Reparación a víctimas de la Unión Patriótica queda en suspenso por falta de recursos
El Ministerio de las Culturas atribuye los aplazamientos a restricciones presupuestales y administrativas, mientras las víctimas advierten un posible incumplimiento de la sentencia interamericana.
Un proyecto de reparación simbólica para las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica (UP) permanece sin avances debido a restricciones presupuestales y administrativas del Ministerio de las Culturas, según informó el diario El País. La iniciativa busca cumplir cuatro medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de enero de 2023 contra el Estado colombiano. El proceso, que comenzó en 2024 y contó con la participación de víctimas y artistas, contempla la elaboración de un documental, un monumento conmemorativo, placas y una campaña de sensibilización. Mientras el Ministerio sostiene que no ha desistido del proyecto, los representantes de las víctimas advierten que las demoras generan incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales.
Una reparación que lleva décadas esperando
La Unión Patriótica fue un partido político creado en 1985 en el contexto de los esfuerzos de diálogo entre el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las FARC. Durante las décadas de 1980 y 1990, miles de sus integrantes, dirigentes, candidatos y simpatizantes fueron asesinados, desaparecidos o perseguidos.
El exterminio de la UP se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente de Colombia. Las víctimas y sus familiares han denunciado durante décadas la participación de estructuras paramilitares y la presunta colaboración de agentes estatales y otros sectores en los hechos violentos.
El 30 de enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Colombia por las violaciones de derechos humanos relacionadas con el exterminio del partido. La sentencia estableció medidas de reparación, reconocimiento y preservación de la memoria histórica.
En ese marco, el Estado colombiano puso en marcha un proceso para desarrollar cuatro iniciativas de reparación simbólica: un documental sobre las víctimas, un monumento conmemorativo, placas y una campaña de sensibilización en medios de comunicación.
El propósito era que estas medidas no fueran diseñadas exclusivamente desde las instituciones, sino mediante un proceso de construcción conjunta con quienes sufrieron la persecución y la violencia.
Dos años de trabajo, encuentros y propuestas
El proceso comenzó en 2024, durante el Gobierno de Gustavo Petro. En su primera etapa, representantes de las víctimas y funcionarios del Ministerio de las Culturas realizaron reuniones para definir la manera de cumplir las medidas ordenadas por la justicia interamericana.
Entre mayo y octubre de 2025 se desarrollaron seis encuentros presenciales en Apartadó, Barrancabermeja, Medellín, Neiva, Villavicencio y Bogotá. También se organizaron dos encuentros virtuales con víctimas que viven en el exilio.
Estas jornadas permitieron recoger testimonios, expectativas y propuestas sobre la forma en que debían construirse las iniciativas conmemorativas. La intención era que los productos finales reflejaran las experiencias de las comunidades afectadas y contribuyeran al reconocimiento público de lo ocurrido.
En mayo de 2026, el Ministerio abrió una convocatoria para seleccionar artistas que acompañaran el desarrollo de las piezas. Los profesionales elegidos suscribieron contratos en junio y comenzaron a preparar metodologías y propuestas para trabajar con las víctimas.
Sin embargo, la siguiente fase no se ha desarrollado conforme al cronograma previsto. Los encuentros programados para avanzar en los diseños fueron aplazados en varias ocasiones y, según la información publicada por El País, la jornada presencial prevista para finales de octubre tampoco se realizaría en la fecha anunciada.
Las demoras afectan una etapa fundamental: de esos encuentros deben surgir los prototipos que permitan avanzar hacia la producción del documental, el diseño del monumento y la preparación de la campaña de comunicación.
El Ministerio atribuye las demoras a dificultades presupuestales
El Ministerio de las Culturas ha explicado que enfrenta limitaciones en la disponibilidad de recursos líquidos para atender sus obligaciones y compromisos. Entre las circunstancias mencionadas figura la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que habría generado restricciones adicionales en la ejecución presupuestal de la entidad.
En una comunicación enviada a la Corporación Reiniciar, organización que representa a víctimas de la Unión Patriótica, el Ministerio señaló que las dificultades no obedecen a una decisión de abandonar el proyecto, sino a una contingencia presupuestal y administrativa que limita temporalmente su ejecución.
La cartera también indicó que continúa comprometida con el proceso. No obstante, de acuerdo con la información publicada el 22 de octubre, un mes después de la respuesta inicial persistían las dificultades para disponer de los recursos necesarios.
La diferencia entre una suspensión temporal y un incumplimiento definitivo es importante. Hasta el momento, la información publicada permite establecer que las actividades previstas acumulan retrasos y que el Ministerio reconoce dificultades financieras, pero no demuestra que haya adoptado una decisión formal de cancelar permanentemente las cuatro medidas.
El desafío consiste ahora en determinar cuándo se reanudarán los encuentros, cómo se garantizarán los compromisos pendientes y qué cronograma permitirá completar las iniciativas.
Las víctimas advierten sobre el riesgo de incumplimiento
Para los representantes de las víctimas, las demoras no son un asunto exclusivamente administrativo. Se trata de medidas que forman parte de una sentencia internacional y de un proceso de reparación en el que las familias llevan años participando.
La Corporación Reiniciar ha expresado su preocupación por la falta de claridad sobre la continuidad del proyecto. Su codirectora, Carolina Maya, ha advertido que los aplazamientos prolongados generan incertidumbre y podrían conducir a una demora incompatible con las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana.
La preocupación también se produce en medio de otras decisiones recientes del Ministerio de las Culturas relacionadas con la representación de episodios históricos en instituciones culturales. Según El País, más de 30 piezas fueron retiradas del Museo Nacional en el marco de una iniciativa gubernamental denominada "batalla cultural". Entre ellas figuraba una pieza alusiva a Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica asesinado en 1990.
Estos acontecimientos han aumentado la inquietud de sectores de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el tratamiento institucional de la memoria del exterminio.
Sin embargo, las razones presupuestales expuestas por el Ministerio y las críticas de las víctimas deben examinarse por separado de cualquier interpretación sobre las motivaciones políticas de las decisiones. Para establecer si existe un incumplimiento de la sentencia, es necesario evaluar las obligaciones concretas, los plazos aplicables y las actuaciones efectivamente realizadas por el Estado.
Una obligación que trasciende al Gobierno de turno
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generan obligaciones internacionales para el Estado condenado. Su cumplimiento no depende exclusivamente de la voluntad política de una administración particular.
En este caso, las medidas de reparación simbólica buscan reconocer públicamente a las víctimas, preservar la memoria de lo ocurrido y contribuir a que el exterminio de la Unión Patriótica sea comprendido dentro de la historia democrática del país.
La elaboración de un documental, la construcción de un monumento y la instalación de placas conmemorativas pueden parecer iniciativas culturales, pero también constituyen instrumentos de reconocimiento y reparación. Su valor depende, en buena medida, de que se desarrollen con participación de las víctimas y de que no sustituyan otras obligaciones judiciales, materiales o institucionales.
La situación también plantea preguntas sobre la planificación presupuestal de las entidades públicas. Cuando el Estado adquiere compromisos derivados de una sentencia internacional, debe establecer mecanismos para garantizar su continuidad, incluso cuando surgen restricciones de caja o cambios en las prioridades administrativas.
La falta de recursos puede explicar una demora, pero no elimina por sí misma la obligación de buscar soluciones que permitan cumplir los compromisos asumidos.
El reto de convertir la memoria en una política de Estado
El caso de la Unión Patriótica pone de relieve una dificultad persistente en Colombia: la distancia entre el reconocimiento formal de las víctimas y la ejecución efectiva de las medidas destinadas a repararlas.
La sentencia de 2023 representó un avance importante en el reconocimiento internacional de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, su cumplimiento requiere más que declaraciones institucionales. Exige financiación, coordinación administrativa, participación de las comunidades afectadas y mecanismos de seguimiento que permitan verificar los resultados.
En las próximas semanas será determinante conocer si el Ministerio establece un nuevo cronograma, garantiza los recursos necesarios y reanuda los encuentros con las víctimas y los artistas seleccionados.
La continuidad del proyecto no solo permitirá avanzar en las medidas de reparación ordenadas, sino que también será una señal sobre la capacidad de las instituciones colombianas para sostener sus compromisos más allá de los cambios de Gobierno.
Para las familias que llevan décadas esperando reconocimiento y reparación, el tiempo no es un detalle administrativo. Es parte de una búsqueda de verdad y dignidad que continúa abierta.