Falta de fondos amenaza la ayuda para 57.000 damnificados del terremoto
La agencia de Naciones Unidas recibió US$6,5 millones de los US$30 millones solicitados y estima que solo podrá atender a unas 43.000 personas.

La recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto enfrenta un nuevo obstáculo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de Naciones Unidas, advirtió el jueves 15 de octubre que al menos 57.000 personas podrían quedarse sin asistencia humanitaria debido a la falta de financiación para atender la emergencia.
A finales de agosto, la organización solicitó US$30 millones para apoyar a 100.000 personas afectadas. Sin embargo, hasta la fecha del anuncio había recibido apenas US$6,5 millones, una cifra equivalente a cerca del 21,7 % de la suma requerida. Según sus estimaciones, los recursos disponibles permitirían prestar asistencia a unas 43.000 personas, por lo que la cobertura prevista quedaría considerablemente reducida.
La advertencia no significa que las 57.000 personas hayan perdido formalmente toda posibilidad de recibir ayuda, sino que existe una brecha entre los recursos disponibles y la población que la OIM proyectaba atender. El alcance final de la asistencia dependerá de la financiación que logre conseguirse y de las necesidades identificadas durante la respuesta.
Dos meses después, la emergencia continúa
El terremoto de magnitud 7,4 afectó a cerca de 487.000 personas en 16 departamentos, según las cifras citadas por la OIM. El balance de daños incluye alrededor de 207.000 viviendas afectadas, de las cuales unas 36.000 quedaron destruidas.
Las consecuencias también se mantienen en la vida cotidiana. Cerca de 2.700 personas que perdieron sus hogares continúan alojadas en espacios temporales, mientras más de 286.000 niños y adolescentes siguen recibiendo clases en instalaciones provisionales.
La OIM informó que había brindado asistencia a más de 10.000 personas en 51 municipios. No obstante, las cifras reflejan la magnitud de una emergencia que no termina con las labores iniciales de rescate: las familias necesitan condiciones seguras para vivir, acceso a servicios básicos y oportunidades para recuperar sus medios de subsistencia.
En ese contexto, la falta de financiación puede limitar la capacidad de las organizaciones humanitarias para ampliar su cobertura precisamente cuando persisten necesidades de alojamiento, agua potable, higiene y atención sanitaria.
El riesgo climático puede complicar la recuperación
A las dificultades derivadas del terremoto se suma la preocupación por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. La OIM advirtió que los riesgos de sequía y de incendios forestales podrían agravar la situación de las comunidades que todavía intentan recuperarse del desastre.
La organización también señaló que los efectos sanitarios y ambientales merecen atención. De acuerdo con la información que citó del Instituto Nacional de Salud, los casos de dengue aumentaron más de un 30 % durante septiembre en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Además, las lluvias repentinas podrían desencadenar deslizamientos en terrenos debilitados por el sismo.
Estos riesgos muestran que la respuesta no se limita a reconstruir viviendas. También requiere prevenir nuevos daños, proteger la salud pública y evitar que las condiciones ambientales profundicen la vulnerabilidad de quienes perdieron sus hogares o sus fuentes de ingreso.
El llamado a los donantes
Ante el déficit presupuestal, la OIM pidió a los donantes internacionales aportar los recursos necesarios para sostener la atención humanitaria. La agencia sostiene que la financiación oportuna permitiría apoyar a más familias en la búsqueda de viviendas seguras y en la recuperación de sus medios de vida.
El desafío inmediato consiste en cerrar la diferencia entre los US$30 millones solicitados y los US$6,5 millones recibidos hasta el momento del anuncio. Sin nuevos aportes, la organización prevé que no podrá llegar a toda la población incluida en su plan de asistencia.
La situación también plantea una tarea para las autoridades colombianas y los organismos que participan en la respuesta: mantener la coordinación, identificar las necesidades más urgentes y garantizar que los recursos disponibles lleguen a las comunidades que más los necesitan. La financiación humanitaria y los programas públicos de reconstrucción pueden contribuir a la recuperación, pero son mecanismos distintos y sus presupuestos no deben confundirse.
Dos meses después del terremoto, el número de personas afectadas y las necesidades que permanecen abiertas muestran que la emergencia sigue activa. La advertencia de la OIM pone el acento en una condición esencial para la recuperación: contar con recursos suficientes para que la ayuda llegue a más familias y no se limite a una parte de la población prevista.

