Vivienda sin cuota inicial: el proyecto que busca permitir comprar casa pagando $700.000 al mes
La iniciativa contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos, alivios en las tasas de interés y mecanismos para incluir a trabajadores informales.
Una iniciativa radicada en el Congreso propone subsidios de hasta 30 salarios mínimos, créditos hipotecarios de hasta 30 años y alivios en las tasas de interés para facilitar el acceso a vivienda propia, especialmente entre hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Comprar vivienda propia sin tener que reunir primero una suma considerable de dinero es el objetivo de un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes. La iniciativa, denominada Vivienda Sin Cuota Inicial, busca reducir una de las principales barreras que enfrentan los hogares colombianos: la dificultad de ahorrar el dinero necesario para acceder a un crédito hipotecario.
La propuesta fue impulsada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, a través del movimiento Avanza Colombia, y respaldada por el Partido Conservador. El proyecto, identificado como el número 455 de 2026, plantea un esquema de subsidios, financiación de largo plazo y ayudas para reducir los intereses del crédito.
Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de pagar una cuota mensual cercana a los $700.000 en determinados escenarios de financiación, un valor que sus promotores comparan con el dinero que muchos hogares destinan actualmente al arriendo. Sin embargo, esta cifra es una estimación y no una cuota garantizada para todas las personas interesadas en adquirir vivienda.
¿Cómo funcionaría la compra de vivienda sin cuota inicial?
El proyecto busca que el Estado contribuya a cubrir los recursos que normalmente debe aportar una familia antes de acceder a un crédito hipotecario. Para ello, contempla un subsidio de hasta 30 salarios mínimos, que podría utilizarse para cubrir la cuota inicial, los gastos notariales, el registro y las garantías, de acuerdo con las condiciones previstas.
La propuesta también plantea créditos con plazos de hasta 30 años y una cobertura estatal de hasta cinco puntos porcentuales de la tasa de interés durante los primeros siete años de financiación. Para las mujeres cabeza de hogar se contempla una cobertura de hasta seis puntos porcentuales.
Con este modelo, la iniciativa busca reducir el monto que deben financiar los compradores y aliviar el valor de las cuotas durante los primeros años del crédito.
No obstante, acceder a estos beneficios dependería del cumplimiento de los requisitos que finalmente se establezcan. La aprobación del proyecto tampoco garantizaría automáticamente que todos los solicitantes puedan obtener un préstamo, pues seguirían siendo relevantes las condiciones de financiación y la capacidad de pago de cada hogar.
¿Quiénes podrían beneficiarse?
La iniciativa prioriza a los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, un segmento de la población que suele enfrentar mayores dificultades para ahorrar y cumplir los requisitos de financiación tradicional.
Entre los grupos que se busca atender se encuentran:
- Familias de menores ingresos que no cuentan con ahorros suficientes para pagar una cuota inicial.
- Trabajadores informales que puedan demostrar su capacidad de pago mediante mecanismos alternativos.
- Mujeres cabeza de hogar.
- Personas con discapacidad.
- Víctimas del conflicto armado.
- Habitantes de zonas rurales.
El proyecto pretende ampliar el acceso al crédito a personas que, pese a tener ingresos y asumir gastos mensuales de manera constante, encuentran obstáculos para demostrar su solvencia a través de los mecanismos tradicionales.
La focalización de los posibles beneficiarios se apoyaría en criterios socioeconómicos, incluido el Sisbén, según lo contemplado en la propuesta. Los requisitos definitivos dependerán del texto que avance en el Congreso y de las disposiciones que eventualmente se aprueben.
Los trabajadores informales también estarían contemplados
Uno de los componentes más relevantes es la posibilidad de evaluar los ingresos de trabajadores informales mediante mecanismos distintos a una certificación laboral convencional.
En Colombia, muchas personas trabajan por cuenta propia o reciben ingresos variables que no siempre pueden acreditar con una nómina o un contrato formal. Esta situación puede dificultar el acceso a un préstamo hipotecario, incluso cuando mantienen pagos regulares por arriendo, servicios públicos y otras obligaciones.
La iniciativa propone utilizar información financiera y registros de pagos para evaluar la capacidad de pago de estos hogares. De esta manera, el historial de cumplimiento de compromisos cotidianos podría contribuir a demostrar que una persona está en condiciones de asumir una obligación crediticia.
El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ha defendido este componente como una alternativa para ampliar las oportunidades de acceso a vivienda entre quienes tradicionalmente han tenido dificultades para obtener financiación bancaria.
¿De dónde sale la cuota mensual de $700.000?
La cifra de $700.000 corresponde a un escenario ilustrativo presentado por los promotores de la iniciativa. En ese ejemplo, se considera una vivienda de interés prioritario con un valor de 90 salarios mínimos, un subsidio de 30 salarios mínimos y un crédito hipotecario a 30 años, con una tasa calculada inicialmente en el 12 % y la aplicación del alivio propuesto sobre los intereses.
Bajo esos supuestos, la cuota estimada se acercaría a los $700.000 mensuales. El cálculo busca mostrar cómo la combinación de subsidios y financiación de largo plazo podría reducir el costo mensual para determinados compradores.
Sin embargo, el resultado puede variar según el precio de la vivienda, el monto del subsidio aprobado, las condiciones del crédito y la tasa de interés aplicable. Por ello, no debe interpretarse como una oferta bancaria vigente ni como una promesa de que cualquier familia podrá comprar casa por ese valor mensual.
¿Qué pasaría con quienes esperan el subsidio de Mi Casa Ya?
La propuesta también aborda la situación de las personas que están esperando acceder a programas de apoyo para comprar vivienda.
Según lo planteado, los hogares que se encuentren en lista de espera de Mi Casa Ya podrían solicitar voluntariamente su traslado al nuevo esquema, siempre que cumplan las condiciones establecidas. Quienes ya tengan un subsidio asignado conservarían las condiciones y los derechos adquiridos de acuerdo con lo previsto en la iniciativa.
Este punto busca establecer una transición entre los mecanismos existentes y el programa propuesto, evitando que las personas que ya cuentan con un beneficio asignado pierdan automáticamente las condiciones bajo las cuales les fue otorgado. Su aplicación concreta dependerá del contenido definitivo que resulte del trámite legislativo.
El proyecto todavía debe avanzar en el Congreso
Aunque la propuesta ha generado interés por la posibilidad de reducir las barreras para comprar vivienda, aún debe surtir su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Su presentación no significa que los subsidios estén disponibles ni que las familias puedan solicitar desde ahora una vivienda bajo estas condiciones.
Durante la discusión, el Congreso deberá examinar los requisitos de acceso, la financiación del programa, los mecanismos de cobertura de los créditos y las condiciones para seleccionar a los beneficiarios. También será importante establecer cómo se coordinaría la propuesta con los programas de vivienda existentes.
La iniciativa abre un debate sobre las alternativas que podrían facilitar el paso del arriendo a la propiedad, especialmente para las familias que tienen ingresos limitados y dificultades para reunir una cuota inicial.
Si el proyecto avanza, sus efectos dependerán de las reglas definitivas, los recursos disponibles y la capacidad de las entidades financieras y del Estado para poner en marcha el esquema.
Por ahora, la posibilidad de comprar vivienda sin cuota inicial y pagar cerca de $700.000 mensuales sigue siendo una propuesta legislativa. Su eventual aprobación podría modificar las opciones de financiación para determinados hogares, pero será necesario conocer el texto final y sus requisitos para determinar quiénes podrían acceder efectivamente al beneficio.