Presto enfrenta una nueva crisis: la justicia ordena liquidar su empresa operadora
Franquicias y Concesiones solicitó el proceso luego de reconocer dificultades de caja y falta de condiciones para continuar como negocio en marcha.
La empresa Franquicias y Concesiones S. A. S., responsable de la operación de la cadena de comidas rápidas Presto, entró en liquidación judicial después de que la Superintendencia de Sociedades ordenara terminar su acuerdo de reorganización empresarial. La decisión, adoptada mediante un auto del 13 de octubre de 2026, se produjo tras el deterioro financiero de la compañía y el incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo.
La propia empresa había solicitado la apertura del proceso el 30 de septiembre, al reconocer que ya no contaba con las condiciones necesarias para continuar como negocio en marcha. Entre los factores señalados figuran la reducción del flujo de caja, las dificultades para atender los gastos administrativos y el incumplimiento de compromisos adquiridos después de la reorganización.
Una reorganización que no logró sostenerse
La liquidación representa un nuevo capítulo en las dificultades financieras de la operadora. En julio de 2023, Franquicias y Concesiones había ingresado a un proceso de reorganización empresarial, mecanismo contemplado en la Ley 1116 de 2006 que busca facilitar acuerdos con los acreedores y, cuando las condiciones lo permiten, preservar la actividad económica.
El 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización, con el que la compañía buscaba atender pasivos por aproximadamente $31.000 millones. La aprobación había generado expectativas de recuperación; sin embargo, meses después, la empresa reconoció que no podía sostener su continuidad como negocio en marcha.
La apertura de la liquidación judicial implica que el proceso deja de estar centrado en la recuperación financiera bajo aquel acuerdo y pasa a la realización de los activos de la sociedad para atender las obligaciones pendientes, conforme a las reglas legales y al orden de prelación de créditos.
¿Qué pasará con los restaurantes?
La decisión no significa, por sí sola, que todos los establecimientos de Presto deban cerrar inmediatamente. Según información publicada por Infobae el 16 de octubre, los puntos de venta continúan abiertos mientras se busca una alternativa que permita preservar el valor de la marca y su operación.
La continuidad dependerá de lo que ocurra durante el proceso judicial y de la posibilidad de encontrar un comprador o inversionista interesado en mantener la actividad. La liquidación busca administrar y realizar los bienes de la sociedad, pero la conservación de los restaurantes no está garantizada a largo plazo.
En abril, cuando se aprobó la reorganización, la Superintendencia había informado que el plan contemplaba preservar 694 empleos directos y mantener operativos 180 puntos de venta. Esas cifras corresponden a la situación reportada entonces y no deben interpretarse como una confirmación de que el mismo número de trabajadores y locales continúe actualmente en operación.
Acreedores y trabajadores, entre los principales afectados
El proceso también abre interrogantes sobre el pago de las obligaciones pendientes. Los recursos que se obtengan de la venta de activos deberán distribuirse conforme a las normas aplicables a la liquidación judicial. El resultado dependerá del valor que finalmente se reconozca a los bienes y de la cuantía de las acreencias admitidas.
Para los trabajadores, proveedores y demás acreedores, el procedimiento será determinante. Los créditos laborales cuentan con protección legal y una prelación especial, aunque el reconocimiento y pago efectivo de cada obligación dependerá de las actuaciones del proceso y de los recursos disponibles.
La liquidación también puede afectar a quienes dependen comercialmente de la cadena, incluidos proveedores de alimentos, servicios logísticos y otros contratistas. Por ahora, la búsqueda de un comprador aparece como una de las posibilidades para preservar parte de la operación, aunque no existe garantía de que se concrete una negociación.
Una señal de alerta para el negocio de restaurantes
El caso de Presto muestra que la aprobación de un acuerdo de reorganización no garantiza la recuperación de una empresa. Para que ese mecanismo funcione, la compañía debe generar suficiente caja para operar, cubrir sus gastos corrientes y cumplir las obligaciones pactadas, además de mantener la confianza de acreedores, trabajadores y socios comerciales.
La liquidación judicial marca, por tanto, un momento decisivo para la operadora de una marca reconocida en el mercado colombiano. El desenlace dependerá de la valoración de sus activos, del desarrollo del procedimiento y de la posibilidad de encontrar un interesado que preserve la actividad económica.
Por ahora, la distinción central es esta: la sociedad operadora está en liquidación judicial, pero el cierre inmediato de todos los restaurantes no se desprende automáticamente de esa decisión. El futuro de los puntos de venta dependerá de las determinaciones que se adopten durante el proceso.