Colombia garantiza la producción de pasaportes hasta 2027
El contrato temporal, firmado mediante urgencia manifiesta, busca evitar interrupciones en el servicio mientras se adelanta una licitación pública de largo plazo.
La Cancillería de Colombia firmó el 27 de octubre de 2026 un contrato por hasta 240.352 millones de pesos para garantizar la producción, personalización, custodia y distribución de pasaportes colombianos hasta diciembre de 2027. El acuerdo fue suscrito con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A. y Thales DIS Colombia S. A., mediante la figura de urgencia manifiesta.
La decisión busca evitar interrupciones en la expedición de estos documentos después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente los instrumentos relacionados con el modelo que contemplaba la participación de la Imprenta Nacional y entidades extranjeras.
El nuevo contrato representa un cambio en la estrategia de producción de pasaportes impulsada por el Gobierno anterior y devuelve a Thomas Greg & Sons un papel central en el servicio, que la compañía prestó durante años antes de la transición hacia el nuevo esquema.
La Cancillería sostiene que la contratación temporal es necesaria para mantener el suministro mientras estructura un proceso de licitación pública que permita definir el modelo de operación a largo plazo.
¿Por qué se recurrió a la urgencia manifiesta?
La urgencia manifiesta es una figura excepcional prevista en la legislación colombiana para permitir una contratación directa cuando se presentan circunstancias que exigen actuar de manera inmediata para evitar la interrupción de un servicio público o atender una situación urgente.
La Cancillería declaró esta condición mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, después de la decisión judicial que suspendió provisionalmente la ejecución de los acuerdos vinculados al nuevo modelo de pasaportes.
Según la explicación oficial, el inventario disponible de libretas se agotaría en noviembre de 2026. La entidad también señaló que incorporar un operador completamente nuevo exigiría tiempo para certificar las instalaciones de producción, preparar los procesos técnicos y registrar un diseño documental ante los organismos internacionales correspondientes.
Thomas Greg & Sons, por su parte, ya cuenta con infraestructura de producción y personalización en funcionamiento en Colombia, además de trabajadores capacitados y proveedores vinculados. La propuesta se presentó junto con Thales DIS Colombia bajo la figura de unión temporal.
La Cancillería argumentó que estas condiciones permitirían reanudar la operación en un plazo máximo de 20 días hábiles, una vez se cumplieran los requisitos de ejecución.
La urgencia manifiesta permite responder a una necesidad inmediata, pero no elimina los controles públicos sobre la contratación. La decisión está sometida al control fiscal posterior de la Contraloría General de la República, mientras que la Procuraduría ha acompañado el proceso.
Un contrato de hasta $240.352 millones
El valor máximo previsto para el contrato asciende a 240.352 millones de pesos, incluidos impuestos y costos asociados. De ese monto, aproximadamente 32.025 millones corresponden a la vigencia de 2026 y 208.327 millones a la de 2027.
El acuerdo comprende el suministro de libretas de pasaporte, su personalización, custodia y distribución, además de la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
Los pagos se relacionan con las cantidades efectivamente suministradas y los servicios prestados y recibidos a satisfacción, de acuerdo con las condiciones contractuales. Por eso, el valor máximo autorizado no significa necesariamente que la totalidad del presupuesto deba desembolsarse.
El plazo de ejecución puede extenderse hasta el 17 de diciembre de 2027, sujeto al cumplimiento de los requisitos contractuales y de las condiciones establecidas para el inicio del servicio. El contrato también contempla la posibilidad de terminación anticipada si comienza a operar un prestador seleccionado mediante el procedimiento ordinario, siempre que se cumplan las condiciones jurídicas aplicables.
La Cancillería deberá publicar la información contractual correspondiente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), donde pueden consultarse los documentos del proceso y las condiciones que rigen la ejecución.
¿Cambiará el precio del pasaporte para los ciudadanos?
Uno de los puntos destacados por el Ministerio de Relaciones Exteriores es que el nuevo contrato mantiene los precios unitarios establecidos en las vigencias anteriores, sin fórmula de reajuste por inflación o variaciones de la tasa de cambio.
De acuerdo con la entidad, la contratación no implica un incremento en las tarifas que pagan los ciudadanos por expedir sus pasaportes. El precio final del trámite depende de la categoría del documento y de los componentes tarifarios aplicables.
Esta distinción es importante: el valor total del contrato corresponde al suministro y la prestación de servicios relacionados con la producción de los documentos, mientras que la tarifa pagada por una persona al solicitar su pasaporte se determina conforme a las reglas oficiales vigentes.
La continuidad del servicio es particularmente relevante para quienes tienen viajes programados, necesitan renovar sus documentos o deben realizar trámites migratorios y consulares. La Cancillería informó que las oficinas expedidoras en Colombia y los consulados en el exterior continúan atendiendo con normalidad y que las citas previamente programadas se mantienen vigentes.
El regreso de Thomas Greg y la controversia sobre el modelo
La decisión también reabre el debate sobre el modelo de producción de pasaportes que Colombia debe adoptar a largo plazo.
Durante años, Thomas Greg & Sons estuvo a cargo de la producción y personalización de estos documentos. El Gobierno anterior promovió un esquema diferente, con participación de la Imprenta Nacional y entidades extranjeras, con el propósito de modificar la estructura de operación del servicio.
Sin embargo, la suspensión provisional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca alteró el desarrollo de ese modelo. La medida judicial obligó a la Cancillería a adoptar acciones para mantener la continuidad de la expedición de pasaportes mientras se resuelve la controversia.
La nueva contratación no constituye por sí misma una decisión judicial definitiva sobre la legalidad del modelo anterior ni sobre las responsabilidades de los actores que participaron en su estructuración. Se trata de una medida temporal adoptada por el Ministerio para responder a la situación creada por la suspensión.
El Gobierno deberá explicar cómo avanzará la licitación pública y qué condiciones establecerá para garantizar transparencia, competencia, seguridad documental y continuidad operativa.
Controles y transparencia durante la contratación
Debido al valor del contrato y a la importancia del servicio, la supervisión será determinante para evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la unión temporal.
Entre los aspectos que deben verificarse se encuentran la entrega oportuna de las libretas, la seguridad de los procesos de personalización, la custodia de los documentos, la distribución a las oficinas expedidoras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
También será necesario conocer los resultados del control fiscal posterior y las actuaciones de las entidades de vigilancia, en caso de que identifiquen observaciones sobre la contratación o su ejecución.
La publicación de los documentos del proceso permitirá a la ciudadanía y a los organismos de control examinar los fundamentos de la urgencia manifiesta, los precios unitarios, las obligaciones de los contratistas y las condiciones previstas para la transición hacia un modelo definitivo.
La continuidad del servicio, el reto inmediato
El Gobierno enfrenta ahora el desafío de garantizar que los colombianos puedan obtener sus pasaportes sin interrupciones, mientras se define el esquema que funcionará después del contrato temporal.
Para los usuarios, la prioridad es que el servicio continúe disponible y que los trámites se desarrollen con normalidad. Para la administración pública, el reto consiste en combinar esa continuidad con una contratación transparente, una supervisión efectiva y una solución de largo plazo.
El acuerdo con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 responde a la necesidad inmediata de mantener la producción de pasaportes. Su evaluación deberá considerar tanto la continuidad del servicio como el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los resultados de los controles institucionales.
La licitación pública anunciada por la Cancillería será el siguiente paso para determinar cómo se organizará la producción de estos documentos una vez finalice la medida temporal. Hasta entonces, la transparencia en la ejecución y la información oportuna a los ciudadanos serán fundamentales para sostener la confianza en un servicio que necesitan millones de colombianos dentro y fuera del país.