Carreras en Bogotá bajo la lupa: millonarios recaudos y barrios atrapados por los cierres viales

Las competencias deportivas que reúnen a miles de corredores en la capital se encuentran en el centro de una controversia por los ingresos que generan, las condiciones económicas bajo las cuales se autorizan y las afectaciones que soportan los residentes de Teusaquillo. Mientras concejales cuestionan los recursos que recibe el Distrito, habitantes de La Esmeralda y Pablo VI reclaman por las restricciones de movilidad y exigen que los eventos se distribuyan por otras zonas de la ciudad. La Alcaldía prepara una nueva regulación para reducir la concentración de las carreras.

Las carreras atléticas se han convertido en una de las actividades deportivas de mayor convocatoria en Bogotá. Cada año, miles de personas participan en competencias de diferentes distancias que promueven el ejercicio físico, dinamizan sectores económicos y posicionan a la capital como escenario de grandes encuentros deportivos. Sin embargo, detrás de las camisetas, las medallas y las jornadas de participación ciudadana existe una discusión que ha cobrado fuerza: el impacto que estos eventos generan sobre los barrios donde se desarrollan y la relación entre los ingresos privados y los recursos que recibe la ciudad.

La controversia se concentra especialmente en la localidad de Teusaquillo, donde se encuentran el parque Metropolitano Simón Bolívar y varias de las principales vías utilizadas para las competencias. Residentes de sectores como La Esmeralda, Pablo VI y El Quirinal denuncian que los cierres se repiten durante numerosos fines de semana, dificultan sus desplazamientos y afectan el acceso a sus viviendas y establecimientos comerciales.

A las inconformidades por la movilidad se suma un cuestionamiento económico. El concejal José Cuesta ha señalado que algunas carreras pueden generar miles de millones de pesos por concepto de inscripciones, mientras que, según las cifras presentadas en sus denuncias, el aporte neto que recibiría Bogotá sería considerablemente menor. El cabildante también ha pedido revisar las condiciones tributarias y administrativas bajo las cuales se desarrollan estos eventos.

En respuesta a las reclamaciones, la Administración distrital anunció que prepara una resolución para redistribuir los recorridos, estudiar límites por sectores y reducir la concentración de competencias en los mismos corredores. La discusión, por tanto, ya no se limita a la organización de una carrera específica, sino que involucra el uso del espacio público, la convivencia ciudadana, la movilidad y la distribución de los beneficios y costos de los eventos deportivos.

Una industria deportiva que mueve miles de millones

Uno de los puntos centrales del debate es la cantidad de dinero que pueden recaudar las carreras atléticas mediante las inscripciones de sus participantes. El concejal José Cuesta utilizó como ejemplo la Media Maratón de Bogotá para ilustrar la dimensión económica de estas competencias.

De acuerdo con las cifras expuestas por el cabildante, una inscripción de $310.000 y una participación estimada de 45.000 corredores representarían ingresos brutos cercanos a los $13.950 millones. La operación matemática permite dimensionar el volumen de recursos que podría movilizar una competencia de esa magnitud. No obstante, la cifra es una estimación basada en el precio de inscripción y el número de participantes señalado por el concejal; no equivale, por sí sola, a las utilidades finales de la organización, pues no contempla los costos operativos ni otros componentes financieros del evento.

Organizar una carrera de gran tamaño exige una operación logística que puede incluir cronometraje, personal de apoyo, seguridad, señalización, atención médica, hidratación, montaje de estructuras, producción de materiales y coordinación con las autoridades. A ello se suman las actividades necesarias para garantizar el desarrollo de la competencia y la atención de los participantes. Por esta razón, el recaudo por inscripciones no debe confundirse automáticamente con las ganancias netas.

Sin embargo, el volumen de ingresos estimado por Cuesta abrió una pregunta sobre las condiciones económicas bajo las cuales se permite utilizar vías y espacios públicos para eventos privados. El debate busca establecer qué recursos recibe el Distrito, cuáles son los costos asociados a la gestión pública y qué mecanismos de compensación o retribución se aplican.

La discusión también involucra el papel de los organizadores privados y de las entidades responsables de autorizar, supervisar y acompañar las competencias. Para los críticos del modelo actual, la dimensión comercial de estos eventos exige mayor claridad sobre los acuerdos, los pagos, los beneficios tributarios y la forma en que se distribuyen sus efectos económicos.

La polémica por los recursos que recibe Bogotá

Cuesta cuestionó específicamente las cifras relacionadas con la Media Maratón de Bogotá. Según la información que presentó a partir de sus indagaciones y de datos solicitados al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el pago reportado inicialmente al Distrito sería de $180 millones y, tras aplicar las deducciones tributarias que señaló en su investigación, el aporte neto quedaría en aproximadamente $28 millones.

El concejal contrastó esa cifra con los cerca de $13.950 millones estimados por inscripciones y sostuvo que existe una diferencia importante entre los ingresos que podría generar la competencia y el dinero que finalmente recibiría Bogotá. Sus cuestionamientos también se dirigieron a los beneficios tributarios que, según su denuncia, estarían relacionados con la estructura de organización del evento.

Estas cifras corresponden a los señalamientos del cabildante y deben entenderse dentro de ese contexto. Para determinar el balance económico completo sería necesario revisar los documentos contables, los costos de operación, los pagos exigidos por el uso del espacio público y los soportes de las deducciones tributarias. La diferencia entre el recaudo bruto y el aporte neto al Distrito, por sí sola, no permite establecer las utilidades definitivas de los organizadores ni concluir que todos los ingresos se convierten en ganancias.

Aun así, la denuncia puso sobre la mesa una pregunta de interés público: ¿cómo se calcula el costo y la retribución de los eventos que requieren cierres viales, coordinación institucional y ocupación temporal de espacios de la ciudad?

El asunto adquiere relevancia porque las competencias no se desarrollan de manera aislada. Su operación exige la intervención de diferentes autoridades y puede modificar durante varias horas las condiciones habituales de circulación. Para los residentes afectados, la discusión económica debe considerar también el impacto territorial y los recursos necesarios para administrar esas restricciones.

El impacto económico no se limita a las inscripciones

El debate sobre las carreras también exige diferenciar entre los ingresos directos de los organizadores y el impacto económico más amplio que pueden generar estos encuentros. Los participantes y sus acompañantes pueden consumir alimentos, utilizar servicios de transporte, comprar productos deportivos y visitar establecimientos cercanos. Los eventos también contratan servicios logísticos y pueden generar oportunidades de empleo temporal.

Sin embargo, esos beneficios no necesariamente se distribuyen de manera uniforme entre los sectores de Bogotá. Los establecimientos ubicados sobre los recorridos pueden experimentar dificultades para recibir clientes durante los cierres, mientras que otros negocios pueden beneficiarse del movimiento de participantes y visitantes.

En el caso de Teusaquillo, los residentes han insistido en que los efectos de las competencias deben evaluarse en conjunto con los demás eventos que se realizan en la localidad. La presencia de escenarios como el parque Simón Bolívar, El Campín y el Movistar Arena convierte a esta zona en un punto habitual para actividades deportivas, conciertos y espectáculos de gran convocatoria.

La discusión planteada ante el Concejo también ha incluido la necesidad de conocer con mayor precisión los costos públicos asociados a la planeación, implementación y seguimiento de los planes de manejo de tránsito. En agosto de 2026, información presentada durante un debate señaló que, entre 2024 y lo corrido de 2026, se habían emitido 54 conceptos favorables para carreras atléticas y que no existía un registro presupuestal individualizado que permitiera determinar el costo de esos planes para cada evento.

Contar con esa información permitiría comparar las condiciones de cada competencia, identificar las obligaciones de los organizadores y evaluar con mayor claridad el balance entre los beneficios deportivos y económicos y las cargas que asume la ciudad.

Teusaquillo, epicentro de las carreras atléticas

La concentración geográfica de las competencias es otro de los factores que explica el malestar ciudadano. La ubicación del parque Simón Bolívar facilita la organización de recorridos con grandes aforos, mientras que las conexiones con la calle 26, la calle 53, la calle 63 y la carrera 60 permiten diseñar circuitos amplios.

No obstante, esa ventaja logística ha convertido a Teusaquillo en una de las localidades que recibe con mayor frecuencia este tipo de actividades. Según las cifras divulgadas durante debates en el Concejo y recogidas en reportes periodísticos, en 2024 se aprobaron 24 carreras atléticas, de las cuales 18 tuvieron recorridos por Teusaquillo. En 2025, la localidad estuvo incluida en 16 de las 26 competencias autorizadas, lo que equivale aproximadamente al 62 % de los eventos de ese año.

La concentración significa que la afectación no se limita a un único domingo. Para los vecinos, el problema se acumula cuando una carrera coincide con la ciclovía, otros eventos programados o actividades que también requieren cierres y operativos de tránsito.

Las autoridades deben coordinar el montaje, la señalización, los desvíos, la seguridad y la circulación de los participantes. En algunos casos, las restricciones comienzan antes de la salida oficial para permitir la preparación del recorrido y pueden prolongarse después de la llegada de los corredores, mientras se retiran las estructuras y se restablece la circulación.

Esa dinámica explica por qué los residentes aseguran que la duración de las afectaciones supera el tiempo efectivo de la competencia. Para una persona que debe llegar a su trabajo, trasladar a un familiar o acceder a una cita médica, el cierre de una vía puede convertirse en un problema cotidiano, incluso cuando el evento deportivo se desarrolla sin inconvenientes para los participantes.

Vecinos denuncian cierres de más de diez horas

Habitantes de La Esmeralda, Pablo VI y otros sectores de Teusaquillo han manifestado que las restricciones de movilidad se repiten con demasiada frecuencia. Según las denuncias divulgadas por la comunidad y recogidas por medios de comunicación, algunos cierres pueden superar las diez horas y dificultar la entrada y salida de los barrios.

Los reclamos incluyen dificultades para utilizar vehículos particulares, recibir visitas, acceder a establecimientos comerciales y desplazarse hacia las vías principales. También se han expresado preocupaciones por la disponibilidad de rutas para los servicios de emergencia y por la necesidad de contar con información clara sobre los horarios de las restricciones.

La comunidad considera que el problema no puede resolverse únicamente con la publicación de avisos sobre los cierres. Los habitantes piden que las autoridades evalúen la frecuencia de las carreras, la conveniencia de mantener los mismos recorridos y las condiciones que deben cumplir los organizadores para reducir las afectaciones.

En este contexto, los residentes también han solicitado que se establezcan mecanismos de comunicación anticipada y espacios de participación para conocer la programación de las competencias y formular observaciones antes de que se autoricen nuevos eventos.

Las reclamaciones, según los habitantes, llevan más de dos años en discusión. Por ello, algunos consideran que la respuesta institucional debe traducirse en medidas concretas y no limitarse a reuniones posteriores a cada protesta.

La protesta durante la Allianz 15K elevó la tensión

La inconformidad tuvo una nueva expresión el 18 de octubre de 2026, durante la realización de la Allianz 15K. Residentes de Teusaquillo bloquearon temporalmente la carrera 50 con calle 53 para reclamar por los cierres recurrentes y exigir respuestas de las autoridades.

La manifestación obligó a modificar el paso de los corredores y generó momentos de tensión entre algunos participantes y los habitantes. Según reportes periodísticos, alrededor de 60 personas se sumaron a la movilización. La alcaldesa local, María Angélica González Russi, acudió al lugar y se abrió un espacio de diálogo con la comunidad.

El episodio puso de manifiesto la dificultad de conciliar dos necesidades legítimas: el desarrollo de las actividades deportivas y el derecho de los residentes a mantener condiciones razonables de movilidad y acceso a sus viviendas.

Para los corredores, estas competencias representan una oportunidad de participación deportiva y un espacio de encuentro. Para los vecinos, en cambio, los cierres repetidos pueden alterar durante buena parte del día sus rutinas y limitar el uso de las vías que necesitan para desplazarse.

La situación evidenció que la gestión de estos eventos requiere algo más que coordinar la salida y la llegada de los participantes. También demanda mecanismos efectivos para escuchar a la comunidad, informar con suficiente anticipación y actuar cuando las restricciones generan dificultades que afectan la vida cotidiana.

El Distrito prepara una nueva regulación

Ante la persistencia de las reclamaciones, la Alcaldía de Bogotá anunció que trabaja en una resolución para redistribuir las carreras atléticas y reducir la concentración de eventos en Teusaquillo. La propuesta está siendo elaborada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

El objetivo anunciado no es eliminar las competencias, sino abrir la posibilidad de utilizar nuevos corredores y distribuir los recorridos entre diferentes sectores de la ciudad. La Administración también estudia revisar los límites de eventos que pueden realizarse en una misma zona y concertar ajustes con los organizadores privados.

Uno de los primeros compromisos divulgados tras las reuniones con los residentes fue reducir de tres a dos las carreras previstas en Teusaquillo para noviembre de 2026. La medida busca aliviar la carga inmediata sobre los barrios mientras se prepara una regulación de mayor alcance.

Sin embargo, al cierre de los reportes consultados, el texto definitivo de la resolución todavía no se había publicado y no se habían anunciado las localidades que recibirían los nuevos recorridos. Por ello, los cambios planteados deben entenderse como una propuesta en preparación, no como una norma plenamente vigente.

La efectividad de la medida dependerá de cómo se definan los nuevos circuitos, qué límites se establezcan para cada sector y de qué manera se supervisen las condiciones impuestas a los organizadores. También será importante determinar cómo se informará a los habitantes y qué mecanismos se aplicarán para evaluar los resultados de la redistribución.

Llevar las carreras a otras localidades, una de las alternativas

La descentralización aparece como una de las principales opciones para reducir la presión sobre Teusaquillo. En lugar de concentrar la mayoría de las salidas, llegadas y recorridos alrededor del parque Simón Bolívar, el Distrito podría estudiar circuitos en otros sectores que reúnan condiciones de seguridad, capacidad vial y logística.

La propuesta, sin embargo, requiere una evaluación cuidadosa. No todas las vías tienen las mismas características para albergar miles de corredores, instalar puntos de hidratación, disponer de servicios médicos o permitir cierres temporales sin afectar de manera desproporcionada a los residentes.

Por ello, la selección de nuevas rutas tendría que considerar la conectividad del transporte público, la existencia de vías alternas, los accesos a hospitales y servicios esenciales, el impacto sobre el comercio y las características de los barrios involucrados. Una redistribución efectiva debería evitar trasladar el mismo problema de una localidad a otra.

El Concejo de Bogotá también ha discutido alternativas para establecer recorridos en distintas localidades y crear mecanismos que permitan a las comunidades recibir beneficios o participar en las decisiones sobre estos eventos. Entre las iniciativas mencionadas está el Proyecto de Acuerdo 813 de 2026, que plantea llevar carreras deportivas a otras zonas de la capital; la propuesta se encontraba en trámite en los reportes consultados.

La discusión legislativa y la resolución que prepara la Alcaldía son procesos diferentes, aunque ambos apuntan a revisar la distribución territorial de las competencias. Su desarrollo deberá aclarar qué medidas pueden implementarse en el corto plazo y cuáles requieren decisiones normativas adicionales.

¿Quién debe responder por los cierres y los planes de tránsito?

Otro aspecto central es la distribución de responsabilidades entre las entidades distritales y los organizadores. Para realizar eventos masivos en las vías se requieren autorizaciones y planes que contemplen la gestión de la movilidad y las condiciones de seguridad.

La Secretaría de Movilidad revisa y aprueba los planes de manejo de tránsito, mientras que su implementación corresponde a los organizadores bajo la supervisión y el seguimiento de la entidad, según la información presentada en el Concejo.

Esta distribución de funciones resulta importante para establecer quién debe garantizar la señalización, la coordinación operativa, el cumplimiento de los horarios y las condiciones autorizadas. También permite evaluar qué medidas deben adoptarse cuando se presentan dificultades de acceso o cuando el restablecimiento de la circulación se demora más de lo previsto.

Los residentes han pedido que los planes no se diseñen exclusivamente desde las necesidades de la carrera. A su juicio, deben contemplar la situación de quienes permanecen dentro de las zonas cerradas y necesitan salir o ingresar durante la jornada.

Una planificación más detallada podría incluir información anticipada sobre los puntos de cierre, rutas alternativas, horarios de montaje y desmontaje, canales de atención a residentes y procedimientos para facilitar el paso de vehículos de emergencia. También permitiría establecer mecanismos de seguimiento para comprobar si los organizadores cumplen las condiciones aprobadas.

El reto de equilibrar el deporte y los derechos de los ciudadanos

Las carreras atléticas forman parte de la oferta deportiva de Bogotá y convocan a un número considerable de participantes. Según cifras divulgadas por la Secretaría de Gobierno, alrededor de 172.000 personas participaron en estas jornadas durante 2025. El dato refleja la dimensión que han alcanzado las competencias y el interés que despiertan entre los habitantes de la capital.

Por esa razón, la discusión no se reduce a determinar si deben realizarse o no. El desafío consiste en establecer condiciones que permitan mantener la actividad deportiva sin que los mismos barrios soporten reiteradamente los mayores impactos.

Una política de organización más equilibrada podría combinar recorridos alternativos, límites por zona, mejores canales de información, evaluación de los costos públicos y mecanismos de participación ciudadana. También tendría que contemplar las necesidades de los organizadores, las condiciones técnicas de las carreras y la protección de los residentes.

En materia económica, la transparencia sobre los ingresos, los costos y los recursos que recibe el Distrito ayudaría a que la discusión se base en información verificable. En materia de movilidad, una mejor distribución de los eventos y la coordinación anticipada con los barrios permitirían reducir los conflictos que aparecen cuando los cierres interfieren con la vida cotidiana.

La polémica por las carreras atléticas deja así dos asuntos que la Administración deberá abordar: cómo garantizar que la utilización del espacio público se realice bajo condiciones claras y cómo evitar que los beneficios de las competencias se concentren mientras sus efectos negativos recaen repetidamente sobre las mismas comunidades.

Mientras avanza la preparación de la nueva resolución, los habitantes de Teusaquillo esperan que las conversaciones se traduzcan en cambios verificables. La respuesta del Distrito será clave para determinar si Bogotá logra mantener su agenda deportiva y, al mismo tiempo, ofrecer garantías de movilidad, información y participación a quienes viven en las zonas donde se desarrollan estos eventos.