San Andrés: el plan de De la Espriella abre un nuevo debate marítimo
La medida no modifica automáticamente la frontera marítima, pero deberá demostrar su compatibilidad con el derecho internacional y el fallo de La Haya de 2012.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció durante su primera visita oficial a San Andrés que establecerá por decreto las líneas de base marítimas del archipiélago, una decisión que reabre el debate sobre la soberanía, la delimitación de las aguas y las relaciones con Nicaragua. La propuesta plantea interrogantes jurídicos y diplomáticos, especialmente por sus posibles implicaciones en una zona marcada por décadas de controversias territoriales.
El anuncio fue analizado por EL PAÍS el miércoles 21 de octubre de 2026, después de la visita presidencial al archipiélago. Durante su recorrido, el mandatario realizó actos simbólicos relacionados con la soberanía marítima y defendió la necesidad de fortalecer la presencia del Estado colombiano en el Caribe.
La iniciativa debe examinarse con una distinción fundamental: establecer líneas de base no equivale, por sí solo, a modificar una frontera marítima internacional. Las líneas de base sirven para medir espacios marítimos y su definición está sujeta a las reglas del derecho internacional. Cualquier efecto sobre los límites con Nicaragua dependerá del contenido concreto de la medida y de su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Colombia.
¿Qué son las líneas de base marítimas?
En el derecho del mar, las líneas de base constituyen el punto de referencia desde el cual un Estado mide la anchura de su mar territorial y determina otros espacios marítimos conforme a las normas aplicables. En determinadas condiciones geográficas, los países pueden utilizar líneas de base rectas para conectar puntos apropiados de la costa, pero su trazado está sujeto a criterios jurídicos específicos.
Por esa razón, un decreto que establezca líneas de base para el archipiélago no debe confundirse automáticamente con una nueva delimitación frente a Nicaragua. Las dos cuestiones están relacionadas, pero tienen alcances jurídicos diferentes.
El Gobierno deberá precisar qué puntos geográficos se utilizarán, qué normas sustentan el trazado y cómo se relaciona la medida con las delimitaciones marítimas existentes. También será necesario determinar si la disposición tiene efectos prácticos sobre la navegación, la pesca, la vigilancia marítima o el ejercicio de competencias estatales.
El debate no es nuevo. En una entrevista publicada por EL PAÍS el 20 de octubre, el abogado internacionalista Andrés Villegas, quien ha representado a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, sostuvo que definir las líneas de base responde a una cuestión normativa pendiente. También advirtió que la medida podría generar reacciones de Nicaragua, dada la historia de controversias entre ambos países.
El antecedente de La Haya
La discusión está vinculada con la sentencia que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el 19 de noviembre de 2012 en el litigio territorial y marítimo entre Nicaragua y Colombia.
En esa decisión, la Corte confirmó la soberanía colombiana sobre varios accidentes geográficos del archipiélago y estableció una frontera marítima entre los dos países. El fallo atribuyó a Colombia la soberanía sobre los cayos de Alburquerque, Bajo Nuevo, los cayos del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla, además de trazar una delimitación de los espacios marítimos correspondientes.
El resultado tuvo consecuencias para la distribución de las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales en el Caribe occidental. Desde entonces, la relación bilateral ha mantenido asuntos sensibles vinculados con la pesca, el aprovechamiento de recursos naturales y la presencia de las autoridades en las aguas de la región.
Por ello, cualquier iniciativa colombiana relacionada con la medición de espacios marítimos debe evaluarse a la luz del derecho internacional y de las decisiones judiciales aplicables. La sentencia de 2012 no puede considerarse modificada simplemente por un anuncio presidencial o por la expedición de una norma interna.
Una decisión con implicaciones diplomáticas
El anuncio del Gobierno también tiene una dimensión política. San Andrés y Providencia son territorios estratégicos para Colombia por su ubicación en el Caribe, su actividad turística y pesquera, y la presencia histórica de la comunidad raizal.
Las decisiones sobre el mar tienen efectos que van más allá de la relación entre Bogotá y Managua. La definición de las competencias marítimas puede incidir en las labores de vigilancia, la pesca artesanal, la navegación y las actividades económicas de las comunidades insulares.
La participación de la población raizal será relevante para evaluar las implicaciones de la medida. Las autoridades deberán explicar cómo se elaborará el trazado, qué estudios técnicos lo sustentan y qué mecanismos de diálogo se utilizarán con los habitantes del archipiélago.
En el plano internacional, Nicaragua podría cuestionar una decisión que considere incompatible con sus derechos o con la delimitación existente. No obstante, cualquier reacción concreta deberá distinguirse de las especulaciones sobre un eventual nuevo litigio: hasta que se conozcan las disposiciones y las respuestas oficiales, no es posible afirmar que el anuncio conducirá necesariamente a un nuevo proceso ante la Corte Internacional de Justicia.
El alcance real del decreto está por conocerse
La medida anunciada abre preguntas que deberán resolverse con la publicación del texto normativo y sus fundamentos técnicos. Entre ellas están el trazado exacto de las líneas, las coordenadas utilizadas, las disposiciones internacionales invocadas y la relación de la norma con la frontera marítima establecida en 2012.
También será importante conocer las explicaciones de la Cancillería, la posición oficial de Nicaragua y las observaciones de especialistas en derecho del mar. Estas respuestas permitirán determinar si la iniciativa tiene principalmente un alcance técnico y administrativo o si busca producir efectos que puedan generar una controversia internacional.
Por ahora, el anuncio constituye una decisión política que requiere mayor precisión jurídica. Su evaluación no depende únicamente de la intención de reafirmar la soberanía colombiana, sino también de la legalidad del trazado, su compatibilidad con las obligaciones internacionales y sus consecuencias para las comunidades del archipiélago.
El desafío para el Gobierno será explicar el alcance de la medida con claridad y evitar que un asunto técnico se convierta en una fuente adicional de incertidumbre diplomática. En San Andrés, la soberanía marítima no es solo una cuestión de límites en un mapa: también involucra el sustento, la seguridad y los derechos de quienes habitan el territorio insular.