Gobierno prepara decreto para delimitar los espacios marítimos de San Andrés: ”Es un acto de soberanía”
La medida busca precisar las coordenadas oficiales del archipiélago y fortalecer la defensa jurídica de Colombia, aunque sus efectos dependerán del texto definitivo y del derecho internacional.
Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó el alcance de la medida anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella, que busca formalizar las líneas de base del archipiélago y precisar su representación en la cartografía náutica oficial.
El Gobierno nacional anunció la expedición de un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, una decisión que la administración del presidente Abelardo De La Espriella presenta como un paso para fortalecer la defensa jurídica de los espacios marítimos colombianos en el Caribe occidental.
El anuncio fue realizado por el mandatario durante una alocución desde un buque de la Armada Nacional, en aguas del Caribe, en la que insistió en la importancia estratégica del archipiélago para la soberanía, la seguridad marítima y el desarrollo económico del país.
Según lo expuesto por el presidente, el decreto será firmado y expedido el próximo 30 de noviembre, fecha en la que se celebra el cumpleaños de San Andrés. La disposición contempla incorporar las coordenadas correspondientes en las cartas náuticas oficiales de Colombia.
Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, explicó los antecedentes jurídicos de la iniciativa y la importancia que, desde la perspectiva del Gobierno, tiene la delimitación de las líneas de base para la protección de los intereses nacionales.
¿Qué son las líneas de base y por qué son importantes?
Las líneas de base son las referencias geográficas desde las cuales se miden determinados espacios marítimos de un Estado, entre ellos el mar territorial. Su trazado tiene consecuencias jurídicas porque permite establecer los puntos de referencia para calcular la extensión de las zonas marítimas reconocidas por el derecho internacional.
En el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la discusión gira en torno a la forma de representar jurídicamente el conjunto de islas, cayos, islotes y otras formaciones que integran el archipiélago, así como a la definición de las líneas de base que correspondan conforme a las normas aplicables.
Durante su intervención, De La Espriella recordó que la Ley 10 de 1978 ordenó trazar las líneas de base del archipiélago. Según su explicación, en 1984 se establecieron las correspondientes al territorio continental, pero el procedimiento relacionado con las islas quedó pendiente.
El Gobierno considera que la expedición del decreto permitirá avanzar en el cumplimiento de esa disposición y dar precisión cartográfica a la delimitación. No obstante, el alcance jurídico definitivo dependerá del contenido del decreto, de las coordenadas que establezca y de su compatibilidad con el derecho internacional.
La denominada doctrina Gaviria
Calderón España explicó que conoció los argumentos jurídicos sobre esta materia en 2013, cuando el internacionalista Enrique Gaviria Liévano le expuso su interpretación sobre la forma en que debía delimitarse el archipiélago.
Según el director de la Agencia Jurídica del Estado, la denominada doctrina Gaviria propone trazar líneas de base rectas que comprendan el conjunto de islas, cayos, islotes y arrecifes del archipiélago como una unidad, bajo la figura conocida como "archipiélago de Estado".
Esta interpretación busca reconocer jurídicamente la relación entre las distintas formaciones insulares y el Estado al que pertenecen. De acuerdo con Calderón España, la propuesta permitiría reforzar la argumentación colombiana frente a las controversias sobre espacios marítimos en el Caribe.
El funcionario recordó que la Ley 10 de 1978 estableció el marco legal para el trazado de las líneas de base y sostuvo que su aplicación al archipiélago había quedado pendiente durante décadas.
"En última instancia, viene a materializar lo que argumentamos y las pretensiones de nuestra acción de cumplimiento de aquella época", explicó Calderón España al referirse a las gestiones jurídicas que, según relató, se adelantaron para exigir la aplicación de la norma.
El funcionario calificó el anuncio como un "acto de soberanía" y destacó que la decisión busca llevar a la práctica una disposición legal que, desde su perspectiva, debió desarrollarse con anterioridad.
El contexto de la controversia con Nicaragua
La delimitación de los espacios marítimos del archipiélago tiene relevancia por la controversia histórica entre Colombia y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El litigio se ha centrado en cuestiones de soberanía territorial y delimitación marítima en el Caribe occidental. En sus decisiones, la Corte ha reconocido la soberanía colombiana sobre las islas principales del archipiélago y determinadas formaciones insulares, al tiempo que estableció una delimitación marítima entre los dos países.
En ese contexto, la definición de líneas de base debe analizarse a la luz de las normas internacionales que regulan el derecho del mar y de las decisiones judiciales aplicables. La expedición de un decreto nacional no modifica por sí sola los límites internacionales establecidos por una sentencia ni elimina automáticamente una controversia con otro Estado.
La posición del Gobierno es que la delimitación permitirá fortalecer la defensa jurídica de los intereses colombianos. La eficacia de esa medida frente a otros países dependerá de su fundamento jurídico, de las coordenadas adoptadas y de su conformidad con el derecho internacional.
De la soberanía jurídica a la presencia marítima
El anuncio presidencial no se limita al decreto. Durante su alocución, De La Espriella también planteó una estrategia para aumentar la presencia institucional en el archipiélago, reforzar la seguridad marítima y promover la actividad económica.
Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la intención de convertir a San Andrés en un centro logístico y marítimo del Caribe insular, con el objetivo de atraer actividad naviera, fortalecer las conexiones regionales y generar oportunidades de empleo.
El mandatario también anunció instrucciones para acelerar la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, además de impulsar un procedimiento especial para embarcaciones de recreo que permita agilizar los trámites de registro bajo los requisitos legales.
La propuesta busca que más embarcaciones utilicen la bandera colombiana y que San Andrés tenga una mayor participación en los servicios de mantenimiento, registro, operación portuaria y turismo náutico.
El Gobierno sostiene que una mayor actividad marítima, acompañada de controles eficaces y presencia institucional, contribuiría a fortalecer el ejercicio de la soberanía. La ejecución de estas iniciativas requerirá medidas administrativas, reglamentación y coordinación con las autoridades marítimas competentes.
El reto jurídico de la medida
La firma del decreto, prevista para el 30 de noviembre, será el siguiente paso del anuncio presidencial. A partir de su publicación, será necesario examinar el trazado adoptado, las coordenadas incluidas y las consecuencias jurídicas de su aplicación.
La decisión también deberá evaluarse en relación con los tratados internacionales ratificados por Colombia, las reglas del derecho del mar y los antecedentes judiciales que han definido la situación del archipiélago.
Para el Gobierno, la iniciativa representa la oportunidad de formalizar una delimitación pendiente y fortalecer los argumentos jurídicos del país. Para determinar sus efectos concretos, sin embargo, será indispensable conocer el texto definitivo y analizar cómo se aplica a los espacios marítimos del archipiélago.
La discusión sobre las líneas de base vuelve a poner a San Andrés en el centro de la política marítima colombiana. El resultado dependerá no solo de la expedición del decreto, sino también de su solidez jurídica, su aplicación técnica y su articulación con las obligaciones internacionales del Estado.