Caso UNGRD: defensa de Sandra Ortiz cuestiona imparcialidad de la jueza

La noticia debe concentrarse en el nuevo incidente procesal y sus consecuencias para el calendario judicial. La recusación es una solicitud de la defensa, no una decisión que demuestre por sí misma falta de imparcialidad de la jueza. Asimismo, las acusaciones contra Sandra Ortiz deben presentarse como imputaciones de la Fiscalía, no como hechos judicialmente probados.

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La audiencia preparatoria del proceso penal contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno de Gustavo Petro, fue suspendida el viernes 23 de octubre después de que su defensa recusara a la jueza octava penal de Bogotá. El abogado Mauricio Camacho solicitó que la funcionaria se aparte del caso, al considerar que sus actuaciones previas en el mismo expediente podrían comprometer la apariencia de imparcialidad necesaria para conducir el juicio.

Durante la diligencia, Ortiz manifestó que no considera tener garantías suficientes para enfrentar el proceso ante esa jueza y pidió que el asunto sea asignado a otro despacho judicial. La funcionaria judicial, por su parte, deberá seguir el procedimiento correspondiente para que se determine si la recusación tiene fundamento.

La audiencia quedó aplazada hasta el 11 de noviembre de 2026, a las 8:00 a. m., fecha prevista para continuar con la actuación judicial, mientras se tramita la solicitud.

¿Por qué la defensa pidió apartar a la jueza?

El argumento central de la defensa es que la jueza ya había intervenido previamente en actuaciones relacionadas con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el abogado Camacho, esa participación anterior podría generar dudas sobre la objetividad con la que debe desarrollarse el juicio.

La defensa sostuvo que la funcionaria había actuado antes como jueza de control de garantías en el mismo asunto y que también conoció actuaciones relacionadas con el principio de oportunidad del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien figura entre los testigos relevantes para el proceso.

A partir de esos antecedentes, el abogado solicitó que la recusación prospere y que el expediente sea sometido nuevamente a reparto, de manera que otro juez asuma el conocimiento del juicio.

La solicitud no significa que la jueza haya sido declarada parcial ni que exista una decisión que confirme las objeciones de la defensa. La recusación es un mecanismo procesal mediante el cual una parte pide que un funcionario judicial se aparte de un asunto por una causal que, a su juicio, puede afectar su imparcialidad. Corresponde a las autoridades competentes determinar si esa causal está acreditada y qué efecto tiene sobre el proceso.

Ortiz afirma que no tiene garantías para el juicio

Durante la audiencia, Sandra Ortiz también intervino personalmente y manifestó su desacuerdo con que la jueza continúe al frente de su proceso. La exconsejera afirmó que considera comprometida la imparcialidad de la funcionaria y pidió que se aparte del caso.

Sus declaraciones se produjeron en medio de una diligencia importante para la preparación del juicio, en la que se deben definir las pruebas y los testimonios que podrán ser utilizados durante el proceso penal.

El aplazamiento implica que esa etapa no pudo avanzar según lo previsto. La fecha de reanudación dependerá del trámite de la recusación y de las decisiones judiciales que se adopten frente a la solicitud.

No es la primera vez que la defensa cuestiona la permanencia de la misma jueza. En mayo de 2026 se había presentado otra solicitud relacionada con su participación previa en actuaciones del caso. Según los reportes periodísticos, aquella petición no prosperó porque no se consideró acreditada la causal invocada en los términos exigidos por la ley.

¿De qué se acusa a la exconsejera presidencial?

Sandra Ortiz es investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, entidad encargada de coordinar la gestión del riesgo de desastres en Colombia.

La Fiscalía la acusa de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos. Según la hipótesis del ente investigador, Ortiz habría intervenido en la circulación de dinero que presuntamente se destinaba a obtener el respaldo de los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para iniciativas legislativas del Gobierno en 2023.

La investigación incluye testimonios y elementos probatorios relacionados con Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD. La Fiscalía ha señalado que Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de sobornos, una acusación que deberá ser examinada en el proceso judicial y frente a la cual la exfuncionaria conserva el derecho a defenderse y a la presunción de inocencia.

Ortiz se encuentra en libertad por vencimiento de términos. Esa circunstancia procesal no equivale a una absolución ni resuelve la responsabilidad penal que se discute en el expediente.

La recusación puede influir en el calendario judicial

El siguiente paso consiste en resolver la solicitud presentada por la defensa y establecer si la jueza continuará a cargo del proceso o si corresponde apartarla. La decisión tendrá consecuencias prácticas para la programación de las audiencias y el avance de la etapa preparatoria.

El caso forma parte de una investigación de alto impacto por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a atender emergencias. Por ello, el desarrollo del proceso es relevante tanto para el esclarecimiento de los hechos como para las garantías de las personas investigadas.

Por ahora, la recusación no modifica los cargos formulados por la Fiscalía ni resuelve el fondo de la investigación. El proceso continúa pendiente de las decisiones judiciales que permitan avanzar hacia la definición de las pruebas y, posteriormente, al juicio.