Caso Mancuso: denuncias cruzadas llevan el Pacto de Valledupar a la justicia
La defensa de Gustavo Petro acudió a la Fiscalía, mientras la Procuraduría investiga a Armando Benedetti y Rodríguez por las presuntas presiones denunciadas.
La controversia por las reuniones celebradas en Valledupar entre funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes paramilitares escaló el 21 de octubre, después de que la defensa del expresidente anunciara una denuncia penal contra Angie Rodríguez y Salvatore Mancuso. El caso gira en torno a los señalamientos según los cuales delegados del Ejecutivo habrían solicitado a exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que formularan acusaciones públicas contra dirigentes políticos de derecha. Las versiones enfrentadas deberán ser examinadas por las autoridades.
La controversia se hizo pública tras las declaraciones de Mancuso, antiguo comandante de las AUC, quien afirmó que funcionarios del Gobierno anterior habrían pedido a varios excomandantes que hablaran públicamente contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. Según su relato, los participantes rechazaron la solicitud porque consideraban que ya habían entregado ante la justicia la información de la que disponían.
El abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, también señaló que la petición se habría producido durante encuentros realizados en Valledupar en octubre de 2025. De acuerdo con su versión, las reuniones abordaban asuntos relacionados con la reincorporación, la reparación a las víctimas y cuestiones jurídicas de los antiguos integrantes de las AUC. Villamizar sostuvo que los excomandantes no aceptaron la supuesta petición y aclaró que, según su relato, no se les ofrecieron beneficios ni se formalizó un acuerdo.
Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), respaldó parte de los señalamientos y describió los hechos como un intento de utilizar políticamente a los antiguos comandantes. Mancuso, por su parte, manifestó estar dispuesto a entregar su versión ante las autoridades.
La respuesta de Gustavo Petro
El expresidente rechazó las acusaciones. Su abogado, Alejandro Carranza, sostuvo que Petro nunca ordenó buscar testimonios falsos contra dirigentes políticos y anunció acciones judiciales para esclarecer lo sucedido.
El 21 de octubre, Carranza informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Rodríguez y Mancuso. Según explicó, la acción busca establecer quién habría solicitado las declaraciones contra Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella, así como esclarecer las circunstancias de las reuniones y la eventual participación de funcionarios del Gobierno.
La denuncia constituye una respuesta judicial a los señalamientos, pero no demuestra por sí misma que las acusaciones sean falsas. Del mismo modo, las declaraciones de Mancuso y Rodríguez no bastan para establecer que funcionarios del Ejecutivo hayan intentado manipular testimonios. Ambas versiones requieren verificación y deberán contrastarse con documentos, testimonios y otros elementos probatorios.
Investigación disciplinaria y posibles responsabilidades
La controversia también llegó al ámbito disciplinario. La Procuraduría anunció una investigación contra el exministro del Interior Armando Benedetti y Angie Rodríguez relacionada con las reuniones de Valledupar y las presuntas presiones denunciadas por Mancuso.
Esta actuación busca esclarecer posibles faltas disciplinarias. No equivale a una declaración de culpabilidad ni permite concluir que los hechos denunciados estén demostrados. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las pruebas que se recauden y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
El caso tiene implicaciones que van más allá de la confrontación entre antiguos funcionarios y el expresidente. Si se comprobara que se intentó inducir a antiguos integrantes de grupos armados a realizar acusaciones sin fundamento con fines electorales, surgirían preguntas graves sobre el uso de la institucionalidad y los mecanismos de justicia transicional. Si las acusaciones no se acreditan, también sería necesario establecer si hubo señalamientos falsos y qué responsabilidades podrían derivarse de ellos.
Por ahora, es necesario distinguir entre los hechos confirmados —las declaraciones públicas, las acciones judiciales anunciadas y la investigación disciplinaria reportada— y el contenido de las acusaciones, que continúa bajo controversia.
El avance del caso dependerá de que la Fiscalía y los organismos de control examinen las versiones de los involucrados, las actas y los registros disponibles de las reuniones, así como las instrucciones que eventualmente se hubieran impartido. La prioridad debe ser establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si existen pruebas que permitan atribuir responsabilidades individuales.