Derrumbe minero en Nariño deja 14 muertos y reabre el debate sobre la formalización
El accidente, ocurrido en el sector de El Chambero, reavivó el debate sobre la seguridad, la formalización minera y la atención estatal en zonas apartadas.
Un derrumbe en una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en la costa de Nariño, dejó al menos 14 personas fallecidas y siete heridas, según los reportes divulgados por las autoridades regionales el 19 y 20 de octubre. Doce de las víctimas mortales eran mujeres. La tragedia volvió a poner en primer plano los riesgos de la explotación minera en zonas donde las comunidades dependen de esta actividad para subsistir y los procesos de formalización siguen enfrentando obstáculos.
El accidente ocurrió en el sector de El Chambero, donde se desarrolla extracción de oro de aluvión a cielo abierto. De acuerdo con la información difundida por las autoridades departamentales, el terreno cedió y sepultó a varias personas que trabajaban en el lugar. Las condiciones geográficas y las dificultades de acceso complicaron las labores de atención y el traslado de los heridos.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que entre las personas afectadas había varias mujeres que eran cabeza de hogar. También advirtió sobre las limitaciones de la capacidad hospitalaria local para atender a los pacientes más graves y solicitó apoyo para su evacuación hacia centros médicos con mayores recursos.
Una actividad económica marcada por la vulnerabilidad
En comunidades apartadas, la minería artesanal puede representar una de las pocas fuentes de ingresos disponibles. Sin embargo, cuando la extracción se realiza sin condiciones suficientes de seguridad, asistencia técnica y supervisión, quienes dependen de ella quedan expuestos a derrumbes y otros accidentes que pueden tener consecuencias fatales.
La tragedia también evidencia la complejidad de formalizar la minería en territorios donde las comunidades llevan años desarrollando actividades extractivas. Según las declaraciones del gobernador recogidas por medios nacionales, en Santa Bárbara de Iscuandé existen solicitudes de áreas de reserva especial minera que siguen pendientes de trámite ante la Agencia Nacional de Minería.
La formalización no consiste únicamente en registrar una explotación. También requiere condiciones técnicas, mecanismos de prevención, acompañamiento institucional y alternativas económicas que permitan reducir la dependencia de prácticas inseguras. Sin esos componentes, las comunidades pueden continuar trabajando en entornos de alto riesgo incluso cuando existen solicitudes para regularizar su actividad.
La presencia de grupos armados dificulta la respuesta
Las autoridades y los reportes periodísticos también señalaron que la presencia de grupos armados ilegales en la zona constituye un obstáculo para el acceso de los equipos de emergencia y la asistencia humanitaria. Esta situación añade una dificultad a la respuesta institucional en un territorio donde las distancias, el transporte y la capacidad médica disponible ya representan desafíos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia lamentó las muertes y pidió prestar atención urgente a las personas heridas. El organismo también instó al Estado a investigar las actividades relacionadas con la explotación minera ilegal y a adoptar medidas que permitan prevenir nuevas tragedias.
Una investigación deberá establecer las circunstancias exactas del derrumbe, las condiciones en las que se desarrollaban las labores y si existieron incumplimientos de las normas aplicables. La información pública disponible al momento de los primeros reportes no permitía atribuir responsabilidades individuales por el accidente.
Más allá de la emergencia
El saldo de víctimas convierte el caso en una tragedia humana, pero también plantea preguntas sobre la capacidad de las instituciones para prevenir accidentes en economías rurales de alto riesgo. La atención inmediata a los heridos y sus familias es prioritaria; a mediano plazo, será necesario examinar las condiciones de seguridad, el estado de los procesos de formalización y la presencia de economías ilegales que dificultan la intervención estatal.
La tragedia de Iscuandé muestra que la prevención no puede depender únicamente de la reacción posterior a un derrumbe. Requiere vigilancia, asistencia técnica, rutas de atención médica y políticas que reconozcan las condiciones económicas de las comunidades sin normalizar la exposición a riesgos mortales.
El reto para las autoridades será esclarecer lo ocurrido y convertir la respuesta a esta emergencia en acciones concretas para reducir la probabilidad de nuevos accidentes. Para las familias de las víctimas, la prioridad inmediata es la atención y el acompañamiento; para las instituciones, la responsabilidad es investigar, prevenir y garantizar que el sustento económico no siga dependiendo de condiciones que amenacen la vida.