Deicy Jiménez lanza acusaciones contra Petro y el presidente responde con contundente negación
La mujer presentó acusaciones sobre presuntos favores sexuales, contratación estatal y un supuesto encargo relacionado con cocaína; el exmandatario negó los señalamientos y pidió verificar las pruebas.
La mujer aseguró en entrevista con SEMANA que el exmandatario le habría entregado dinero para comprar cocaína y que presuntamente utilizó contratos estatales para obtener favores sexuales. Petro rechazó las acusaciones, denunció una supuesta operación política en su contra y aseguró que no ha utilizado el poder público para obtener relaciones íntimas.
Las declaraciones de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro desataron una nueva controversia política en Colombia. En una entrevista con la revista, la mujer presentó una serie de señalamientos relacionados con su presunta relación íntima con el exmandatario, supuestos intercambios de favores sexuales por contratos estatales y un episodio en el que, según su testimonio, Petro le habría pedido comprar y transportar cocaína hasta Bogotá.
Ante la difusión de estas acusaciones, Petro publicó un comunicado en sus redes sociales en el que negó haber entregado contratos públicos a cambio de relaciones sexuales y cuestionó el origen de las denuncias. El exmandatario sostuvo que existe una operación para exponer su vida privada y aseguró que, a su juicio, no se han presentado pruebas que demuestren las conductas que le atribuyen.
El caso reúne dos versiones contrapuestas y ha abierto interrogantes sobre la contratación pública, el posible uso indebido del poder y la necesidad de verificar los señalamientos mediante procedimientos judiciales. Hasta el momento, las declaraciones de Jiménez deben entenderse como acusaciones pendientes de comprobación, mientras que la respuesta de Petro constituye su posición frente a los hechos denunciados.
Las acusaciones de Deicy Jiménez
En la entrevista con la periodista Vicky Dávila, Jiménez afirmó que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que posteriormente mantuvo con él una relación íntima durante varios años.
Según su relato, después de conocerlo se trasladó a Bogotá y comenzó a tener vínculos laborales con entidades públicas. La mujer sostiene que su relación personal con el entonces dirigente político habría estado relacionada con oportunidades de contratación estatal y que otras mujeres jóvenes también habrían participado en una dinámica similar.
Jiménez calculó que podrían haber sido entre 30 y 40 mujeres, aunque esa cifra corresponde a su declaración y no ha sido establecida de manera independiente. También afirmó que algunos contratos habrían servido como contraprestación por encuentros íntimos, una acusación que, de comprobarse, podría dar lugar a investigaciones sobre posibles irregularidades administrativas y uso indebido de recursos públicos.
La denunciante mencionó contratos relacionados con el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la existencia de vínculos contractuales no demuestra por sí sola que estos se hayan concedido a cambio de favores sexuales. Para determinar si hubo irregularidades sería necesario revisar los procesos de contratación, las funciones asignadas, los soportes administrativos y las pruebas que puedan relacionar las decisiones públicas con los hechos denunciados.
Jiménez también aseguró que conservó fotografías y conversaciones que, según ella, respaldarían parte de su testimonio. La autenticidad, el contexto y el alcance probatorio de esos materiales deberán establecerse mediante verificaciones independientes.
El episodio de la supuesta entrega de cocaína
Uno de los señalamientos más delicados surgió cuando Jiménez relató que Petro le habría solicitado comprar cocaína y llevarla hasta Bogotá, cuando él todavía era senador.
De acuerdo con su versión, el entonces congresista le habría entregado tres millones de pesos en efectivo para adquirir la sustancia fuera de la capital. La mujer aseguró que compró la droga a personas que identificó como integrantes de una banda, aunque no reveló públicamente sus nombres ni el lugar exacto de la transacción.
Jiménez sostuvo que posteriormente transportó la sustancia en avión, escondida en su equipaje, y que se la entregó personalmente a Petro en un apartamento de Bogotá. También afirmó que habría recibido solicitudes similares en otras ocasiones, pero que decidió negarse por temor a su seguridad.
Estas afirmaciones fueron divulgadas por SEMANA como parte de la entrevista. No obstante, el relato de la denunciante no equivale a una comprobación judicial de los hechos. Para establecer si el episodio ocurrió como ella lo describe, sería necesario contrastar su versión con documentos, registros de viaje, comunicaciones y otros elementos que pudieran ser pertinentes para una investigación.
En su comunicado público, Petro rechazó de manera general los señalamientos que lo vinculan con corrupción y narcotráfico. Sin embargo, en el texto difundido por EL HERALDO, el énfasis de su respuesta estuvo en las acusaciones sobre su vida íntima y el supuesto intercambio de contratos por relaciones sexuales. Por ello, no corresponde presentar esa declaración como una respuesta detallada a cada elemento del episodio narrado por Jiménez.
La respuesta de Petro: niega los contratos a cambio de relaciones sexuales
Tras conocerse las declaraciones, Petro publicó un comunicado en el que rechazó las acusaciones sobre el supuesto uso de su posición política para obtener favores íntimos.
"Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante", afirmó el exmandatario en el texto difundido a través de sus redes sociales.
Petro sostuvo que las denuncias forman parte de una operación dirigida, según su versión, desde el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para indagar en su vida íntima y sexual. También cuestionó la motivación de quienes han divulgado los señalamientos y aseguró que no se ha presentado evidencia que demuestre las conductas que le atribuyen.
En el comunicado, el expresidente defendió su trayectoria política y negó haber utilizado el poder público para obtener relaciones sexuales. Asimismo, señaló que considera que su vida privada está siendo objeto de una exposición que, a su juicio, afecta la libertad individual.
"En mi sexualidad no está el uso del poder, sino la búsqueda del amor y su realización", expresó Petro al referirse a su manera de entender las relaciones personales.
Su respuesta constituye una negación explícita de la acusación relacionada con los contratos estatales. Sin embargo, el comunicado no sustituye la verificación independiente de los hechos ni determina por sí mismo el resultado de las eventuales actuaciones judiciales.
Una denuncia formal solicita investigar posibles irregularidades
La controversia también llegó al ámbito institucional. Según informó EL HERALDO, el Instituto Anticorrupción, dirigido por Camilo Enciso, presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia para que se examinen los señalamientos relacionados con presuntos contratos estatales a cambio de servicios sexuales.
La acción solicita que las autoridades verifiquen si existieron irregularidades en la contratación pública, un posible uso de recursos estatales para fines particulares u otras conductas que pudieran tener relevancia jurídica.
Entre los asuntos cuya revisión se pidió figuran posibles delitos relacionados con la contratación, el tráfico de influencias y el manejo de recursos públicos. La denuncia también solicita recibir declaraciones de personas que podrían aportar información sobre los hechos.
La presentación de una denuncia formal representa un paso dentro del procedimiento institucional, pero no significa que los delitos mencionados hayan sido demostrados ni que exista una decisión judicial contra Petro. Corresponde a las autoridades competentes evaluar la información, determinar si procede adelantar actuaciones y establecer si hay elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
El debate sobre la contratación pública y el abuso de poder
Más allá de la confrontación entre la denunciante y el expresidente, el caso plantea interrogantes sobre los controles de la contratación estatal y los mecanismos para investigar posibles conflictos de interés.
Si se demuestra que un contrato público fue adjudicado como contraprestación por un beneficio personal, el caso podría tener consecuencias administrativas y penales, de acuerdo con las circunstancias y las normas aplicables. Pero para llegar a esa conclusión es indispensable demostrar la relación entre la decisión contractual, las personas involucradas y el supuesto beneficio.
Por eso, la revisión de los contratos mencionados deberá establecer quién tomó las decisiones, cuáles fueron los procedimientos utilizados, qué servicios se prestaron y si existen elementos que permitan identificar una eventual irregularidad. También será necesario verificar las afirmaciones sobre la supuesta participación de otras mujeres, sin asumir como cierta una cifra que hasta ahora procede del testimonio de Jiménez.
En casos que involucran a figuras públicas, la investigación debe distinguir entre las conductas que pueden ser de interés público por su posible relación con el ejercicio del poder y los aspectos estrictamente privados que no tengan conexión demostrable con una infracción legal.
Un caso pendiente de esclarecimiento
Las acusaciones de Deicy Jiménez y la respuesta de Gustavo Petro sitúan el caso en dos planos: por un lado, las denuncias sobre posibles favores sexuales, contratación estatal y una supuesta entrega de cocaína; por otro, la negativa del expresidente, quien sostiene que existe una operación política para exponer su vida privada y cuestionar su trayectoria.
El testimonio de Jiménez incluye afirmaciones graves que requieren verificación. La respuesta de Petro, por su parte, deja clara su posición frente a la acusación de haber entregado contratos a cambio de relaciones sexuales. Ninguna de las dos versiones, por sí sola, resuelve las preguntas sobre lo ocurrido.
El avance de la denuncia y la eventual revisión de los documentos serán determinantes para establecer si existen elementos que respalden los señalamientos. Mientras tanto, resulta necesario mantener la distinción entre las acusaciones formuladas, la defensa del exmandatario y los hechos que puedan ser acreditados por las autoridades.
La controversia mantiene bajo escrutinio la transparencia de la contratación pública y el uso del poder político, pero su desenlace dependerá de la evidencia que pueda ser verificada y de las decisiones que adopten las instituciones competentes.