Colombia necesita inversiones de largo plazo para garantizar el suministro de energía

Colombia enfrenta el desafío de ampliar su capacidad de generación eléctrica mientras garantiza un suministro confiable para hogares, comercios e industrias. Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) y del Consejo Gremial Nacional, ha insistido en que el país necesita reglas estables y mayores inversiones para responder al crecimiento de la demanda y reducir los riesgos de escasez.

El tema volvió a cobrar relevancia con un perfil publicado por EL PAÍS el 19 de octubre de 2026, que examina la trayectoria de Gutiérrez y su influencia en las discusiones sobre energía y desarrollo empresarial. Su posición combina dos preocupaciones: la necesidad de incorporar nuevas fuentes de generación y la importancia de conservar suficiente capacidad de respaldo para atender la demanda en momentos críticos.

El debate se desarrolla mientras Colombia busca avanzar en la transición energética, fortalecer las fuentes renovables y resolver dificultades que afectan la construcción y entrada en operación de nuevos proyectos. Para el sector, la cuestión no consiste únicamente en producir energía más limpia, sino en garantizar que la electricidad esté disponible cuando se necesite.

La inversión como condición para la confiabilidad

Acolgen sostiene que el país necesita inversiones sostenidas en infraestructura de generación para responder a la demanda futura. En septiembre, Gutiérrez propuso establecer un régimen de estabilidad de 30 años para determinados proyectos de infraestructura eléctrica, con el argumento de que las inversiones de largo plazo requieren reglas previsibles que no cambien de manera abrupta con cada administración.

La propuesta busca ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas y facilitar la financiación de proyectos cuyo desarrollo puede tardar años y cuya recuperación económica se extiende durante décadas.

Según la dirigente gremial, Colombia necesitaría invertir alrededor de $10 billones anuales en generación eléctrica para fortalecer la confiabilidad del sistema. Esta cifra corresponde a la estimación defendida por el gremio y no debe interpretarse como un presupuesto oficial aprobado por el Gobierno.

La inversión necesaria dependerá de factores como la evolución de la demanda, los costos de construcción, las tecnologías utilizadas, la disponibilidad de financiación y los proyectos que finalmente entren en operación. También será importante conocer qué proporción de los recursos podría provenir del sector privado y qué mecanismos regulatorios permitirían atraerlos.

Energía renovable y capacidad de respaldo

La expansión de la energía solar y eólica constituye una parte importante de la transformación de la matriz energética colombiana. Sin embargo, la generación de estas fuentes depende de condiciones naturales variables, por lo que su integración requiere una planificación que considere el almacenamiento, las redes de transmisión y otras tecnologías capaces de respaldar el suministro.

Acolgen ha defendido un sistema que combine fuentes renovables con generación hidráulica y térmica, de modo que el país pueda mantener la confiabilidad cuando disminuye la disponibilidad de agua o cuando las condiciones meteorológicas reducen la producción de otras tecnologías.

Esta posición representa la perspectiva del gremio de generadores y forma parte de un debate más amplio sobre el diseño del sistema eléctrico. La discusión incluye el papel de las plantas térmicas, el ritmo de incorporación de energías renovables, la modernización de las redes y los incentivos que necesita cada tipo de proyecto.

La transición energética no depende exclusivamente de instalar nuevas plantas. También exige infraestructura de transmisión, mecanismos de almacenamiento, capacidad de respuesta ante contingencias y reglas claras para coordinar la operación de las diferentes tecnologías.

Los retrasos de los proyectos y las señales regulatorias

Uno de los problemas señalados por los gremios es la demora en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación. Cuando las instalaciones previstas no comienzan a producir en las fechas esperadas, la capacidad disponible puede crecer más lentamente que la demanda.

En este contexto, Acolgen ha cuestionado cambios regulatorios que, a su juicio, pueden aumentar la incertidumbre para los inversionistas. El gremio sostiene que la estabilidad normativa y la claridad sobre los mecanismos de remuneración son fundamentales para que las empresas comprometan recursos en proyectos de larga maduración.

No obstante, las decisiones regulatorias también deben evaluarse desde la perspectiva de los consumidores, la competencia y los costos del servicio. Garantizar condiciones para la inversión no significa que cualquier esquema de remuneración sea necesariamente conveniente: los mecanismos deben contar con controles, incentivos adecuados y una justificación técnica que permita valorar sus efectos sobre las tarifas.

El desafío institucional consiste en equilibrar la seguridad del suministro, la sostenibilidad financiera de los proyectos, la protección de los usuarios y los objetivos ambientales del país.

El papel del cargo por confiabilidad

Uno de los instrumentos centrales del mercado eléctrico colombiano es el cargo por confiabilidad, un mecanismo destinado a respaldar la disponibilidad de energía firme para periodos en los que el sistema enfrenta condiciones de escasez.

Gutiérrez ha defendido este mecanismo como una herramienta para sostener inversiones en infraestructura y garantizar que existan recursos de generación disponibles cuando la demanda no pueda atenderse únicamente con la producción habitual.

El esquema también ha sido objeto de críticas y discusiones sobre sus costos, sus resultados y la forma en que se distribuyen los beneficios y las obligaciones entre los participantes del mercado. Su evaluación requiere analizar tanto los recursos recaudados como los compromisos asumidos por las plantas y su capacidad efectiva para responder en situaciones críticas.

La discusión es especialmente relevante en un país cuya generación eléctrica depende en gran medida de las condiciones hidrológicas. Durante periodos de sequía, la disponibilidad de las centrales térmicas y de otras fuentes de respaldo puede adquirir mayor importancia para mantener el suministro.

Por ello, cualquier modificación al mecanismo debe examinar sus posibles consecuencias sobre la inversión, la competencia, los precios y la confiabilidad del sistema.

Una agenda que involucra al Gobierno y al sector privado

La trayectoria de Gutiérrez, quien ha trabajado tanto en el sector privado como en el servicio público, la ha convertido en una interlocutora relevante en las discusiones sobre política energética y empresarial. Su doble liderazgo gremial amplía el alcance de sus planteamientos, aunque sus declaraciones deben entenderse como la posición de las organizaciones que representa y no como un diagnóstico independiente de todas las partes del sector.

El Gobierno, los reguladores, las empresas generadoras, los operadores del sistema y los consumidores tienen responsabilidades distintas en la construcción de una política energética sostenible. El reto es encontrar acuerdos que permitan incorporar nueva capacidad sin trasladar costos desproporcionados a los hogares y las empresas.

En los próximos años será determinante observar si las inversiones previstas se traducen en plantas que entren efectivamente en operación, si se fortalecen las redes de transmisión y si la expansión renovable avanza acompañada de suficiente capacidad de respaldo.

La confiabilidad eléctrica no depende de una sola tecnología ni de una decisión aislada. Requiere planeación, financiación, regulación consistente y coordinación entre los actores públicos y privados. El debate que plantea Acolgen pone el foco en una condición esencial para la economía colombiana: la transición energética solo será sostenible si logra combinar fuentes más limpias con un suministro estable y asequible.