Operación Hexano deja 22 capturados por robo de hidrocarburos en Colombia
Las autoridades investigan posibles nexos de la estructura con el ELN, el Clan del Golfo y Los Pachenca, además de eventuales filtraciones de información oficial.
Una operación conjunta de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación permitió desarticular una estructura señalada de participar en el hurto y la comercialización ilegal de hidrocarburos en cinco departamentos del país. El procedimiento, denominado Operación Hexano, dejó 22 personas capturadas y puso bajo investigación una red que, según las autoridades, habría sustraído cerca de un millón de galones de combustible durante un periodo de veinte meses.
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó los resultados del operativo el viernes 30 de octubre y señaló que la organización habría desarrollado sus actividades entre enero de 2025 y septiembre de 2026. De acuerdo con el balance divulgado por el mandatario, el esquema ilegal habría ocasionado pérdidas superiores a los 1.200 millones de pesos.
La operación representa una intervención contra una economía ilícita que combina el apoderamiento de hidrocarburos, su distribución por canales clandestinos y la presunta participación de redes de apoyo que facilitarían su comercialización.
Una estructura dedicada al comercio ilegal de hidrocarburos
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, las investigaciones permitieron identificar una organización dedicada a sustraer combustible y comercializarlo de manera irregular. Las acciones se desarrollaron en cinco departamentos, con participación de unidades policiales, militares y funcionarios de la Fiscalía.
El operativo permitió capturar a 22 personas señaladas de integrar la estructura. La información divulgada también reportó la realización de 13 diligencias de allanamiento, según el balance conocido sobre la intervención.
La investigación busca establecer cómo funcionaba la cadena de extracción, transporte y comercialización de los hidrocarburos, así como identificar a las personas que habrían facilitado las distintas etapas de la actividad ilegal.
Aunque las autoridades informaron sobre la desarticulación de la estructura, todavía corresponde a la Fiscalía precisar las responsabilidades individuales, presentar los elementos probatorios ante los jueces y determinar los delitos que serán imputados a cada uno de los investigados.
Presuntos recursos para organizaciones armadas
Uno de los aspectos más relevantes del anuncio fue la posible relación económica entre la comercialización ilegal de combustible y tres organizaciones armadas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y Los Pachenca.
El presidente afirmó que las ganancias de la actividad ilícita habrían beneficiado a estas estructuras. Sin embargo, la información divulgada públicamente no detalló cómo se distribuían los recursos, cuáles eran los mecanismos de transferencia ni qué proporción habría llegado a cada organización.
Establecer esa relación será uno de los puntos centrales de la investigación. Las autoridades deberán determinar si existieron acuerdos, pagos, intermediarios o mecanismos de financiación que conectaran a los integrantes de la red con los grupos armados mencionados.
El posible vínculo resulta relevante porque el tráfico ilegal de hidrocarburos puede convertirse en una fuente de recursos para organizaciones criminales, además de afectar la infraestructura energética y las finanzas de las empresas del sector.
Investigan posibles filtraciones de información
Otro elemento mencionado por el Gobierno fue la presunta participación de funcionarios que habrían facilitado las actividades de la organización mediante la filtración de información privilegiada.
Según el presidente, la operación también permitió afectar redes de complicidad que habrían advertido a los integrantes de la estructura sobre movimientos y procedimientos de las autoridades.
No obstante, hasta el momento de los reportes consultados no se habían detallado públicamente las identidades de esos funcionarios, las entidades a las que pertenecerían ni si todos ellos se encuentran entre las 22 personas capturadas.
La posible participación de servidores públicos deberá establecerse mediante investigaciones independientes y pruebas que permitan determinar si existieron conductas irregulares, colaboración deliberada o acceso indebido a información reservada.
El impacto económico del robo de combustible
El Gobierno estimó que la estructura habría generado pérdidas superiores a los 1.200 millones de pesos. También señaló que el volumen de hidrocarburos sustraídos se acercaría al millón de galones durante el periodo investigado.
Este tipo de actividad puede producir consecuencias que van más allá del valor económico del combustible. El apoderamiento ilegal de hidrocarburos afecta la operación de las empresas, incrementa los riesgos para la infraestructura de transporte y distribución y puede facilitar la circulación de productos sin controles de procedencia y comercialización.
Además, la existencia de redes clandestinas de distribución representa un desafío para las autoridades encargadas de vigilar el mercado, identificar los puntos de almacenamiento y rastrear las operaciones comerciales que puedan encubrir el origen ilícito de los productos.
Lo que sigue en la investigación
Las 22 capturas constituyen el resultado operativo anunciado, pero el proceso judicial deberá establecer si existen elementos suficientes para vincular formalmente a cada persona con los delitos investigados.
La Fiscalía tendrá que avanzar en la individualización de responsabilidades, examinar la documentación y los elementos obtenidos durante los allanamientos y esclarecer los posibles nexos financieros con organizaciones armadas.
También será necesario determinar si hubo participación de funcionarios públicos y cuál habría sido su papel dentro de la estructura. La identificación de los mecanismos de comercialización permitirá conocer la dimensión real de la red y establecer si existían otros integrantes que todavía no han sido vinculados al proceso.
La Operación Hexano pone nuevamente en evidencia los desafíos que enfrenta Colombia para combatir las economías ilegales que utilizan recursos estratégicos como fuente de financiación criminal. Su resultado definitivo dependerá de que las capturas se traduzcan en investigaciones sólidas, responsabilidades individualizadas y decisiones judiciales sustentadas en pruebas.