Danilo Rojas reemplazará a Alejandro Ramelli al frente de la justicia transicional
El magistrado obtuvo 23 de los 38 votos de la Sala Plena y tomará posesión el 5 de noviembre, en reemplazo de Alejandro Ramelli.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió este martes 20 de octubre de 2026 al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como su nuevo presidente para el periodo 2026–2028. La decisión fue adoptada por la Sala Plena, en una votación en la que Rojas obtuvo 23 de los 38 votos emitidos. Su posesión está prevista para el próximo 5 de noviembre, cuando concluirá el periodo de Alejandro Ramelli Arteaga al frente de la institución.
La elección se produce en un momento importante para la justicia transicional colombiana, que continúa con los procesos judiciales relacionados con graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado. La nueva presidencia tendrá entre sus responsabilidades coordinar la gestión institucional y representar a la jurisdicción durante los próximos dos años.
Una elección entre tres magistrados
Rojas se impuso frente a los magistrados Reinere Jaramillo Chaverra y Camilo Suárez Aldana. Según los reportes publicados por medios colombianos, Jaramillo obtuvo 11 votos y Suárez recibió dos; también se registraron dos votos en blanco.
El magistrado elegido forma parte de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, instancia encargada de resolver asuntos de segunda instancia dentro de la jurisdicción. Antes de llegar a la JEP, desarrolló una carrera en la justicia contencioso-administrativa y fue presidente del Consejo de Estado en 2015.
Su trayectoria en la Rama Judicial constituye un antecedente relevante para el cargo, que exige conocimiento jurídico y capacidad para coordinar el trabajo de una institución con competencias especiales, procedimientos propios y una responsabilidad central en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado.
Los desafíos de la justicia transicional
La JEP fue creada a partir del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP. Su mandato incluye investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, así como contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.
Entre los procesos más relevantes se encuentran el caso 01, relacionado con la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad atribuidas a las antiguas FARC-EP, y el caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado.
El avance de estos procedimientos requiere coordinación entre las salas y secciones, análisis de grandes volúmenes de información, participación de las víctimas y seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales. La nueva presidencia deberá contribuir a que esos procesos continúen de acuerdo con las competencias y los procedimientos establecidos.
La presión presupuestal para 2027
Uno de los asuntos que marcarán el comienzo del nuevo periodo es la financiación de la institución. La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla una reducción de recursos para la JEP, según los reportes publicados el 20 de octubre.
Caracol Radio informó que el recorte previsto asciende a $181.000 millones. El ajuste genera interrogantes sobre la capacidad de la entidad para sostener sus actividades administrativas y judiciales, aunque sus efectos concretos dependerán de la distribución presupuestal definitiva, las prioridades institucionales y las medidas que se adopten para mantener los procesos en curso.
La situación financiera es especialmente relevante para una jurisdicción que debe atender casos complejos, garantizar la participación de las víctimas y avanzar en decisiones relacionadas con crímenes graves. No obstante, el impacto específico del recorte deberá evaluarse con base en el presupuesto definitivo y en información oficial sobre los programas y gastos afectados.
Una presidencia con responsabilidades institucionales
La elección de Rojas no modifica por sí misma el mandato legal de la JEP ni los procedimientos que rigen sus investigaciones y decisiones. El presidente debe orientar la coordinación institucional y representar al tribunal, mientras que los asuntos judiciales continúan sujetos a las competencias de las respectivas salas y secciones.
La transición de liderazgo será una oportunidad para observar cómo la jurisdicción organiza sus prioridades y enfrenta las restricciones presupuestales previstas para el próximo año. También será importante seguir el avance de los procesos, las decisiones que se adopten y las medidas destinadas a garantizar los derechos de las víctimas.
La JEP ocupa un lugar central en el cumplimiento de los compromisos de justicia del Acuerdo de Paz. El reto para la nueva presidencia será contribuir a que la institución mantenga la continuidad de su trabajo y avance en el esclarecimiento de responsabilidades, con decisiones fundamentadas y respeto por las garantías judiciales.