Gustavo Petro, expresidente de Colombia.
Gustavo Petro, expresidente de Colombia, el 10 de junio de 2026 en Nueva York (Estados Unidos) Juan Cano - Presidencia de Colombia

El excanciller aseguró que, según su interpretación, en territorio estadounidense avanzan denuncias contra el expresidente colombiano. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la situación jurídica de Petro, aunque no constituyen una confirmación de que exista una acusación penal formal en su contra.

El excanciller Álvaro Leyva Durán generó controversia tras referirse al futuro judicial de Gustavo Petro y señalar que no le sorprendería que el expresidente colombiano terminara en prisión en Estados Unidos. La declaración se produjo durante una entrevista con el programa El Debate, en la que también se abordaron las críticas de Leyva a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Petro enfrente consecuencias judiciales en territorio estadounidense, Leyva respondió: "No me sorprendería que terminara preso". El exministro sostuvo que, según su conocimiento, existen denuncias que estarían siendo tramitadas en ese país por presuntas conductas relacionadas con normas estadounidenses.

"Hay denuncias allá que se están adelantando con delitos cometidos frente a normas positivas de los Estados Unidos de América", afirmó Leyva durante la conversación. Sin embargo, no presentó en esa entrevista detalles verificables sobre expedientes específicos, cargos formalmente radicados o decisiones judiciales que permitan confirmar que el expresidente vaya a enfrentar una pena de prisión.

Leyva habla de posibles consecuencias judiciales

Durante la entrevista, el excanciller planteó que el escenario judicial podría evolucionar y generar acontecimientos inesperados. No obstante, también reconoció la incertidumbre de sus afirmaciones al señalar que anticipar lo que podría ocurrir era una forma de "hacer futurismo".

Sus palabras deben entenderse como una valoración personal sobre un posible escenario, no como el anuncio de una decisión de las autoridades judiciales estadounidenses.

Hasta ahora, es fundamental distinguir entre una denuncia, una investigación, una acusación formal y una condena. Cada una corresponde a una etapa diferente y tiene consecuencias jurídicas distintas. La existencia de señalamientos o denuncias no demuestra por sí sola la responsabilidad penal de una persona.

La relación entre Petro y Leyva se deterioró

Las declaraciones se producen después del distanciamiento político entre Leyva y Petro, quienes trabajaron juntos durante el Gobierno del expresidente. Leyva ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta febrero de 2024 y, después de su salida, se convirtió en uno de sus críticos.

En abril de 2025, el excanciller difundió una carta en la que hizo señalamientos sobre el comportamiento personal del entonces mandatario, incluidas acusaciones relacionadas con un supuesto consumo de drogas. Petro rechazó esas afirmaciones y las calificó de calumnias. Los señalamientos, por tanto, deben tratarse como declaraciones controvertidas y no como hechos judicialmente establecidos.

La ruptura entre ambos se ha mantenido en el escenario público, con pronunciamientos de Leyva sobre decisiones del Gobierno y respuestas de Petro frente a las acusaciones formuladas en su contra.

El contexto de las sanciones estadounidenses

La discusión sobre una eventual situación judicial de Petro en Estados Unidos también se desarrolla en medio de las medidas financieras adoptadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

En una publicación del 9 de octubre de 2026, SEMANA informó que Petro había rechazado versiones sobre posibles cargos penales en su contra. El expresidente sostuvo que el Gobierno estadounidense había afirmado que no existían cargos radicados ante las cortes y calificó las sanciones financieras como una decisión política.

Es necesario diferenciar esas sanciones administrativas de un proceso penal. La inclusión de una persona en una lista de restricciones financieras no equivale, por sí misma, a una acusación criminal, una condena o una orden de encarcelamiento.

Por eso, cualquier afirmación sobre una eventual detención de Petro requiere información concreta y verificable sobre actuaciones judiciales, autoridades competentes y decisiones procesales.

Un escenario que sigue rodeado de interrogantes

Las declaraciones de Leyva vuelven a poner sobre la mesa la situación del expresidente colombiano frente a Estados Unidos y las consecuencias que podrían derivarse de eventuales actuaciones de las autoridades de ese país.

Sin embargo, la posibilidad planteada por el excanciller no debe confundirse con un hecho confirmado. Para establecer si Petro enfrenta un proceso penal formal, sería necesario contar con información verificable de las autoridades judiciales estadounidenses sobre la existencia de cargos, actuaciones procesales u órdenes judiciales.

Por ahora, la frase de Leyva constituye una advertencia basada en su interpretación de la situación. El alcance real de sus afirmaciones dependerá de la evidencia disponible y de las decisiones que, eventualmente, adopten las autoridades competentes.