políticos con fines electorales y si se utilizaron recursos públicos para ese propósito. También cuestionó la posible utilización de testimonios falsos para afectar a personas y sus familias.
En sus declaraciones, Cadavid planteó además interrogantes sobre el papel de Armando Benedetti, quien se desempeñó como ministro del Interior durante el Gobierno Petro y habría tenido responsabilidades en la coordinación de los diálogos relacionados con el encuentro. El senador pidió que se conozca su versión sobre lo ocurrido.
¿Qué dijo Salvatore Mancuso sobre la reunión?
Mancuso aseguró que el encuentro en Valledupar se había planteado originalmente para abordar asuntos pendientes del proceso de Ralito, relacionado con la desmovilización de las AUC y los compromisos de verdad, reparación y reintegración.
Sin embargo, según su versión, durante la reunión los excomandantes recibieron una solicitud para hablar públicamente contra Uribe, De La Espriella y Vargas Lleras. El exjefe paramilitar afirmó que los participantes rechazaron esa petición y que el desacuerdo impidió que el encuentro avanzara como se esperaba.
Mancuso también manifestó que el expresidente Petro no le habría formulado personalmente esa solicitud. Por ello, atribuyó a las personas que, según su testimonio, participaron directamente en la reunión la responsabilidad de explicar lo sucedido.
Estas precisiones son relevantes para la investigación: aunque Mancuso atribuyó la petición a delegados del Gobierno, su declaración no demuestra por sí sola que Petro hubiera impartido una orden directa. La determinación de responsabilidades requiere contrastar los testimonios, los registros de las reuniones y las demás pruebas que puedan obtenerse.
Un debate sobre el uso de testimonios con fines políticos
El caso plantea interrogantes sobre los límites entre los procesos institucionales de búsqueda de verdad y la posible utilización política de declaraciones de antiguos integrantes de grupos armados.
Los testimonios de excomandantes paramilitares pueden ser relevantes para esclarecer hechos del conflicto colombiano, pero su contenido debe someterse a verificación y a los procedimientos judiciales correspondientes. Si se demostrara que hubo presiones para orientar declaraciones contra adversarios políticos, las autoridades tendrían que establecer quiénes participaron, cuál fue el propósito de esas actuaciones y si se vulneraron normas legales.
Por ahora, el Centro Democrático sostiene que las declaraciones conocidas justifican una investigación exhaustiva. La denuncia, sin embargo, no equivale a una decisión judicial ni permite concluir que los hechos señalados hayan sido probados.
Las pruebas serán determinantes
El avance del caso dependerá de la posibilidad de corroborar lo dicho por Mancuso y los demás participantes. Las actas, las comunicaciones oficiales, los registros de las convocatorias y los testimonios de quienes asistieron podrían ayudar a reconstruir el desarrollo de la reunión y determinar si se impartieron instrucciones para promover declaraciones contra los dirigentes mencionados.
También será necesario conocer las explicaciones de las personas señaladas y las decisiones que adopten los organismos competentes.
Mientras tanto, el Centro Democrático mantiene su exigencia de que la Fiscalía esclarezca los hechos y establezca si existió una instrumentalización de antiguos jefes paramilitares contra dirigentes de oposición. La controversia alrededor del denominado Pacto de Valledupar continúa abierta y su desenlace dependerá de las pruebas que puedan verificarse.